Una autopsia a la corrupción hospitalaria

Miradas al detalle, las investigaciones de la Fiscalía por la venta irregular de insumos médicos destapadas durante la emergencia sanitaria dejan cuenta de lo normalizada y enquistada que está la corrupción en el interior de los hospitales de Salud y del IESS a nivel nacional.

Este Diario ha accedido a la médula de las indagaciones que se iniciaron en tres de los más grandes e importantes hospitales de Guayaquil, por las que se ha encausado a más de 70 procesados por delitos de delincuencia organizada y peculado. Hay nexos y similitudes en sus modos de operación que demuestran, según las investigaciones, que la corrupción data de al menos cuatro años atrás.

Eso no es todo. Además de los cuatro procesos protagonizados por personalidades como los hermanos Bucaram Pulley, Daniel Salcedo y hasta el expresidente del Directorio del IESS, Paúl Granda, el Ministerio Público abrió indagaciones que envuelven a otras 25 casas de salud a nivel nacional.

La Contraloría tiene también en ejecución 94 acciones de control en hospitales de Salud, más 41 en los del IESS y tres en los de la Policía Nacional, mientras que el Servicio de Contratación Pública ha enviado 46 contratos con anomalías subidos al portal en el marco de la pandemia. No son casos aislados.

Ante el aluvión de irregularidades, la Fiscalía creó una Fuerza de Tarea con la que se allanó una decena de hospitales y se detuvo a varias piezas clave que podrían trazar la ruta hacia las verdaderas cabezas de la corrupción.

1.- Los hospitales más grandes; más opacos

El hospital que más indagaciones acumula es el Teodoro Maldonado Carbo del IESS, el que más pacientes y más especialidades trata en Guayaquil, fue declarado en emergencia de control público en febrero por la Contraloría tras detectar que el 83 % de sus contrataciones de material médico y medicinas se habían cancelado con convenios de pago, que es un método extraordinario que no pasa por filtros de control. “Esos hallazgos dieron lugar a un indicio de responsabilidad penal y a sanciones civiles y administrativas por 33 millones de dólares”, dijo el contralor Pablo Celi en ese entonces.

Meses antes, en mayo del 2019, la misma Contraloría había aprobado el informe en contra de 14 funcionarios de ese hospital, entre los que se encuentra Luis Jairala Zunino, que fue destituido como gerente medio año antes por sospechas, y Jorge Henriques, de la Dirección de Compras Públicas, quienes son cercanos a la familia Bucaram.

Esa auditoría determinó que hubo sobreprecios en 18 convenios de pago para la compra de insumos que nunca se utilizaron y un perjuicio de 11,9 millones de dólares entre 2017 y 2018. La Fiscalía abrió entonces una indagación por delincuencia organizada cuya etapa de instrucción fiscal acaba de cerrarse, dejando a los procesados a la espera de una audiencia preparatoria de juicio que está fijada para el 1 de diciembre. Se abrió además una investigación paralela por presunto peculado.

De este hospital salió también la primera denuncia de irregularidad en el marco de la pandemia, al descubrirse que pretendía adquirir mascarillas sobrepreciadas mientras el personal médico clamaba por una mayor protección ante el virus.

Ese escándalo propició que se detectara que otro hospital del IESS, el de Los Ceibos, había adquirido de la empresa Silverti S.A. 4.000 fundas para embalar cadáveres a 143 dólares cada una cuando en el mercado costaban 12.

A raíz de esos descubrimientos, una veintena de casas de salud fueron cayendo en las semanas siguientes como piezas de dominó. Se descubrió que había irregularidades en el Abel Gilbert, otro de los grandes de Guayaquil; en el Eugenio Espejo y el Andrade Marín, dos de los de mayor referencia en Quito; en el del IESS de Milagro; y así en varios de Los Ríos, El Oro, Pichincha, Tungurahua, Bolívar, Imbabura, Carchi, Manabí y en el Oriente. Hay, por tanto, casos detectados en al menos 10 provincias.

2.- Agujero en Compras con y sin control

Las irregularidades a la hora de usar el dinero de los hospitales se daban tanto en adquisiciones que seguían los procesos de contratación, como en las modalidades de emergencia con controles más laxos. En el Teodoro Maldonado, el foco se ha puesto en 29 convenios de pago, pero también en subastas inversas e ínfimas cuantías. Aparte de los 18 incluidos del caso de delincuencia organizada, la Fiscalía examina cuatro convenios más y una subasta inversa. En ellos, se ha puesto en discusión la gestión de 29 exfuncionarios y proveedores del hospital.

La denuncia surgió de la Comisión Nacional Anticorrupción, que descubrió que existía un sobreprecio del 121 % entre lo pagado por el hospital y lo determinado en las proformas. Aunque debieron pagar $ 2,6 millones, el centro de salud terminó desembolsando 5,8 millones de dólares. Más del doble. Uno de los proveedores beneficiados es José Luis Llerena Candela, quien era cuñado de Jacobo Bucaram, aunque él ha negado en sus versiones tener algún tipo de relación contractual con el mayor de los Bucaram Pulley.

En otra indagación por delincuencia organizada que se lleva desde Quito, más que detectar sobreprecios se investiga cómo la directiva de los hospitales compraba insumos a empresas afines que no están dedicadas a ese sector. Hay 13 convenios de pago y varias ínfimas cuantías y subastas inversas en la mira, que se aprobaron en el Teodoro y en Los Ceibos entre 2016 y 2019. Se gastaron 8,1 millones de dólares entre ambos hospitales, solo en los convenios de pago concedidos a empresas que, en su mayoría, ni siquiera cumplían con los requisitos para comercializar material médico.

Pese a ser la modalidad de contratación con mayor control, las subastas inversas no se libran de la sospecha. En el Abel Gilbert, que fue allanado el 18 de junio de este año, la Fiscalía investiga la adjudicación de 31 subastas inversas entre 2019 y 2020 a varios proveedores relacionados con la compañía Zoldan Corporeishon que, según la ministra María Paula Romo, es la “pieza clave” de la investigación. Aquí se involucra a 35 personas entre exfuncionarios del hospital y comercializadores, quienes se habrían puesto de acuerdo para entregar a dedo esos contratos. Una era la beneficiada que luego repartía con las demás postulantes. Así se garantizaban las adjudicaciones entre las empresas de la red.

En el Eugenio Espejo de Quito también se abrió una línea de investigación por un contrato con presunto sobreprecio para la adquisición de equipos laparoscópicos.

3.- La entrada de Los Bucaram a los hospitales

Tras descubrirse la compra irregular de fundas de cadáveres, el nombre de Daniel Salcedo, quien habría recibido pagos de la empresa que comercializó las fundas de cadáveres, ya sonaba con fuerza dentro de varios de estos casos de corrupción. Pero no estaba solo.

En la investigación por peculado, en la que se procesó a 23 personas, hay al menos dos exfuncionarios del Teodoro Maldonado que aseguran haber visto a Salcedo en constantes reuniones con Jorge Henriques, el jefe de Compras Públicas, pese a que Salcedo nunca fue trabajador en ese lugar, y a los hermanos Dalo y Jacobo Bucaram visitar a los directivos. “Visitaban a los funcionarios una vez cada semana o cada dos semanas”, dijo el exdirector técnico en su primera versión. En su segunda versión, se desdijo.

Pero Hugo Véliz, el exjefe de farmacia, en cambio, ratificó que Dalo era como la supuesta cabeza dentro del hospital. “En una reunión se me mencionó que las tres personas, el economista Henriques, el señor Salcedo y el señor Cornejo -otro trabajador del hospital-, eran las personas que estaban a cargo por disposición del número uno, que era así como denominaban al señor Dalo Bucaram y que el doctor Luis Jairala -el gerente hospitalario- era la figura que representaba la parte técnica dentro del hospital para ejecutar lo que el número uno disponía”. La defensa de Bucaram, Jorge Acosta, ha negado que esto sea así y asegura que no hay ninguna prueba al respecto.

Como respaldo adicional, se incluyeron las bitácoras del hospital, que registran que Daniel Salcedo seguía entrando hasta al menos noviembre del año pasado sin ser funcionario ni proveedor para reunirse con la gerencia, pese a que Jairala Zunino -su presunta conexión dentro- ya había sido removido del cargo en febrero. Nueve meses antes.

Salcedo, Jairala y Bucaram son señalados también por el delito de delincuencia organizada por supuestamente comercializar de forma irregular insumos médicos a otras casas de salud “obteniendo ingresos económicos que no habrían sido justificados al sistema financiero”, dijo la Fiscalía el pasado 31 de julio, que tiene reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico en el expediente fiscal.

Entre las empresas que recibieron contratos de los hospitales, pese a que algunas no estaban autorizadas para vender insumos, están Raismonel, Globalmedical, Biosalud, Faifult, Ruartmy y Soddy que pertenecen, según la tesis fiscal, a Karina Cadena, Pablo Mendoza y Xavier Jordán, tres de los presuntos miembros de la red delictiva investigada. Uno de ellos, Jordán, costeó a través de otra firma -Dymarla S.A.- pasajes de avión para Dalo Bucaram, Daniel Salcedo, Karina Cadena, Pablo Mendoza y Federico Zenck entre 2018 y 2019 para ir a Miami, Madrid, París, La Habana, Londres o Sevilla, entre otros destinos. La defensa de Mendoza niega estos viajes, mientras la de Jordán rechaza que estas invitaciones escondan algo malo.

4.- Nexos en dos grandes casos de corrupción

Tres de las compañías del caso Bucaram-Salcedo que recibieron contratos del Teodoro y de Los Ceibos -Faifult, Ruartmy y Soddy- conectan esa causa con la del Abel Gilbert, que va por cuerda separada ante la Justicia. Recibieron cheques de Javier Andrade sin ser este cliente de esas firmas y que es uno de los investigados por sus vínculos con Zoldan Corporeishon. La compañía en torno a la que gira toda la red, según las pesquisas de las autoridades, está relacionada con cinco grupos familiares que participaban en la adjudicación de los contratos, siendo unos proveedores y otros funcionarios.

Padres, hijos y hermanos formaban parte de la estructura, que se dividía entre los cargos clave para adjudicar los contratos, como la comisión técnica o las direcciones financieras o administrativas, y los proveedores que participaban en las pujas.

La Fiscalía pone a la cabeza al gerente del Abel Gilbert, Francisco Ceballos, y a la compañía Zoldan Corporeishon. Y la trama, como ya destapó EXPRESO, se llevó 125 contratos hospitalarios en dos años, movió más de 20 millones de dólares entre sus miembros y extendió sus brazos a los hospitales de Durán, Los Ceibos, Teodoro Maldonado Carbo, de la Policía, de Milagro, en el Eugenio Espejo y en otros, según las investigaciones que partieron de una denuncia que hizo en plena pandemia el entonces gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart.

5.- Así ganaban en cada compra hospitalaria

Por medio de dos auditorías, la Contraloría determinó que quienes abusaron de los recursos públicos del IESS usaban proformas falsas que ya registraban sobreprecios. Con ellas, elaboraban estudios de mercado con el fin de sustentar el uso de los convenios de pago y, dentro de una supuesta puja, participaban proveedores que estaban relacionados entre sí.

De esa manera se adjudicó, por ejemplo, el contrato de las fundas para cadáveres que compró el hospital de Los Ceibos por 148 dólares en abril de este año. El hospital del IESS dijo en ese entonces que esos 148 dólares representaban la oferta “más beneficiosa” para la institución, pues los precios del estudio de mercado iban desde 148 a 160 dólares. La Fiscalía descubrió que varias de las proformas no pertenecían a las empresas participantes.

Solo en el Teodoro y en Los Ceibos se firmaron 48 convenios de pago bajo esa metodología entre 2017 y 2019. Contratos que, como reveló este Diario hace dos semanas, causaron un perjuicio de más de 15 millones de dólares.

• Las defensas de los procesados

Jorge Acosta, abogado de Dalo Bucaram: "Precisamente porque no se pudo demostrar esas versiones es que no se ha vinculado al señor (Dalo) Bucaram al caso de peculado. No existe ningún registro en la bitácora de ingreso y tampoco en los videos consta ningún ingreso al hospital de nadie con el apellido Bucaram. Desconozco la existencia de la compra de esos pasajes por parte del señor Jordán".

José Maldonado, abogado de Pablo Mendoza: "Para que exista el peculado debió analizarse si es que verdaderamente los convenios de pago fueron realizados bien o no, o si hubo algún tipo de perjuicio al Estado. Hasta ahora no se ha probado absolutamente nada de eso. No hay ningún tipo de vínculo comercial, familiar ni transferencias ni para los funcionarios ni tampoco para las demás personas inmiscuidas en este proceso".

Alexys Guanín, abogado de Jorge Henriques: "Nosotros rechazamos la versión del señor (Hugo) Véliz porque esto no es de venir y sentarse y decir lo que a uno le dé la gana si no tiene cómo sustentarlo. Esta versión no ha sido confirmada por ninguno de los otros sujetos procesales, para nosotros no tiene fuerza probatoria. Desde que salió toda esta situación, ha habido una persecución terrible en contra del señor Henriques".

César García, abogado de Xavier Jordán: "A mi cliente se lo vinculó por una supuesta amistad con otras personas. Los convenios del Teodoro, que no se ha demostrado que son ilegales, están fuera del período de investigación. Lo de los pasajes es verdad, el señor Jordán es amigo de Karina Cadena y de Federico Zenck, pero eso no constituye un delito. Con Bucaram y Salcedo no hay ninguna relación comercial probada".

María del Mar Gallegos, abogada de Zoldan Corporeishon: "En las últimas audiencias se mostró un cuadro en el que se detalla que ni Mónica Zoldan ni Amalia Ulici tienen relación con las otras personas involucradas. Para nosotros no hay ningún tipo de delito que haya cometido Zoldan. La Fiscalía se basa en temas contractuales, pero mis clientas no contrataban con el Estado. No sé cómo la Fiscalía va a probar eso".