La autoridad ya no firma las obras en los planteles rurales; son los padres

Hasta antes de la pandemia, lo usual era que alguna autoridad política o entidad gubernamental reivindicara haber construido o reparado un establecimiento educativo a través de una valla gigante colocada en el exterior de la respectiva escuela o colegio. Ahora, en cambio, junto a la puerta de ingreso de la unidad educativa Juan Bautista Aguirre, una de las más grandes de Daule, hay un recién pintado texto que reza: “Obra entregada, Comité de padres de familia y personal docente”.

No es un caso aislado. Aunque no todos los comités han colocado igual texto en las paredes de sus correspondientes planteles, el aporte de los padres ha sido fundamental para que se hayan podido reanudar las clases presenciales en la zona rural de Guayas. Al menos, así ha ocurrido en los centros que visitó ayer este Diario.

En el agro, se trata de un aporte que puede implicar un mayor esfuerzo o sacrificio, dadas las conocidas dificultades económicas de la población que vive en el campo y educa a sus hijos en planteles públicos.

Ante la falta de una versión de los directivos y maestros de los establecimientos, quienes tienen prohibido hablar con los medios de comunicación y permitirles el ingreso, según manifestaron, son los padres de familia quienes cuentan cómo va el regreso a las aulas.

En la parroquia Laurel, ubicada entre los cantones Daule y Santa Lucía, por ejemplo, ellos han recurrido a colectas, mingas e incluso gestionaron la ayuda económica de exalumnos para adecuar la unidad educativa homónima donde estudian sus hijos, dice Nelson Murillo, padre de familia de dos estudiantes del plantel.

Y, por supuesto, ayudar a pintar las aulas, limpiar los pupitres, colocar ellos mismos los dispensadores de alcohol y ahora también los bidones de agua, para que el retorno de sus hijos sea lo más seguro posible.

“Todos estamos satisfechos con verlos retornar. Ellos se sienten mejor en las clases presenciales”, expresa el padre, quien destaca también la colaboración de los profesores.

No obstante, en algunos casos las falencias superan la voluntad de los padres. En un centro educativo ubicado al pie de la carretera, antes del ingreso a Laurel, la alambrada que protege las instalaciones de un colegio ha desaparecido y algunas aulas lucen destruidas y desmanteladas. En una de ellas ayer incluso había un indigente.

Asimismo, en los centros educativos ubicados en la zona, los estudiantes suelen tomar buses de transporte intercantonal o interprovincial para llegar al plantel o regresar a casa. Lo hacen en la calzada de la carretera o deben atravesar la amplia y transitada vía, sin más seguridad que el cálculo de la distancia de los vehículos. Otros viajan en motos.

"PROHIBIDO HABLAR CON LOS MEDIOS O DEJARLOS INGRESAR"

Entre Nobol y Santa Lucía hay una serie de planteles públicos, como Galo Plaza Lasso, José Abel Castillo, Laurel, Santa Lucía y Juan Bautista Aguirre; este último, vecino de la Dirección Distrital de Daule. En todos, los directivos dijeron haber recibido un recordatorio de la prohibición de hablar con los medios de comunicación y permitirles el ingreso, “por seguridad de los estudiantes”.

Algunos mostraron el mensaje en sus teléfonos.

Gary Pulla, titular de la Coordinación Zonal 5, que incluye a esos cantones, negó haber emitido ese mensaje y ofreció averiguar. La Subsecretaría de Educación tampoco asumió la autoría.