Petroecuador
Contrato. Petroecuador, la principal empresa pública, busca asegurar sus bienes para los próximos dos años.Archivo / Expreso

Un audio revela opacos intereses tras los seguros de Petroecuador

El Ministerio de Gobierno denunció una reunión entre un funcionario y privados. En la cita se habla de echar abajo una licitación de $ 99 millones

Lo que está en juego son 99,1 millones de dólares de los ecuatorianos. Este es el presupuesto referencial con el que Petroecuador aspira a adjudicar, el 1 de septiembre, las pólizas de seguros para cubrir de todo riesgo petrolero a sus activos.

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Actualmente, la póliza de Petroecuador está a cargo del consorcio Hispana y Latina de Seguros. El 2 de agosto de 2023, el procurador de Hispana, Nayib Jiménez, envió una carta al Servicio de Contratación Pública (Sercop) para denunciar que, a su criterio, existen una serie de inconsistencias en el proceso LICSG-EPP-003-2023. Se refirió al poco tiempo, de apenas un mes, para presentar las ofertas y adjudicar el millonario contrato.

“Causa sorpresa la ligereza con la cual Petroecuador se está tomando este procedimiento de contratación; el cual, ya se dijo, quizá sea el más importante del país... evidenciándose un exceso de discrecionalidad del actuar de la entidad contratante”. La carta de Hispana finaliza solicitando al Sercop la cancelación del proceso de licitación.

En medio de los intereses de otras aseguradoras por llevarse el contrato, se filtró un video y un audio de 48 minutos, de una reunión en una cafetería. Teleamazonas lo publicó.

Según el medio, quienes participaron en dicha cita fueron Paúl Auz Jarrín, abogado en libre ejercicio; Pablo Arosemena Mármol, empresario y quien representa los intereses de Hispana y Latina; Alejandro Egas Aguilera, funcionario del Ministerio de Gobierno; y David Auz, de quien no hay información confirmada sobre para quién trabaja.

Este Diario escuchó los 48 minutos de grabación. La conversación gira en torno a los seguros de Petroecuador y, de forma general, los participantes critican la manera acelerada con la que se lleva adelante la licitación y la falta de un respaldo técnico para fijar el valor asegurable de todos los bienes.

“¿Cuál es el problema de Petroecuador? Es que es una bomba de tiempo para los reaseguradores... no han cambiado ni una válvula... El sistema contra incendios de la Refinería de Esmeraldas está obsoleto, hay tuberías cortadas”, explica quien, según identificó Teleamazonas, es Pablo Arosemena Mármol.

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Hasta aquí, el diálogo gira sobre las mismas denuncias hechas por escrito a Sercop.

Lo opaco de la conversación está desde el minuto 18’30’’. Allí una persona habla de un acuerdo y “del honorario de ese equipo”. El objetivo lo dice Arosemena Mármol: “nosotros quisiéramos, número uno, que se den las recomendaciones, esto es que se dé una valoración de los activos. En el mercado de reaseguros, todos los años están hasta aquí (hartos) de la cuenta de Petroecuador. No hacen nada. Yo necesito que por lo menos tengamos una valoración, tengamos un listado. ¿Qué es lo que yo quiero? Que me pidan una extensión, que se caiga el proceso. Y que primero vuelvan a salir con el proceso de valoración de activos, porque es la mejor herramienta para el mejoramiento de la cuenta”.

La respuesta del interlocutor, que según Teleamazonas es Paúl Auz, es que el trato es conseguir para Arosemena Mármol “la extensión de seis a ocho meses” del contrato que está vigente. “Necesitará además que se caiga el concurso”, dice Auz y agrega: “ahí estoy metiendo una serie de acciones internas de ‘Petro’. Casi que yo justifico, a través de esta presión EMCO, la prórroga basado en la caída del concurso”. A estos dos objetivos: botar la licitación y conseguir una prórroga, el abogado los llama “entregables”.

“Yo sí considero que debería (haber) un honorario atado a la caída y cumplir ese honorario contra resultado. Yo no te puedo recibir ni un centavo si no es en función de resultados”, agrega.

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EXPRESO se contactó con todas las personas mencionadas. Solo Paúl Auz respondió. Dijo que concedería una entrevista, pero hasta el cierre de esta edición no volvió a responder.

Petroecuador, por su parte, respondió a través de un comunicado. “Este proceso se realiza en apego a la normativa legal vigente y principios que rigen la contratación pública, que garantiza la legalidad, el trato justo, igualdad...”. La entidad señaló que “todas las compañías aseguradoras del sector, que se encuentran debidamente calificadas por la Superintendencia de Compañías, pueden participar y presentar sus ofertas...”.

Henry Cucalón, ministro de Gobierno, informó que tomó dos acciones con respecto al funcionario que aparece en dicha reunión. “Primero, el señor Egas Aguilera fue removido de manera inmediata. Era funcionario del Ministerio de Gobierno, su cargo era de director de Talento Humano”. La segunda acción: “No tolero ninguna conducta contraria a lo que es ser un servidor público o impropia, dentro de lo cual está que un servidor no debe reunirse para tratar temas con privados”. Aseguró que puso en conocimiento de la Fiscalía General este hecho, para que investigue si se trata de algún delito.

En el audio, una de las personas indica que “el circuito” o vía para lograr los objetivos es a través de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). El 3 de agosto pasado, Juan Carlos Amador Bayas, gerente general de Hispana, envió una carta a Jorge Benavides Ordóñez, director de la EMCO.

Le explicó que hay dos informes de Contraloría (DNA6-0007-2020 y DNA4-0021-2021) en los que se pide que para nuevos contratos de seguros se debe levantar un informe técnico que detalle los parámetros de reaseguros, deducibles, análisis de riesgos y recuperación de primas, etc., y que esto no se está cumpliendo en el proceso LICSG-EPP-003-2023.

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En la reunión filtrada, desde el minuto 26 se discute por qué motivo van a echar abajo todo. “Porque si lo tumbamos por un tema cojudo, se puede (dar) solo 30 días y se subsana. Aquí tienen que sumarse las autoridades”. El abogado interrumpe para decirle que sus vías son Presidencia, EMCO y Sercop. Al final le explica que este tema es como los toros: “hay que herirlo de muerte” y se habla de un precio: un millón de dólares.

No tolero ninguna conducta contraria a lo que es ser un servidor público.

Henry Cucalón,
ministro de Gobierno

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