Asambleístas, jueces y fiscales entran en el radar de la UAFE
Abogados opinan que la entidad causa más problemas que soluciones. Otros creen que en obligados faltan defensores públicos o vocales de la Judicatura
Jueces, fiscales, asambleístas, miembros de la cúpula policial y militar, directores de los centros de rehabilitación social del país y guías con rango de jefes, gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos estarán en la mira de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Se suman a los alrededor de 11.300 sujetos obligados a reportar que vigila esa entidad. La UAFE tiene seis meses para emitir la normativa secundaria para incorporar a los nuevos sujetos. Lo dispone la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Prevención del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos que fue publicada en el Registro Oficial, suplemento 282, este lunes 3 de abril de 2023. Deberán hacer los reportes dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes.
Abogados como Pablo Encalada, en principio, están de acuerdo, pero que en esa dependencia tengan la capacidad es otra cosa, señala. Para Encalada, la “UAFE es una entidad que no termina de profesionalizarse. Creo que más provoca problemas que aporta soluciones o prevención”, según su criterio.
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Que esa entidad cuenta con la capacidad técnica y el personal que se necesita para llevar a cabo un trabajo riguroso y profesional, señaló Roberto Andrade, director de la UAFE. Hay quienes creen que faltan otros actores en la lista que figura en el numeral 5 del artículo 2 de la ley orgánica reformatoria mencionada.
Hay que cumplir con la ley. Si las transacciones son superiores a 10 mil dólares, hay que reportar.
Un juez de la Corte Nacional de Justicia, que pidió la reserva de su nombre, apoya la disposición legal, pero cree que faltan otros funcionarios. Cita a defensores públicos, secretarios de juzgados y tribunales, jueces constitucionales, jueces del Tribunal Contencioso Electoral y los vocales de la Judicatura.
Hay que cumplir con la ley. Si las transacciones son superiores a 10 mil dólares, hay que reportarlos. “Estamos obligados. De esa manera contribuimos a la transparencia de nuestras operaciones económicas y financieras, a fin de que la ciudadanía las conozca y los organismos de control ejerzan las funciones legales”, es el criterio de Ivonne Núñez, jueza de Guayas.
Para ella, con eso se evita el lavado de activos y enriquecimiento ilícito de los funcionarios que trabajan en el sistema.
De ser el caso, se envía, de forma reservada y confidencial (el ROS), a la Fiscalía General del Estado.
La UAFE informó que ha establecido un cronograma de reuniones técnicas para emitir la normativa. Son alrededor de 11.300 sujetos obligados de 16 sectores económicos que reportan mensualmente a través del Sistema para la Prevención de Lavado de Activos (SISLAFT), señaló Andrade.
Este proceso lo hacen oficiales de cumplimiento de cada sector con la elaboración del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), “el cual se convierte en nuestra primera alerta para iniciar un análisis de movimientos y transacciones económicas inusuales e injustificadas”, precisó el director de la UAFE.
El detalle
Actividades. La UAFE tendrá reuniones periódicas con los nuevos sectores para socializar y establecer las responsabilidades con las que deben cumplir.
