Ay Pame reescribe las leyes

¿Archivó la Comisión de Fiscalización el juicio político contra el exministro de Energía Fernando Santos Alvite? Así pretende haberlo hecho su presidenta, la correísta Pamela Aguirre, luego de una enrevesadísima sesión en la que ella y los suyos se quedaron solos, sin cuórum y chupando un palo. “La Comisión de Fiscalización NO APROBÓ el juicio político”, escribió en un tuit con mayúsculas vociferantes. Y en un comunicado de dos páginas dijo que “el día de hoy se avocó conocimiento del juicio político en contra de Fernando Santos Alvite, mismo que no fue calificado”. Eso significa, según su compañero de bancada y de Comisión Lenin Barreto, que el juicio político “quedó en el limbo” y, por tanto, archivado.

En realidad eso no ocurrió, como pueden certificar los cinco legisladores que abandonaron la sesión, pero serán el tiempo y las mañosas circunstancias del pacto secreto entre correístas, socialcristianos y oficialistas los que digan la última palabra. Porque un juicio menos en carpeta solo significa acortar los tiempos para la destitución de la fiscal Diana Salazar y avanzar un paso hacia la tan anunciada “venganza personal” del correísmo que, como se sabe, “será contundente”. Y eso, en el pacto, pesa mucho.

Lo de Pamela Aguirre fue un intento de tomar el cielo por asalto. Quiso quitarse de en medio, con una sola jugada, los seis juicios políticos pendientes de la legislatura anterior, que amenazan con retrasar aún más sus prioridades, y convocó a la Comisión para empezar, directamente, el tratamiento de los tres correspondientes a esta nueva Asamblea: el de Fernando Santos, el del exministro del Interior Juan Zapata y, avanzando raudo y veloz desde el noveno puesto hasta el tercero, el de la fiscal Diana Salazar. No ayudaron las confusas prioridades del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que decidió remitirle primero los expedientes de los tres juicios nuevos y esperó literalmente hasta el último día para enviarle los de los seis anteriores, cuando la sesión para dar trámite al de Fernando Santos estaba prácticamente por empezar. Y como Pamela Aguirre es de aquellos legisladores que mascan chicle y no caminan, el orden de los factores le hizo pelar cables. O eso dijo.

En realidad, no había dónde perderse: la Comisión está obligada a conocer los juicios políticos en el orden en que fueron aprobados. Así lo dispone la ley. Y un dictamen de la Corte Constitucional recuerda a los asambleístas que son responsables políticos de sus acciones y omisiones. Fue precisamente ese dictamen el que la fiscal Salazar les dejó caer como quien no quiere la cosa en una carta que empezó a circular en la Asamblea a esas horas y que el expresidente prófugo, tan sensible como es a las decisiones judiciales, calificó como una amenaza velada. Se desató el debate en la sesión y el temor de los asambleístas a perder sus escaños parlamentarios hizo su parte: la Corte Constitucional es el único organismo al que todo servidor público reconoce el poder de removerle de su cargo. Cuando Pamela Aguirre desoyó el criterio de someter el asunto al Pleno de la Asamblea y sometió a votación una moción del correísmo para iniciar el juicio político contra Santos Alvite, cinco legisladores huyeron del cuco constitucional como alma que lleva el diablo.

La moción era sorprendente. Incluía un proyecto de resolución que decía: “Una vez que esta Comisión ha avocado conocimiento, ha dado cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales y ha verificado el cumplimiento de requisitos”, procede a la calificación del juicio político contra Santos Alvite. Pero resulta que si algo no hizo la Comisión en esta sesión ni en ninguna otra es, precisamente, avocar conocimiento, cumplir las disposiciones legales y verificar el cumplimiento de los requisitos” de la solicitud de juicio político. El resultado final de la votación, en medio de la cual la sesión se quedó sin cuórum pero aún así Pamela Aguirre se empeñó en proclamar, fue de cuatro asambleístas por el sí y cinco ausentes. Según ella, eso significa que el juicio quedó archivado. El procedimiento parlamentario se reescribe en estas aulas.