Las autoridades locales agotan su periodo de gracia

Tres meses. Noventa días naturales. Sesenta días laborales. Como se los quiera ver, resulta un tiempo por demás prudencial para conocer el rumbo de las provincias y los municipios del país, cuyas nuevas cabezas fueron electas el pasado 24 de marzo, sobre todo los que iniciaron procesos de evaluación interna para transparentar la gestión anterior con o sin cierres temporales de sus puertas.

Uno de los casos emblemáticos es el de la Prefectura del Guayas. Al cumplirse los sesenta días laborales del cierre de sus puertas, tiene previsto abrir hoy la atención total al público aún sin informar el estado real de la institución y el camino que seguirá la provincia más poblada del país. Esto demorará unos días más, hasta el 20 de agosto próximo, cuando el prefecto Carlos Luis Morales informará las conclusiones de la auditoría y la consultoría de la empresa Deloitte.

¿Qué se ha hecho en estos tres meses? Aparte de la gestión de obras viales y otras, informar sobre el exceso de personal institucional, que la gestión anterior comprometió el 98 % del presupuesto dejando solo el 2 % (cerca de 5 millones de dólares), y un considerable recorte de personal. “Esto es del informe de Deloitte: teníamos el 15 de mayo de 2019, 2.267 funcionarios; al 31 de julio de 2019, estamos con 1.578. El ahorro son casi 12 millones de dólares que va directo a la obra. No podíamos seguir con una nómina pagando 3 millones de dólares mensuales en sueldos”, adelantó Morales ayer en una entrevista radial, pese a los constantes pedidos de este Diario de concretar una entrevista con el funcionario.

En algunos municipios también han emprendido la tediosa labor de sincerar la información de sus antecesores. Cuenca, la capital de la provincia del Azuay, todavía levanta hallazgos para conocer a plenitud cada detalle de la gestión anterior.

El alcalde Pedro Palacios comentó a EXPRESO que prepara un informe. “En temas de irregularidades están los entes de control que en un momento con los concejales irán determinando las bases suficientes para que puedan solicitar los exámenes especiales en la Contraloría”, dijo el primer edil cuencano, quien adelantó que ya se han pedido algunos exámenes para validar alguna información encontrada para no emitir criterios sin argumentos.

¿Qué se ha hecho en estos tres meses? Sincerar cifras y ordenar la casa. Lo que significa reducir personal, optimizar recursos y sentar las bases de planificación urbana. Pero sobre transparentar la gestión pasada, aún falta camino por recorrer. Una vez identificados los hallazgos hay que sustentarlos para evitar dudas. Luego, deben determinar si fueron irregularidades por mala gestión con o sin dolo. “Sean cual fueren los casos, es una falta de eficiencia en el trabajo correcto y habrá que investigarla”, explicó Palacios a este Diario.

Si a Cuenca le resta conocer en su totalidad la realidad interna, en Esmeraldas la situación es aún más crítica. La alcaldesa Lucía Sosa se enfrenta a 4.108 juicios coactivos, un Municipio con una deuda aproximada de 50 millones de dólares y con ingresos de más de 17 millones de dólares, y una nómina inflada (1.434). No solo eso, ni siquiera tiene un Municipio en donde trabajar. “El terremoto afectó el edificio y se fueron sin hacer nada... Estoy arrendando una casa en la que tengo cinco departamentos y el resto está disperso y así es muy difícil administrar”.

Es la realidad que conoce la primera edil esmeraldeña, quien ha invertido estos 90 días en buscar recursos económicos, siendo esta su principal prioridad. “Lo que se ha hecho en tres meses es producto de la empresa privada que me ha fiado máquinas para empezar recolectando la basura, el combustible también es fiado”.

A diferencia de los tres anteriores, el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, está por cumplir sus primeros dos meses en el cargo, debido a los problemas por la entrega de credenciales lo que provocó la acefalía en este y otros cargos de la provincia. Por ello, el ejecutivo riosense todavía trabaja en levantar la información para conocer con precisión la realidad de la institución. Aunque adelanta algunos aspectos, como exceso de personal y empresas públicas en quiebra. “En un mes más estimo que tendremos un informe”, reconoció a EXPRESO.

Inicia el cuarto mes y la falta de claridad junto a los problemas heredados dejan un sinsabor a los ciudadanos que esperan conocer la verdad y que la maquinaria dé forma a sus promesas de campaña.

Las falencias encontradas

Mucho personal

Uno de los problemas recurrentes es el exceso de personal, lo que pesó en el presupuesto institucional. Algunos alcaldes y prefectos barajan la reducción de la nómina lo que significará el pago de liquidaciones, pero a la larga es un ahorro, dicen.

Poco dinero

Arcas con dinero escaso. Algunos municipios y prefecturas fueron entregados a las actuales dignidades con presupuestos ínfimos lo que dificulta la toma de decisiones y la ejecución de obras. Hay planteamientos para regular ese aspecto.

Mal estado

Edificios con daños y sin los insumos necesarios fueron encontrados por algunos alcaldes y prefectos del país. En el caso de Salitre, por ejemplo, el alcalde Julio Alfaro encontró un edificio en mal estado que tuvo que cerrarlo para acondicionarlo.

En quiebra

Empresas públicas con pérdidas son otras de las novedades encontradas por algunos gobiernos locales. En el caso de la Prefectura de Los Ríos, su prefecto Johnny Terán, ha encontrado esa novedad cuyos detalles informará en su momento.

Obra pendiente

Obras emblemáticas han esperado años para su ejecución y ahora, con las nuevas autoridades, registran reveses. El dragado del río Guayas, por ejemplo, el prefecto Carlos Luis Morales ordenó que la ejecución de la obra no continuará.

Obstáculos

El personal, a criterio del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, es uno de los obstáculos para la transparencia de la gestión. Ha encontrado personal poco colaborador y que demora el trámite de información, lo que lo lleva a pensar que puede ser a propósito.

Los Ríos

Iniciar a destiempo retrasó la gestión del prefecto entrante

Estima que en un mes más presentará un informe de lo hallado

Una vez solucionado el problema, el exalcalde de Babahoyo asumió una Prefectura con una lista de problemas, reconoció a EXPRESO, y quien calificó la situación como “terrible”. “Muchas contrataciones que se pagaron y no se hicieron, exceso de personal, sueldos exagerados, empresas públicas quebradas y un deterioro de la imagen institucional... Voy a entregar un informe”.

No solo eso, adelantó Terán, las cuentas corrientes las dejaron en cero y el Gobierno adelantó el pago de mensuales posteriores a la gestión saliente.

Lo primero que hará el prefecto, una vez que conozca la realidad interna, la informará a la ciudadanía. Por ello ha conformado un equipo para que revise la información encontrada, los insumos, la infraestructura y demás; y otro equipo que está planificando. “Ya hemos empezado a ejecutar varias obras en el sector”.

Terán estima que se tomará un mes más para levantar toda la información necesaria debido al retraso con el que empezó su gestión, pero desde ya adelanta que la situación no es alentadora.

Pichincha

“Clientelar y desfinanciada”, la situación de la provincia

Hay contratos y hay proyectos bajo la lupa de Contraloría General

Se tomó un mes para lamentarse. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, calificó como “ineficiente, anquilosada, clientelar y sobre todo desfinanciada” a la institución que heredó de Gustavo Baroja.

“Oficiaremos a la Contraloría General del Estado el pedido para que audite procesos precontractuales, contractuales y ejecución de obra de todos los proyectos del gobierno de Pichincha y sus Empresas Públicas”, dijo luego de las primeras cuatro semanas de gestión.

De ahí en adelante, la funcionaria señaló que no se referirá más a la situación que atraviesa la Prefectura que ha estado en manos de sus excoideario Baroja que ocupó el cargo de prefecto desde 2006.

Sin descuidar su defensa a los principales líderes de la autodenominada revolución ciudadana, que son procesados en varios casos de supuesta corrupción, la funcionaria ha emprendido varios proyectos a nivel provincial.

El 10 de agosto pasado declaró al área del Chocó, que se ubica dentro de Pichincha, como una zona libre de minería. A cambio, señaló que impulsará la actividad productiva y el turismo. También impulsa el mejoramiento vial de las parroquias rurales del oriente de la provincia con Quito. Pabón señaló que aunque las vías no son el fin de la Prefectura, sirven para impulsar su plan de productividad. CRR

Manabí

Con presupuesto aprobado y con un plan de obras viales

La Corporación dice no haber encontrado problemas de gestión

Manabí no ha perdido tiempo. Para empezar fue una de las pocas provincias cuyos prefectos saliente y entrante se reunieron para gestionar un proceso de transición. Ya en el cargo, el prefecto Leonardo Orlando y el resto de alcaldes que integran la Corporación Provincial de Manabí empezaron con fijar la hoja de ruta de las obras viales.

Lo hizo junto con los presidentes de los gobiernos de las parroquias rurales Convento y Chibunga de Chone; Novillo de Flavio Alfaro; Atahualpa y 10 de Agosto de Pedernales y San Isidro de Sucre.

Se acordó la intervención vial en lo que queda de este año que consistirá en el mantenimiento de entre 10 a 15 kilómetros en cada una de estas parroquias. Para el 2020 se proyecta la intervención en ejes viales como: Convento-Santa Teresa; “Y” de La Hermosa - La Hermosa - Boca de Barbudal - Chibunga (29 km); Novillo - Palma de Coco - La Chontilla - Hojas Blancas de (15 km) que incluye la construcción de un puente que unirá a las parroquias Chibunga y Novillo.

Seguido, la Corporación aprobó, en primer debate, la proforma presupuestaria que suma un total 163’796.571 dólares. El presupuesto corresponde al período fiscal 2019, que fue prorrogado de conformidad con una resolución previa del Consejo Provincial, basado en el Código de Finanzas Públicas y su reglamento.

Finanzas

El pago de la deuda a los GAD no llega ni en bonos ni efectivo

Las autoridades locales esperan una nueva reunión con el Gobierno

Están las autoridades electas pero no se concreta el acercamiento. Una de las mayores dificultades que dicen afrontar los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) es la deuda que arrastra el Gobierno central desde hace varios años.

Según los integrantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) esta ascendería a $ 313 millones. Dentro de esto estaría pendiente el pago entre enero de 2017 y agosto de 2018 ($ 124,2 millones); pago de acciones de empresas eléctricas (116,7 millones) y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre los más importantes.

El prefecto reelecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, le dijo ayer a EXPRESO que a su provincia el Estado le adeuda $ 12 millones aproximadamente. El funcionario espera que en los próximos días haya un acercamiento entre las autoridades seccionales y los funcionarios de Finanzas para empezar a resolver esta brecha.

“Se conversó sobre la posibilidad de que la deuda se pague en bonos, sin embargo, eso tampoco ha prosperado hasta el momento y este incumplimiento sí dificulta la concreción de los planes”, señaló Guamán.

En junio pasado, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) le dijo a este Diario que el Gobierno le debe cerca de $ 100 millones, una parte es pro proyectos de reforestación y créditos no reembolsables.

Parte del retraso para concretar una reunión entre los representantes de los GAD y las autoridades gubernamentales fue la demora en la posesión de las autoridades seccionales por parte del Consejo Nacional Electoral en provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos. CRR

El detalle

Pedido. En un encuentro que se produjo en abril los prefectos ya solicitaron al presidente Lenín Moreno que se busque mecanismos para pagar la deuda.