El beneficio de la inmunidad alcanza al tablero legislativo

Más sorpresas. Después de que el país cerrara la noche de este domingo 23 con 19 precandidatos a la Presidencia de la República, la lista de asambleístas nacionales y provinciales de los partidos también ha dado de qué hablar, especialmente por la presencia de figuras que enfrentan procesos judiciales o que fueron investigadas tras denuncias de corrupción.

Este es el caso del exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, quien el pasado 14 de agosto fue condenado a nueve años de prisión por el plagio ocurrido en Colombia en contra del activista político Fernando Balda. Romero fue extraditado desde España en febrero de este año y permanece en una cárcel de Quito.

Sin embargo, eso no ha impedido que el partido Centro Democrático, que cobija a los simpatizantes del expresidente Rafael Correa, lo postule como asambleísta nacional para los comicios de 2021, lo que, de ser oficializado, le da inmunidad ante la llegada de una sentencia ejecutoriada durante el desarrollo de la campaña electoral. Un beneficio que ha sido cuestionado ya por juristas y expertos electorales ante la proliferación de candidatos con procesos judiciales como es también el caso de Rafael Correa o el presidenciable de Pachakutik, Yaku Pérez.

Algo similar sucede con el expresidente Abdalá Bucaram, quien enfrenta tres procesos judiciales sin sentencia a raíz de un allanamiento en su vivienda realizado a inicios de junio por denuncias de corrupción relacionadas con la venta con sobreprecio de insumos médicos a hospitales de Guayaquil. Los delitos por los que se lo investiga son: tráfico de armas, tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada. Este último por su vinculación con el asesinato del israelí Shy Dahan en la cárcel de Guayaquil.

Precisamente este 24 de agosto, un juez de la sala de lo Penal de Pichincha le negó el recurso de habeas corpus que impuso la defensa del ex primer mandatario, por lo que seguirá en arresto domiciliario.

Además de ellos, la lista de candidatos de varios partidos se nutre de figuras que han sido investigadas judicial y políticamente como es el caso de la exlegisladora por la Revolución Ciudadana Sofía Espín, quien fue destituida por la Asamblea a finales de 2018 por “incompatibilidad de funciones” al visitar a la exagente de Inteligencia, Jéssica Falcón, implicada en el secuestro de Fernando Balda.

En la lista de Guayas por Centro Democrático también consta la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, quien fue investigada por asociación ilícita, relacionada a su supuesta vinculación con los hechos violentos durante la protesta nacional de octubre del año pasado. En junio pasado fue sobreseída por una jueza de Durán.

El exgobernador del Guayas, Roberto Cuero, también aparece en la lista de candidatos provinciales. Cuero fue separado de la Gobernación en 2012 tras denuncias de corrupción relacionadas a la gestión de las comisarías de la provincia. También fue investigado por abuso de autoridad por haberse negado a retirarse de un bar con una de las excomisarias de Policía de Guayaquil.

EN DETALLE

La Ley. Los candidatos, de acuerdo a la ley, no pueden ser enjuiciados ni privados de su libertad durante la realización de los comicios, tal como lo recogió EXPRESO a inicios de agosto. Expertos aseguraron que la figura debe ser reglamentada para evitar abusos.

Otras figuras. En las listas del Partido Social Cristiano constan los nombres del concejal de Guayaquil Luis Almeida, el exgerente de la ATM, Andrés Roche, y de la cantante Hilda Murillo. Por Unidad Popular va Mery Zamora y la exgobernadora del Guayas, Juana Vallejo, para el Parlamento Andino por Democracia Sí.