La balanza de la Judicatura, en riesgo por cargos a vocales
Abogados creen que los sospechosos deberían dar un paso al costado o pedir licencia. Este jueves irán a audiencia por posible tráfico de influencias
Antes de la llegada de Wilman Terán a la presidencia del Consejo de la Judicatura en el pleno del organismo la mayoría de resoluciones se adoptaban con el voto del titular encargado Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno.
La elección de Terán como vocal y presidente de la Judicatura dio paso a una nueva mayoría integrada por Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno. Ahora podría tambalear.
Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia sobre otros servidores para fallar en una causa. La Fiscalía realiza un trabajo técnico.
¿La razón? Barreno es una de tres sospechosos del presunto tráfico de influencias. Con ella la Fiscalía investiga desde junio de 2022 a Juan José Morillo y al expresidente de la Corte de Pichincha Wladimir Jhaya. La Fiscalía presentará cargos para los tres este jueves a las 10:00 en la Corte Nacional de Justicia.
La semana pasada la fiscal Diana Salazar anunció que la investigación inició el 15 de junio de 2022. La acusación se sustentará con evidencias como el testimonio de una funcionaria.
Jamás he abusado de mi cargo para influenciar sobre terceros en beneficio personal ni de otros, sino que por el contrario he impulsado y promovido proyectos técnicos y modernizadores.
La fiscal dijo que piensa sentar un precedente para que en el futuro no se vuelva a utilizar las instituciones del Estado para tomarse el poder.
El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, y el penalista guayaquileño Jorge Luis Sánchez creen que los investigados sí deberían dar un paso al costado o pedir licencia. Si es que eso ocurre deberían asumir los suplentes y podría rearmarse una nueva mayoría. Pero eso aún es incierto.
Dos vocales de la Judicatura serán procesados por tráfico de influencias
Leer másDesde el inicio de la investigación he prestado toda mi colaboración a la Fiscalía para que realice su trabajo. En esa línea de respeto a la institucionalidad, seguiré el debido proceso.
Ambos reconocen que quizás los involucrados no lo harán. Ocaña admite que esa es decisión de ellos y cree que no ocurrirá porque el momento que lo hacen se desprotegen de la autoridad que tienen y por estrategia se quedarían en el Consejo.
Sánchez opina que es complicado que dos vocales, representantes del órgano administrativo y disciplinario de la Función Judicial, se encuentren mencionados o involucrados en ese tipo de ilícitos en particular.
Aunque reconoce el derecho a la presunción de la inocencia cree que “no es menos cierto que ellos, al estar procesados, van a tener que dedicar tiempo y esfuerzos a defenderse, más allá de que le corresponde a Fiscalía demostrar que son culpables”.
Lo que a Sánchez le llama la atención son los tiempos en los que se anuncia el procesamiento. Barreno estuvo en una disputa contra la Fiscalía porque la fiscal Salazar le concluyó la comisión de servicios y la Judicatura anunció el concurso para fiscales provinciales que fue rechazado por la fiscal Salazar. Añade que es cuestionable y deja un sinsabor “que pasen este tipo de pugnas entre dos entes... es curiosa la coincidencia”. Pero insiste en que si existe un delito debe ser investigado.