¡Ay, Pamela, no te rajes!

¿Se desinfla el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld? Este sábado concluye el plazo para aprobar el informe que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea deberá remitir al Pleno con sus recomendaciones. Pero hasta la fecha no se ha avanzado nada. La presidenta Pamela Aguirre, todavía preocupada por el seguimiento del juicio político anterior, el de Wilman Terán, mantiene completamente descuidado el próximo, es decir: el actual. El tiempo corre y ella no ha convocado una sola sesión para tratarlo. 

Pendientes están la práctica de la prueba, la recepción de testimonios, las comparecencias con sus respectivos interrogatorios, la defensa de la acusada, que puede tomarse una tarde entera, el debate y la redacción del informe. Para cumplir esas tareas quedan tres días: dos, si se considera que este miércoles 24 el Pleno sesiona en Guayaquil y no podrá reunirse la mesa de Fiscalización. Todo parece indicar que esta pelea, que debió ganarse desde el primer momento, se perderá por abandono.

Esta claro que el correísmo no quiere hacer olas con un asunto tan vergonzoso. Vergonzoso, sí, porque si el expresidente prófugo quedó como un adulón por haber sugerido aquella peregrina idea del bloqueo del puerto de Guayaquil por México como represalia por la toma de su embajada en Quito (lo que ni siquiera se le pasó por la cabeza a López Obrador se le ocurrió a este enfermo), si por semejante ocurrencia se llegó a plantear la acusación de “traición a la patria”, lo que la Comisión de Fiscalización se disponía a hacer sobrepasaba todos los límites de la tolerancia del patriotismo criollo. Quizá no es una casualidad que no les alcance el tiempo.

Basta con revisar la lista de comparecencias que tenían programadas y las pruebas que pensaban traer para someter a Sommerfeld (todavía lo pueden hacer, tienen dos días): presentación vía teleconferencia de la ministra mexicana de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aquella que propone la expulsión del Ecuador de las Naciones Unidas y continúa exigiendo la entrega de un delincuente sentenciado, el exvicepresidente Jorge Glas; presentación de la exembajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, quien cometió la grosería de declarar huésped de su embajada a un prófugo de la justicia acusado de delitos contra la fe pública (la leyenda urbana difundida en pasillos por fuentes diplomáticas quiere que Serur lloraba del despecho por lo que consideraba una arbitrariedad de su gobierno, desafuero que ella se veía obligada a aceptar por cuestiones de obediencia: con un poco más de dignidad y un tanto menos de lágrimas de cocodrilo, habría renunciado); comparecencia de Roberto Canseco, el hombre que quedó a cargo de la sede diplomática tras la salida de Serur y fue el primero que habló de secuestro para referirse a la captura de un prófugo de la justicia. 

PRUEBAS

En cuanto a las pruebas, la Comisión tenía pensado solicitar, entre otras cosas, los videos de las cámaras de seguridad de la embajada que registraron el ingreso de la fuerza pública ecuatoriana la noche del 5 de abril.

En resumen: tal como se había planteado este juicio político, el caso del correísmo contra Gabriela Sommerfeld terminaba siendo idéntico (las mismas pruebas, los mismos testimonios, las mismísimas razones…) que el caso de México contra Ecuador en la Corte de La Haya. ¿Es la única manear de plantearlo? ¿Está dispuesto el correísmo a asumir el costo de ser la fuerza política que, en esta disputa internacional, asume por completo los argumentos del adversario contra su propio país? La demora en los trámites del juicio político contra la canciller parecen indicar que no. Con un agravante: la proponente del juicio es nada menos que la fundamentalista y abrumadoramente poco perspicaz integrante de la bancada correísta Jahaira Urresta, conocida en el Pleno por su incapacidad de leer dos frases escritas sin cometer cuatro errores. Y difícilmente se puede esperar de semejante firma un mínimo de delicadeza en la conducción de un asunto tan espinoso y lleno de matices.

Oportunidad desperdiciada. Porque someter a juicio político a la canciller que participó en la toma de la embajada de México (un acto arbitrario e ilegal que avergüenza al país ante la comunidad internacional) es un acto de elemental justicia. Ya que Gabriela Sommerfeld no tuvo la decencia de renunciar tras semejante barbaridad, justo es censurarla y destituirla. Pero el correísmo es la fuerza política menos indicada para plantearlo. Primero, porque comparte intereses con el enemigo. Segundo, porque es incapaz de reconocer que Jorge Glas es un corrupto sentenciado que debe estar tras las rejas (el no haber concedido un salvoconducto al exvicepresidente es, de hecho, una de las absurdas acusaciones que plantea Urresta). Que Sommerfeld sea enjuiciada en la Asamblea por el correísmo es como si lo fuera por Andrés Manuel López Obrador. Y eso es más de lo que el país puede permitir.