La auditoría a los contratos de No Limit se ordenó tras el arresto de Celi
La Contraloría halla hoy inconsistencias, pero en 2017 justificó a la contratista petrolera. El examen se manejó como un imprevisto al plan anual de auditorías
Los resultados del informe DNA6-RN-0005-2022 de la Contraloría no sorprendieron a No Limit. La contratista petrolera sostiene que las observaciones a tres de sus contratos, firmados en 2012, 2014 y 2015, son una retaliación.
EXPRESO publicó el miércoles que la Contraloría encontró pagos sin justificación por 29,5 millones de dólares hechos por Petroecuador a No Limit.
La represalia, según la firma, surge por la denuncia que presentaron sus accionistas en contra del excontralor Pablo Celi; su sobrino y exasesor de Petroecuador, Raúl de la Torre; Pablo Flores, exgerente de Petroecuador; además de otros funcionarios vinculados a una red de corrupción en el caso Las Torres.
Estaba previsto que la audiencia de juzgamiento se inicie el 21 de febrero pasado, pero la diligencia se difirió. En días previos, el 3 de febrero, la Contraloría aprobó el informe, poco antes de que caduque el plazo para realizar el control.
Este Diario revisó las respuestas y justificaciones que entregó No Limit a la Contraloría. Un aspecto que llama la atención es el origen de la auditoría. A inicios de 2021 no formaba parte del cronograma anual de trabajo. El 29 de abril Valentina Zárate, contralora subrogante, fue la que pidió que se incluyan los tres contratos de No Limit como un imprevisto al plan anual de auditorías. Además, el 17 mayo de 2021, ocho días antes de que comience la auditoría se colocó a Edith Loaiza Granizo en el cargo de directora Nacional de Recursos Naturales y fue ella quien firmó el informe contra No Limit.
En ese entonces Pablo Celi era todavía contralor y despachaba desde la cárcel N.°4, en donde está detenido, acusado de delincuencia organizada.
“No recuerdo si fue pedido de alguien… pero lo que sí ocurrió es que me reuní con varios auditores, quienes en su momento habían practicado el examen especial a No Limit, para conocer los pormenores de los hallazgos. Me explicaron que la auditoría había sido realizada por un periodo determinado que abarcaba ciertas plantillas, y que hacía falta auditar las planillas finales y la liquidación del contrato”, explicó Zárate.
Al iniciar una nueva auditoría a No Limit, la Contraloría buscaba revisar los rubros por los que, en años anteriores, se desvanecieron glosas a dicha empresa, ya que a través del nuevo informe se podrá multar a la contratista.
“Según me indicó el equipo de control, el desvanecimiento de las glosas de No Limit se había dado al considerar que esos rubros observados (cobro de multas, si mi memoria no me falla) podrían ser analizados más adelante durante la liquidación del contrato”.
Lo que hoy para la Contraloría son pagos injustificados, hasta ayer en las otras auditorías sí tenía justificación. Por ejemplo, en el nuevo informe (DNA6-RN-0005-2022) se dice que Petroecuador canceló $ 20 millones sin contar con un documento que sustente las horas-hombre utilizadas. En cambio en el informe de 2017 (DASE-00182017) se señaló que el contrato era de provisión de servicio de asistencia para el sistema de bombeo de la Refinería de Esmeraldas. Por lo tanto no se debía proporcionar personal, pues sería una tercerización, prohibida en el país.
Otro monto, por $ 1,2 millones, fue observado porque no se cobraron los retrasos en el cronograma. En 2017 la misma Contraloría decía que los contratos no tenían cronogramas, sino un plazo de 42 meses en los que No Limit debía reparar varios equipos.
- Juicio en el caso Las Torres
En medio de estas contradicciones, en los próximos días se realizará la audiencia de juzgamiento en el caso Las Torres. Una de las pruebas de Fiscalía son las declaraciones de los socios de No Limit, quienes indicaron que tras pagar un primer soborno de $ 8 millones para lograr que Petroecuador pague las planillas, recibieron un segundo pedido de soborno. Esta vez lo denunciaron en los Estados Unidos, pues a cuentas de ese país se enviaron las coimas. La Fiscalía también sostiene la teoría de que desde Petroecuador y la Contraloría se direccionaban informes para expoliar a los contratistas. Además, en la Contraloría se habría supuestamente cobrado por desvanecer glosas, que eran solicitadas por el excontralor Celi.
