Autoridades de Estados Unidos acusan a Luzuriaga y a Chérrez por lavado de activos
El exjefe de inversiones del Seguro de la Policía está detenido en EE.UU. por las inversiones del Seguro de la Policía. $ 693 millones manejó Chérrez.
Las autoridades estadounidenses acusaron al empresario Jorge Chérrez Miño y a John Luzuriaga Aguinaga, ambos de Ecuador, por su presunta participación en una trama de soborno y lavado de dinero que involucra el fondo de pensiones de la Policía de ese país, informó este martes el Departamento de Justicia de EE.UU.
"Cada uno de los acusados enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero", según las denuncias presentadas en una corte federal del Distrito Sur de Florida tras una investigación que implica el uso indebido de fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) de Ecuador.
Luzuriaga, residente en Florida, fue arrestado el pasado 26 de febrero y tuvo su primera comparecencia en una corte federal el lunes 1 de marzo de 2021, mientras que las autoridades estadounidenses han emitido una orden de arresto contra Chérrez, quien se cree que se encuentra en México.
El director actual del Isspol, Juan Carlos Rueda, ha dicho que John Luzuriaga ex Director de Riesgos de Isspol y Russby Rodríguez - relacionada con Chérrez - tienen negocios inmobiliarios en La Florida. Y que sus empresas son J&R Global Investment Group LLC, R&J International Real State Investment LL, Russby and John International Real State Investment LLC.
De acuerdo a las denuncias penales, entre los años 2014 y 2020, el consultor de inversiones Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a funcionarios del ISSPOL, entre ellos a Luzuriaga, director de Riesgos del ISSPOL y miembro del Comité de Inversiones de dicha entidad, y a quien entregó en total 1'397.066 de dólares.
El objetivo era obtener fondos de los negocios de inversión del Isspol y en cuyo comité de inversión Luzuriaga tuvo "influencia" en las decisiones. Las denuncias alegan que Chérrez obtuvo unos 65 millones de dólares en ganancias como resultado de la trama.
El asesor financiero recibía pagos del negocio de inversión ISSPOL en una cuenta bancaria en Estados Unidos, utilizaba compañías y cuentas con sede en Florida para pagar sobornos y, según la acusación, "tomó acciones para promover el plan de sobornos mientras se encontraba en el Distrito Sur de Florida".
Con el fin de lavar el dinero ilegal y poner en funcionamiento la trama de soborno, Chérrez y Luzuriaga se valieron de compañías y cuentas bancarias con sede en Florida, incluidas numerosas compañías de fondos de inversión en EE.UU. en las que Chérrez aparecía como funcionario o director.
Según las autoridades federales, Annika Miranda, fiscal federal adjunta del Distrito Sur de Florida, es la responsable del decomiso de activos relacionados a este caso.
