Autoprotección, alternativa de seguridad para los jueces
La Policía y la Judicatura trabajan en acciones para la integridad de los judiciales. Se revisarán las alertas de riesgo de los actores del sistema
Hasta agosto al menos tres fiscales, un exfiscal y un juez fueron asesinados en Manabí, Guayas, Los Ríos y Sucumbíos. Otros quedaron heridos tras ser atacados con armas de fuego. Sobrevivieron a los atentados atribuidos al crimen organizado y reciben protección.
Los hechos delictivos llevaron a las autoridades a juntarse en mesas de trabajo para definir acciones para precautelar la seguridad de los actores del sistema de justicia.
El lunes pasado, hubo una reunión en la que intervinieron el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior y la Policía. Ahí se definieron varias estrategias.
Fausto Salinas, comandante de la Policía, indica que se determinaron tres acciones: capacitación en autoprotección, estudios de seguridad en áreas críticas y la revisión de los dispositivos de seguridad para quienes tienen mayor riesgo y vulnerabilidad. El objetivo es establecer procesos y protocolos de seguridad.
Con el estudio de seguridad individual se ve el nivel de riesgo que tiene cada uno.
La alternativa no es dotar de seguridad policial las 24 horas a cada funcionario amenazado. Eso se dejará para los casos más críticos y de más riesgo. ¿Cómo se definirá eso? Puede ser por la ubicación en la que se encuentran, el tipo de caso o las amenazas que hubiesen recibido. Todo eso va en un estudio de seguridad e informe personal, señala el comandante.
Hay un procedimiento para que los funcionarios que se sientan amenazados soliciten su seguridad individual. Deben llenar un formulario único y 11 pasos por completar en el que se debe agregar nombres, apellidos, cédula, teléfono, cargo, sitio de trabajo, el número del proceso o el delito por el cual se genera la amenaza y el relato de los hechos para la solicitud.
El trámite pasa por la Dirección General de la Judicatura y concluye en el Ministerio del Interior para la protección.
Un juez provincial que pidió la reserva de su nombre señaló que la mejor protección es no comprometerse con nadie, “hacer un trabajo justo conforme a derecho, objetivo más que nada”. Destacó que la delincuencia ahora también ya sabe de procedimientos y se da cuenta si se actúa bien o mal. “Claro, también hay casos donde igual amenazan, ahí sí se necesita protección”, dijo.
La jueza de la Corte de Guayas, Ivonne Núñez, reitera que el crimen organizado utiliza la amenaza e intimidación para evitar la sanción penal. “El blindaje se requiere para jueces, fiscales y sus entornos familiares, esto da seguridad y fortalezas en las actuaciones investigativas y posterior juzgamiento”, recalca. Considera que se requiere atención especializada a todos los que intervienen en los juzgamientos de alto riesgo, pues es una necesidad urgente y permanente.
La presidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, ha tenido reuniones con el gobernador, el comandante de la Zona 8 y el ministro de Gobierno para pedir seguridad a las unidades judiciales.
Gallardo cuenta que, a raíz del asesinato del fiscal Édgar Escobar, se hizo un plantón en el Albán Borja, requiriendo seguridad al Estado.
Incluso hace una semana, en una reunión que se mantuvo con el pleno de la Corte Nacional, presidentes de las cortes provinciales y el general Fausto Salinas, volvió a pedir que se brinde una adecuada seguridad a las dependencias y “en casos en que la policía detenga a ciudadanos de quienes se tenga información que son peligrosos, debería brindar directamente protección al juez”, dijo.
El detalle
Protección. Las unidades judiciales y el edificio principal de la Corte de Guayas tienen custodia policial.
