Audio expone plan para botar una licitación en la Judicatura

La filtración de un audio de 48 minutos, que corresponde a una reunión entre cuatro personas, no solo revela un acuerdo para echar abajo el proceso de contratación de las pólizas de Petroecuador. En la charla queda en evidencia un segundo mecanismo utilizado para entorpecer las compras públicas.

De manera concreta mencionan una contratación del Consejo de la Judicatura. En el audio quedaron registradas las voces de los abogados en libre ejercicio Paúl Auz Jarrín y David Chávez, el empresario de seguros Pablo Arosemena Mármol y el entonces director de Talento Humano del Ministerio de Gobierno, Alejandro Egas Aguilera, hoy separado de la entidad.

Pablo Arosemena Mármol, quien en la grabación se identifica como el “asegurador de Petroecuador”, le dice al abogado Auz Jarrín que la licitación LICSG-EPP-003-2023 de Petroecuador la puede tumbar “sin tener que justificar absolutamente nada, 24 horas antes de la presentación de las ofertas”. Una tercera voz, que por ahora se desconoce si es de Alejandro Egas Aguilera o David Chávez, le explica que también hay otra vía. Consiste en llenar de quejas la fase precontractual de preguntas y respuestas.

De forma más detallada, esta persona explica que ese plan se aplicará en una contratación que el Consejo de la Judicatura estaría por abrir en este mes.

“Él tiene otra compañía para hacer unas preguntas. Es que quiero hacer unas preguntas para que se caiga la comisión técnica. Yo tengo la comisión técnica que va a responder al contrario de la norma”, menciona esa tercera voz (ver infografía).

Por si el plan no queda claro, Paúl Auz Jarrín pregunta si los funcionarios de la Judicatura van a contestar mal las preguntas. A lo que la tercera persona indica que sí. Ellos responderán mal los temas de fondo, por lo que el Servicio de Contratación Pública se verá obligado a bajar el proceso. “Yo tengo todo hablado para que contesten en contra de la norma y bajarme (el proceso) en el Sercop”, insiste.

En la grabación también se exhibe la insistencia del empresario de seguros para contar con el apoyo de las autoridades de la Presidencia, de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). “Yo lo que necesito saber es que voy a estar protegido y que las autoridades estén involucradas”, manifiesta Arosemena Mármol.

Para lo cual indica estar dispuesto a dar un millón de dólares, “tal vez alguito más”, a todos los involucrados. Eso sí, para que no haya sospechas todo será a través de “Alejito”.

El abogado Auz Jarrín revela que tiene contactos en la Presidencia que arreglan “ciertos temas”, que debe proteger sus nombres, “pero es un nivel del que nace el actual EMCO”. La conversación finaliza con la advertencia de Auz Jarrín de que nada del asunto se hablará por teléfono y que deben volver a reunirse para tratar el tema.

Juan Carlos Amador Bayas, gerente general de Hispana de Seguros, confirmó a EXPRESO que tal reunión se dio. Asistieron las cuatro personas ya mencionadas. Pero lejos de tratar temas de alguna índole opaca, dijo que el objetivo era “encargar” a los abogados “el seguimiento y demás acciones legales a tomar con el objetivo de denunciar ante las instituciones las inconsistencias técnicas y jurídicas del proceso LICSG-EPP-003-2023”.

Amador indica que Petroecuador ha inobservado recomendaciones emitidas por la Contraloría desde 2020, en las que se pide la elaboración de un estudio de riesgos (valoración de activos) para conocer los costos de reaseguros, deducibles, recuperación de primas y más.

“Esto, toda vez que existen recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, cuyo cumplimiento es necesario previo al inicio de un proceso de contratación”. Y agrega: “Respecto a la presencia de un funcionario de Talento Humano del Ministerio de Gobierno en la reunión con los profesionales, Pablo (Arosemena) me indica que fue el señor Egas, su amigo hace algunos años y que reside en la capital, quien le presentó a los profesionales en la ciudad de Quito”.

La reacción de Latina Seguros, también responsable de las pólizas de Petroecuador, fue hacerse a un lado de la polémica. “Latina Seguros no tiene ningún tipo de relación con las personas que aparecen en los videos difundidos, ni con las presuntas afirmaciones o negociaciones que en ellos supuestamente se realizan”. En su comunicado de prensa también aseguran que con Hispana de Seguros no existe un consorcio, sino un convenio de coaseguro en el que Hispana cedió el 50 % del riesgo de las pólizas de Petroecuador a Latina Seguros.

Por su parte, el Gobierno indicó la noche del lunes que presentó una denuncia en la Fiscalía General para que investigue si el audio revela algún delito.

• Dato. Según Contratación Pública, la Judicatura inició en junio la contratación de una póliza por $ 2,9 millones. Pero fue suspendida.

• Cifra. $ 99,1 millones es el presupuesto referencial de Petroecuador para las pólizas de todo riesgo petrolero.

Observaciones a Petroecuador

La Contraloría General, en los informes DNA6-0007-2020 y DNA4-0021-2021, sí hace señalamientos al manejo de las pólizas de la empresa pública de petróleo. En junio de 2023, Petroecuador tenía previsto contratar un estudio de riesgos de las instalaciones y determinar el costo que implicaría protegerlas a través de pólizas. Ese proceso fue declarado desierto porque, según la institución, la única oferta que se presentó no cumplía los requisitos. La Contraloría dice que antes de contratar una póliza de todo riesgo, se debe tener un listado de bienes y un respaldo técnico del valor asegurable.