Avanza, SUMA y la ID deben cuentas
Los tres movimientos políticos tienen que justificar el gasto del Fondo Partidario Permanente.
A tres organizaciones políticas se les acaba el tiempo para justificar compras y gastos inusuales que hicieron, en los últimos años, con el Fondo Partidario Permanente (FPP), recurso entregado por el Estado.
En la lista del Consejo Nacional Electoral (CNE) están los partidos políticos Avanza, SUMA e Izquierda Democrática (ID), a los que se les concedió un tiempo de 15 días para que presenten sus descargos. Ese plazo concluye en estos días.
La Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral encontró asuntos que no cuadran. Avanza, entre 2015 y 2016, habría usado esos recursos estatales para temas como la compra de alimentos, bebidas alcohólicas y videos relativos a la Navidad.
Al menos, $ 58.000 se destinó a la compra de juguetes, publicaciones de condolencias o la compra de televisores, cocinetas y tanques de gas, determinó la auditoría ejecutada por Fiscalización. Entre 2013 y 2016, Avanza recibió unos $ 3,7 millones del erario público.
Nada que ver con los fines del FPP establecidos en el Código de la Democracia que dispone que “estos fondos públicos serán utilizados exclusivamente para propiciar actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación, así como para su funcionamiento institucional”.
De los algo más de $ 500 mil que recibió la ID, entre 2017 y 2018, pudo justificar que más del 80 % de ese presupuesto fue utilizado en actividades previstas en la normativa. Sin embargo, hay un remanente sin justificar en el primer informe, que se habría destinado a la compra de enseres de cafetería o comida, entre otras cosas.
Javier Orti, presidente de Avanza, le dijo a EXPRESO que una parte de los descargos ya fue presentada y que paulatinamente entregarán lo demás. “Por bien hacer, las anteriores administraciones han presentado facturas de otros temas, pero no es que se ha hecho mal uso del Fondo Partidario”, dijo.
La consejera electoral Elena Nájera cuestionó si una vez que termine este plazo y si las organizaciones políticas no logran aclarar el siguiente paso es que el organismo electoral aplique sanciones. La directora de Fiscalización, Ana Francisca Bustamante, aclaró que cualquier proceso sancionatorio debe iniciar a nivel del Tribunal Contencioso Electoral.
En el caso de SUMA no adjuntó justificación del pago de personal para las capacitaciones, honorarios profesionales o viáticos para movilización entre 2017 y 2018. Este último año recibió $ 600 mil.
Guillermo Celi, excandidato a la Presidencia, aseguró que conformaron un equipo completo para contestar al CNE. “Son observaciones de forma, no de fondo, y en estos días se entregará la información. Nunca hemos sido sancionados y esta vez no será diferente”, señaló.
El CNE también revisó los informes económicos de Fuerza Compromiso Social, que mutó a Revolución Ciudadana; de los extintos Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y Movimiento Popular Democrático (MPD); del Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Creando Oportunidades (CREO). Estos superaron el sensor de Fiscalización electoral, pero a casi todos se les observó la falta de transparencia contable en sus páginas electrónicas, pese a que está estipulado en la ley.