Diana Atamaint hace prestidigitación con una sentencia del TCE

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, acaba de pasarse por el forro una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Electoral que la obliga a hacer lo que ella nunca quiso: controlar la propaganda electoral en las redes sociales. Por omitir en el pasado esa obligación, argumentando no estar facultada para ello, el correísmo había logrado colocar ilegalmente tres de sus siete candidatos en el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo del que los partidos políticos están expresamente excluidos. La sentencia que hoy incomoda a Atamaint trata precisamente sobre uno de esos candidatos correístas llegados al CPCCS, Alembert Vera: el Contencioso revisó su propaganda en redes y determinó que sí, efectivamente, su triunfo fue ilegal. Por eso la sentencia establece con claridad que debe existir un control del organismo electoral sobre las campañas en el internet.

Primero, Atamaint mantuvo la sentencia guardada en un cajón durante casi dos meses; hizo el amago de debatirla en el pleno del organismo (la incluyó en un orden del día) para terminar suspendiendo la sesión sin llegar a tratar el punto; fraguó con sus asesores jurídicos un informe para interpretarla a voluntad y, con la aclamación de las organizaciones políticas reunidas en el último consejo consultivo del CNE (organizaciones políticas que no quieren, obviamente, que nadie controle lo que dicen en sus redes), anunció que no la cumpliría: que no habrá control de propaganda electoral en el internet en estas elecciones. Hecho lo cual armó maletas y viajó hacia el condado de Queens, Nueva York, su segundo hogar, donde su hermano es cónsul en calidad de cuota política de alcances desconocidos y ella acababa de ser nombrada madrina del Festival de la Ecuatorianidad, en un intercambio de adulaciones y lambonerías fácil de imaginar. Ahí celebró las fiestas patrias de la mano del principal beneficiario de sus arbitrariedades: el candidato a la presidencia de la República Daniel Noboa. Las fotos del festejo, perdido ya el último resto de recato, las publicó ella misma en su cuenta de Facebook.

¿Qué implica la sentencia del TCE?

La sentencia del TCE define, “como regla jurisprudencial vinculante para casos ulteriores y análogos, la siguiente: Las publicaciones realizadas por redes sociales o por cualquier medio de comunicación tradicional o no tradicional cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral, deben ser consideras publicidad electoral; y como tal, están sujetas a control por parte de los órganos de la Función Electoral, dentro del ámbito de sus competencias”. Está clarísimo, pero no hay figura jurídica que un asesor bien entrenado no pueda inventar con el fin de oscurecer lo que le pongan por delante. La trampa del informe que presentó Atamaint reside en la interpretación que hace de la palabra “análogos”. Así, según Elmo Javier López, director nacional de Asesoría Jurídica del CNE, cuando el Contencioso dice que esta sentencia servirá como “regla jurisprudencial vinculante para casos ulteriores y análogos” se refiere no a los casos ulteriores en los que la publicidad electoral en redes sociales viole la ley electoral, como parece evidente, sino a las ulteriores elecciones de consejeros de Participación Ciudadana. El absurdo resultante es que, de ahora en adelante, el CNE controlará la publicidad electoral en redes sociales exclusivamente en las elecciones del CPCCS; en ninguna otra.

Al informe jurídico añadió Atamaint otro, de carácter técnico: el “Informe de viabilidad para el desarrollo del monitoreo de medios digitales”. Claramente, el objetivo de este documento (elaborado con dos meses de retraso, pues la sentencia del TCE es de fines de mayo) consiste en demostrar la imposibilidad de tal esfuerzo. Plantea un proyecto ambiciosísimo, enfocado no solo en el control electoral, que es lo que se requiere, sino en objetivos tales como el análisis de tendencias, la adaptación de estrategias de campaña, la evaluación de los sentimientos sociales y otros que no tienen nada que ver con las funciones del CNE. Plantea, para ello, un equipo de trabajo de una treintena de personas, entre desarrolladores de software, especialistas de seguridad informática, especialistas de infraestructura tecnológica, consultores legales, capacitadores, ingenieros… Sumado a todo ello el costo de las aplicaciones, el presupuesto roza los 700 mil dólares y resulta, a estas alturas del calendario electoral, extemporáneo e impagable.

En resumen: una vez más las redes sociales serán el escenario de cualquier abuso, cualquier exceso (incluso de gasto), cualquier ilegalidad y cualquier mentira en estas elecciones. Se lo debemos a Diana Atamaint, madrina de Queens, y a su equipo de trabajo especializado en construirle el búnker conceptual a la medida que las circunstancias requieran.

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