El Estado avaló a una aerolínea en crisis
Plus Ultra ingresó al mercado cuando tenía pérdidas por $ 29,3 millones. Sus accionistas estarían vinculados con el régimen de Nicolás Maduro
No faltó pompa en el vuelo de inauguración: “Plus Ultra, con su ruta directa, acortará las distancias”. Con ese eslogan se anunciaba la llegada de la aerolínea española al país. Era el 12 de julio de 2019 y el Gobierno de Lenín Moreno impulsaba una política de cielos abiertos.
Dos años después, la compañía está en crisis. Si bien la pandemia influyó en esta situación, ya en 2019, cuando abrió la ruta Quito-Guayaquil-Madrid, acumulaba deudas por 29,3 millones de dólares, según los propios ejercicios fiscales de Plus Ultra, recogidos por la auditora española Audicar.
En Ecuador, sus problemas también comenzaron antes de la llegada de la COVID-19. En el primer año de operación reportó a la Superintendencia de Compañías ingresos por $ 2,6 millones, pero sus gastos fueron de 4,6 millones.
¿Quién es Plus Ultra y por qué logró operar en el país pese a que arrastraba problemas financieros desde su creación?
El primer detalle es que los permisos para volar por el cielo ecuatoriano los sacó en tres meses, según el memorando 009-2019 firmado por Pablo Galindo, presidente del Consejo Nacional de Aviación Civil.
El trámite comenzó el 28 de enero y terminó el 1 de abril de 2019. En ese documento se indica que la aerolínea pasó por un análisis técnico-económico.
La rapidez se explica porque el entonces embajador en España, Cristóbal Roldán, “impulsó desde enero de 2018” las negociaciones para que Plus Ultra recibiera luz verde, indica un comunicado de la Cancillería, con el que se anunció la llegada de la aerolínea. De hecho, en el vuelo de inauguración, Roldán participó como “primer pasajero de honor”. Para ese momento, la firma era conocida por realizar vuelos entre Madrid, Perú, Chile, Cuba y Venezuela.
El segundo detalle es justamente su relación con el régimen de Nicolás Maduro.
El presidente de Plus Ultra, Fernando García Manzo, apareció en 2018 en ruedas de prensa con altos funcionarios de Maduro. Entonces dijo que la firma tendría dos vuelos por semana entre Madrid y Caracas.
El interés en el mercado de ese país se debe a que los dueños de Plus Ultra son venezolanos. El 56,8 % de las acciones es de Snip Aviation, una sociedad compuesta por tres empresarios de ese país: Roberto Reyes Rojas, Roberto Roselli Mieles y Raif El Arigie Harbie.
Reyes Rojas, Camilo Ibrahim Issa y Alex Saab (testaferro de Nicolás Maduro) son accionistas de Group Grand Limited. En 2018 fueron citados por la Asamblea Nacional de Venezuela por una “trama de corrupción” dentro del programa de ayuda social, como son los Comités Locales de Abastecimiento de Alimentos.
El otro 44 % de Plus Ultra pertenece a dos venezolanos con problemas con la justicia. Se trata de Flavio Bórquez Tarff y Héctor Tobias Roye, quienes desde abril pasado son investigados por inteligencia de Estados Unidos por un presunto lavado de activos.
En 2018, cuando Plus Ultra comenzó a volar a Venezuela, los empresarios inyectaron 7,5 millones de dólares. El préstamo fue otorgado por Panama Corp, una casa de valores del sobrino de Ibrahim Issa, Mohamed Ibrahim, en donde se negocian bonos de deuda de Venezuela. Con ese flujo de capital evitaron la disolución de la aerolínea, que arrastraba deudas.
En España, en donde está su sede, la compañía reportó pérdidas en todos sus ejercicios anuales desde 2016, cuando llegó al mercado aéreo. Así consta en la denuncia que el eurodiputado Luis Garicano hizo ante la Unión Europea por el tratamiento preferencial del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos.
En la pandemia, funcionarios del Gobierno español, que hoy son investigados, entregaron $ 62,5 millones de un fondo de salvamento a Plus Ultra. El argumento de Garicano es que la firma no cumplía los requisitos: ser estratégica, estar en la capacidad para devolver los fondos y no estar en crisis.
En 2019 hizo 823 vuelos con sus cuatro aviones alquilados. Significa menos del 0,1 % de cuota del mercado español, según el diario El Mundo.
En Quito la firma es poco conocida. Registra una oficina en el norte. Este Diario visitó el sitio y en recepción se informó que lleva cerrada desde que comenzó la crisis del coronavirus, aunque desde julio pasado retomó dos vuelos semanales.
A partir de la pandemia sus operaciones fueron intermitentes en América Latina. Razón por la que en 2020 sus deudas totales fueron de $ 51 millones.
En Quito, sus únicos canales de comunicación son direcciones de e-mail. A través de esa vía, la compañía aseguró que sus problemas financieros responden a la pandemia y que en 2019 creció un 33 % en el mercado latinoamericano.
“Es importante destacar que, desde el punto de vista financiero, la compañía obtuvo en 2019 una facturación récord de más de 94 millones de euros ($ 110 millones), con un crecimiento del 47 % respecto a 2018”.
Sobre los nexos con el chavismo, la firma dice que los directivos son, en su mayoría, españoles y “algunos miembros del accionariado son venezolanos o tienen doble nacionalidad española-venezolana”.
POLÍTICA. En 2017, el entonces presidente Lenín Moreno declaró la liberalización del transporte aéreo. Se quitaron ciertas restricciones, como el límite al número de rutas
- 4,6 Millones fueron los gastos de Plus Utra en Ecuador en 2019. Sus ingresos fueron de 2,6 millones.
