La asistencia de los EE. UU. revela una danza de depósitos

El expediente por posible delincuencia organizada que involucra al contralor Pablo Celi lleva abierto apenas ocho días y ya lo integran más de 80 cuerpos procesales.

Una parte importante de la información incorporada al proceso llegó desde Estados Unidos, a través de la asistencia penal internacional solicitada por la Fiscalía ecuatoriana.

Es esa información la que orientó a los investigadores a la existencia de una bien estructurada red de corrupción que hasta el momento mantiene siete personas detenidas, una con medidas sustitutivas y otras investigadas, además de tres instituciones bajo sospecha: la Contraloría, la Secretaría de la Presidencia y Petroecuador.

Da luces sobre el entramado un informe pericial relacionado con el contenido de una memoria remitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya en junio de 2019 investigó a Raúl de la Torre, familiar del contralor Celi, y al supuesto empresario Roberto Barrera.

Son conversaciones de Barrera con Pedro Crespo de la empresa NoLimit, que habría sido beneficiada con el desvanecimiento de glosas y a cambio habría pagado sobornos. Son de mayo y junio de 2019, antes de que De la Torre y Barrera fuesen detenidos por autoridades de ese país y luego sentenciados por soborno e intento de lavado de activos.

“Mi querido Pedro, por favor depositen 50.000 más en la cuenta de Roy Calero”, se lee en uno de los mensajes enviados por Barrera a Crespo. Enseguida hay detalles de las cuentas en las que se deben hacer depósitos por 45.000 y 55.000 dólares. Y los diálogos giran en torno a eso y a depósitos superiores, de 400.000, de 600.000 y hasta de un millón de dólares.

Se habla de la complejidad de hacer transferencias en Estados Unidos, de las justificaciones que piden los bancos, de transferencias hacia fideicomisos en Costa Rica y depósitos en El Salvador.

Se mencionan reiteradamente nombres: José Agusto (exsecretario de la Presidencia), su hermano Adolfo, Esteban (Celi), el flaco, Pablo Flores (exgerente de Petroecuador) y otros.

Pablo Encalada defiende a Flores y a su madre Elsie Cueva, también investigada en el caso. Afirma que su cliente y él harán pronunciamientos públicos en su momento. Pero señala que, en todo caso, “estamos convencidos de que demostraremos su inocencia”. Para él, lo que hay en el proceso son “declaraciones de delincuentes confesos que se tomaban el nombre de Pablo Flores para exigir dinero”.

En los chats y grabaciones de llamadas se evidencia la preocupación de ‘el flaco’, se habla de reuniones en lugares privados, en los que no existan cámaras para hablar de los temas. Hay también la mención que se hace del exsecretario de la Presidencia.

Pero no solo de él. En una parte de las grabaciones, además de la mención de Agusto, Flores y otros, se habla de que “él ha recibido órdenes de Santiago y que ha recibido órdenes de otro amigo”. No hay la mención del apellido, pero la madrugada del martes 13 de abril uno de los domicilios allanados fue el de Santiago Cuesta, exasesor presidencial.

Ese día el exfuncionario se encontraba en Madrid, España. Había sido sometido a una cirugía. Él rechazó el “sorpresivo allanamiento a mi domicilio”. Explicó que ninguna relación le unía con las personas investigadas y ofreció regresar al país en cuanto reciba el alta médica y presentarse en la Fiscalía para demostrar “mi absoluta no participación en los hechos que se investigan”.

Jorge Acosta defiende a Cuesta. Dijo que no sabe a qué Santiago se refieren. “He conversado de ese tema con mi cliente y me ha dicho: ‘No soy yo, no he intervenido, ni he llamado a nadie, no tengo nada que ver con el tema’”.

El detalle

Medidas. Los defensores de los procesados por posible delincuencia organizada apelaron la prisión preventiva dictada el pasado miércoles 14 de abril.