La austeridad no detuvo la renta de inmuebles
En 2017, el Gobierno gastó 1,4 millones de dólares por reparaciones y remodelaciones. Es decir, el Ejecutivo tuvo un ahorro, este año, de unos 400.000 dólares.
La ruta hacia la austeridad tiene paradas sin superar. El Gobierno del presidente Lenín Moreno todavía lidia con solicitudes de entidades que se salen de la política de reducción del gasto público. Pese a los decretos, acuerdos ministeriales y resoluciones oficiales, emitidos desde 2017, algunas instituciones buscan recursos adicionales para arrendar bienes inmuebles o reparar edificaciones estatales. Entre septiembre de 2017 y diciembre del año pasado, por ejemplo, se aprobaron 743 solicitudes para la renta de instalaciones para el sector público.
Las aprobaciones estuvieron a cargo del Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar). Según su reporte de actividades, las entidades estatales pidieron autorización para rentar inmuebles para cumplir sus labores por la falta de edificaciones públicas con las facilidades necesarias. La comprobación de esa información y la calificación de documentos hizo que Inmobiliar descarte parte de las solicitudes.
En total, las instituciones solicitaron 771 permisos para rentas, sin embargo, 28 fueron descartadas por irregularidades, papeles incompletos o presupuestos estimados exagerados y fuera de los límites establecidos.
Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe -suscritas a la Coordinación Zonal 6 de Inmobiliar- fueron las provincias que más pedidos de arrendamiento presentaron. 268 solicitudes se recibieron desde esas seis locaciones y, tal como dice el informe final, todas se aprobaron.
En el otro extremo están Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Desde ahí salieron solo 60 posibles arrendamientos. Todos se aprobaron.
Pichincha, Napo y Orellana, de su parte, emitieron 164 requerimientos de autorizaciones de arrendamientos. De esos, solo 141 solicitudes fueron aprobadas. Las otras 23 peticiones fueron declaradas no favorables por, entre otros motivos, “falta de documentación, canon sobre el rango promedio del valor observado en sitio, entidades optimizadas en bienes públicos, inmuebles subutilizados”.
Es decir, algunas entidades públicas no tomaron en cuenta que existían edificaciones estatales que podían usar en lugar de buscar un predio privado para arrendar.
Desde las mismas provincias se emitieron 22 solicitudes para la realización de eventos públicos. Inmobiliar dio luz verde para esos gastos.
Aunque el reporte de la entidad no detalla cuánto se gastó en esos procesos, sí explica que el Gobierno pagó más de un millón de dólares por arreglos y adecuaciones de instalaciones públicas. Empresas estatales, ministerios y secretarías solicitaron reparaciones en sus edificios y locales para poder operar normalmente. Banecuador, liderado por el exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, Jorge Wated, fue la entidad que más pedidos hizo.
Durante 2018, Banecuador solicitó más de 500.000 dólares para remodelar sus oficinas en Huaquillas, El Triunfo y Yantzaza. Inmobiliar aprobó incluso más presupuesto del que originalmente se requirió.
El Ministerio de Acuacultura y Pesca, de pocos meses de duración, pidió más de 200.000 dólares para remodelar sus oficinas. El Servicio de Protección Presidencial, en cambio, solicitó 119.118,61 dólares para adecuar sus instalaciones. Inmobiliar le otorgó 126.148,67 dólares para la operación.
En la lista de solicitantes también está la empresa pública Celec, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom), CNT, la Corporación Financiera Nacional, entre otros.
