Las puertas del Gobierno Provincial del Guayas fueron abiertas ayer al público luego de 60 días laborables o tres meses calendario cerradas por orden del prefecto Carlos Luis Morales. El objetivo fue facilitar el trabajo de auditoría y consultoría de la e

Auditorias locales demoradas a las grandes obras criticadas

Se desconoce la situación y el futuro del dragado del río Guayas, el Metro de Quito y el tranvía de Cuenca. Una inacción que arroja varias interpretaciones.

Muchas palabras y poca acción. El primer trimestre de gestión de los alcaldes y prefectos electos el pasado 24 de marzo no solo transcurre bajo un manto de incertidumbre sobre la realidad interna de las instituciones y su futuro, sino por la poca acción frente a gran obras cuestionadas. El dragado del río Guayas, el Metro de Quito, la ruta Viva, el tranvía de Cuenca son solo un puñado de obras, en ejecución o concluidas, que suman cuestionamientos de las nuevas autoridades a las que les compete hacerse cargo de ellas, pero ha quedado en esto: en críticas.

Tres meses y la escasa acción de las dignidades arrojan sus interpretaciones. “Se trata de un allanamiento forzado (a lo ejecutado por la gestión anterior) o que aún no encuentran cómo darle la vuelta”, es la lectura de Luis Chonillo, activista político y excandidato a alcalde de Durán. El joven político cree que la crítica, en época de campaña, es un recurso rentable sobre todo en una elección dividida como las pasadas. Ahora, sostener esos cuestionamientos, a criterio de Chonillo, puede estar resultando costoso para algunas dignidades. “Para las tarimas, el discurso se basaba en la interpretación de encuestas y no en una elaboración de un plan de gobierno de la mano de los ciudadanos”, argumenta el activista.

Cálculos políticos. Por esta interpretación se inclina Javier Orti, excandidato a la Prefectura de Pichincha. Cree que el reducido porcentaje con el que ganaron algunos alcaldes, como los casos de Quito y Cuenca, empuja a las nuevas autoridades a pensar y repensar cada decisión que toman para que estas no les afecten políticamente y puedan derivarse en una eventual revocatoria de mandato. “No me logro explicar de otra manera la inacción, por ejemplo, del Municipio de Quito para que desde la Fiscalía se investigue la vinculación de Odebrecht en la construcción del Metro de la ciudad”.

También saca a relucir un factor que puede estar aletargando la gestión local: el económico. Presupuestos comprometidos, falta de liquidez en las arcas de los gobiernos seccionales y la deuda del Estado con los municipios y prefecturas también puede retrasar la toma de decisiones sobre obras relevantes y otras. Más allá de esa realidad, Orti considera que estos primeros 90 días no han dado luces del rumbo de las ciudades y provincias. “No se han conocido modelos de gestión visibles y financieramente ejecutables por la incertidumbre económica que existe”, replica.

Chonillo mira otro lado de la moneda. Espera que este tiempo de transición, bajo la excusa de poner en orden la casa, no se lo esté utilizando para consolidar bases políticas que se conviertan en la plataforma de eventuales candidatos presidenciales para las elecciones del 2021. “Y se habrán comido dos años de gestión, sin darle solución a los problemas que prometieron resolver en campaña”.

Proyectos emblemáticos cuestionados

El dragado

El prefecto Carlos Luis Morales terminó unilateralmente el contrato con el Servicio de Dragas de la Armada del Ecuador y demandó al fiscalizador de la obra un informe y le ordenó que se abstenga de poner visto bueno a planilla alguna.

Metro de Quito

La obra continúa pese a que en declaraciones el alcalde de Quito, Jorge Yunda, considera que el metro no es la solución total, solo del 12 %, al problema de movilidad de la capital. Anunció un proyecto integral para mejorar la vialidad en la ciudad.

El tranvía

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, se comprometió a trabajar por operar el sistema del Tranvía “en el menor tiempo posible”. Entre las acciones constan las reuniones con los representantes de las empresas constructoras, la Contraloría y Procuraduría.