Imagen referencial. La Fiscalía investiga la supuesta venta ilegal de combustibles en las gasolineras vinculadas al alcalde Aquiles Álvarez y sus familiares, dentro del denominado caso Triple A.
Imagen referencial. La Fiscalía investiga la supuesta venta ilegal de combustibles en las gasolineras vinculadas al alcalde Aquiles Álvarez y sus familiares, dentro del denominado caso Triple A.Foto: Flickr Petroecuador

Audiencia de caso Triple A se pospone por cambio de abogados

La audiencia de formulación de cargos por la supuesta venta ilegal de combustibles se pospuso para el 6 de noviembre

La audiencia de formulación de cargos del caso Triple A, que involucra al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, su hermano Antonio y otros familiares, no se instaló este lunes 14 de octubre de 2024. La Fiscalía informó que la diligencia, en la que se investiga la supuesta venta ilegal de combustibles, fue convocada para el próximo 6 de noviembre.

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Las empresas investigadas recibían combustibles subsidiados del gobierno y en lugar de despachar el producto a las gasolineras o a sectores productivos, lo desviaban a otros lugares.

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La fecha de la diligencia se modificó, luego de que los investigados cambiaron a sus abogados defensores. El Ministerio Público señaló que en esta audiencia está previsto formular cargos por el "presunto almacenamiento, transporte y comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos".

Caso Triple A apunta al alcalde Álvarez y su familia

La diligencia debía instalarse como una nueva etapa de este proceso que comenzó en julio. El 23 de ese mes, agentes de la Fiscalía y Policía Nacional allanaron oficinas en Guayaquil y Milagros, en la provincia del Guayas, tras una denuncia que presentó el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), Franklin Erreyes Tocto en contra del alcalde Álvarez, a su hermano Antonio, presidente de Barcelona SC, y a otras nueve personas.

El funcionario los denunció por la presunta comercialización irregular de combustibles, a través de las empresas Codepesa y Fuelcorp.

En ese entonces, la entidad investigadora se decomisó de documentos, facturas, computadores y algunos dispositivos electrónicos, durante los allanamientos.

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Por este caso, hace menos de un mes, el 19 de septiembre, personal de la ARCH clausuró Codepesa. Según José Julio Neira, secretario General de Integridad Pública, el perjuicio al Estado ecuatoriano en esta causa sería de aproximadamente $ 94 millones de dólares. 

Sin embargo, el abogado de la empresa Codepesa, Joffre Campaña, señaló que la denuncia obedece a una persecución política y tildó el proceso de "arbitrario e ilegal".

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