Un blindaje que se resiste a las modificaciones
La Constitución se acerca a los 14 años, entre críticas. Los cambios ejecutados han sido más ‘cosméticos’ que de fondo
Una hoja de ruta modificable. A la voz de consulta popular, el Ejecutivo saca del cajón ocho preguntas que, de contar con el apoyo ciudadano, modificarán por quinta ocasión la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008 durante el mandato de Rafael Correa. Esta carta magna fue promocionada como una baraja de derechos y garantías constitucionales que responderían por los más vulnerables; pero también se utilizó como una vía para intentar controlar a críticos y medios de comunicación incómodos para el Gobierno, a través de leyes como la de Comunicación, cuya construcción y aprobación se dispuso en esa Constitución.
No fue lo único. También promovió la creación de organismos que nacieron (o se hicieron) complacientes con el Ejecutivo de turno, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Una Constitución que cumplirá 14 años de vigencia el próximo 28 de septiembre y que, a través del recurso de la consulta popular y referéndum, ha sido sometida a varias modificaciones. La primera fue tres años después de promulgada con un referéndum que, al tener el respaldo popular, introdujo cambios significativos en la estructura del sistema judicial (como parte de lo que se conoce como la “metida de mano a la justicia”), modificó la temporalidad de la prisión preventiva y creó la Superintendencia de Comunicación (Supercom) para “regular” los contenidos de los medios de comunicación.
“Los cambios que se han hecho a la Constitución, por la cual no voté e hice campaña en contra, tienen un carácter presidencialista tan fuerte que cualquier enmienda no deja de ser meramente cosmética”.
Cuatro años después de este primer cambio, en diciembre de 2015 la Asamblea Nacional, tras un largo debate, aprobó 15 reformas constitucionales promovidas por el correísmo. Con estas, entre otras cosas, se declaró a la comunicación como un servicio público. También, dio luz verde a las autoridades de elección popular a la reelección indefinida. Dos años más tarde, en 2017, con el eco de los Panama Papers como excusa, el Gobierno de Correa optó, una vez más, por la consulta popular para proponer un “pacto ético” que prohibía que funcionarios públicos y de elección popular tengan sus recursos en los denominados paraísos fiscales, dando un plazo para que regresen al país sus inversiones.
Algunos cambios tuvieron vida corta. En 2018, el presidente Lenín Moreno convocó un referéndum y consulta popular para derogar algunas de las reformas introducidas en la estructura constitucional, y añadir unas cuantas más. Logró, con más del 67 % de votos a favor, echar abajo la reelección indefinida, a más de establecer que los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes no prescriban. Entre las que se incluyeron, estaba el llamado a modificar la carta magna para sancionar a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación en la política del país.
Todo este historial de introducciones, aumentos y anulaciones no es materia de peso para considerar que la Constitución de Montecristi ha sufrido cambios sustanciales. Así lo considera Ruth Hidalgo, abogada y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana (PC).
“Sí, es verdad que ha existido uno que otro referéndum, pero estos no han significado un cambio sustancial o de fondo en la Constitución de 2008. Hubiese sido significativo ir a una reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y no ha sido así”, analizó Hidalgo. Añadió que es justamente esa entidad la que “se ha convertido en un botín político, porque el partido que se apodera de esta toma posesión de los organismos de control del país”.
“La idea del garantismo y el catálogo amplio de derechos que se vendió en Montecristi, siguen intactos desde su formación. Solo han sido manoseados por las administraciones de turno a su conveniencia”.
Así mismo, Ismael Quintana, especialista en derecho constitucional, le dijo a EXPRESO que lo modificado a través de plebiscitos solo trastocó la parte orgánica de la carta magna, mas no la dogmática, “esa en donde se establecen los principales derechos y garantías de los ciudadanos”.
Es más, enfatizó que “la idea del garantismo y el catalogo amplio de derechos que se vendió en Montecristi” siguen intactos desde su formación. Solo ha sido “manoseada” por las administraciones de turno a su conveniencia o “al vaivén de lo que suena en la política en ese momento, quitando y atribuyendo funciones a entidades”.
Para Lenin Hurtado, exasambleísta constituyente, las enmiendas promovidas por el correísmo y aprobadas en 2015 “sí tuvieron una clara intención de cambiar el espíritu de la Constitución de Montecristi”. Sin embargo, esto no se consumó debido a su derogatoria en 2017. En este escenario, enfatiza que es necesario que se entienda que la Constitución no es, por sí sola, un elemento de transformación, como algunos lo ven. Es un instrumento, y como todos los instrumentos debe estar en las manos adecuadas para que con esta se construya. “Si no son las adecuadas, esas manos seguramente harán todo lo contrario”.
“Si hay aspectos que podrían mejorar la Constitución, obviamente los integrantes de la Comisión los apoyarían. Hemos sido muy respetuosos y minuciosos en los debates, pensando en el país y no en los partidos”.
En la Asamblea Nacional también se procesan algunas enmiendas a la Constitución que podrían modificarla. La Comisión Ocasional de Enmiendas espera el retorno del receso legislativo para volver a sesionar y enviar algunos informes al presidente Virgilio Saquicela para que los ponga a consideración del Pleno.
Su presidenta, Isabel Enríquez (Pachakutik), recordó que la enmienda que planteaba cambiar la forma de elección del presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, propuesta por el exasambleísta Washington Paredes, fue archivada a inicios de este año.
El exlegislador Héctor Muñoz propuso un cambio para que los votos necesarios para que la Asamblea se ratifique frente a una objeción parcial del Ejecutivo sean de mayoría absoluta, es decir 70, y no con las dos terceras partes (92) como es ahora. El informe está listo para primer debate y también sugiere el archivo.
Un tercer planteamiento busca modificar las potestades y competencias de la Asamblea en la discusión y aprobación del Presupuesto General del Estado. Esto es solicitado por el exasambleísta por Imbabura Marcelo Simbaña. El objetivo es que el Legislativo tenga un papel más relevante en la revisión del presupuesto.
El legislador Marlon Cadena, jefe de bloque de la Izquierda Democrática (ID) e integrante de la Comisión Ocasional de Enmiendas, le dijo a EXPRESO que por ahora, desde la Asamblea, no se han aprobado enmiendas que puedan modificar el fondo de la Constitución de 2008, teniendo en cuenta que una ya fue archivada y otra va por el mismo camino.
“Ahora que vamos a tener una consulta popular se actualiza el debate sobre la conveniencia o no de mantener la actual Constitución. Hay voces críticas que han planteado ir a una constituyente, entonces es un buen momento para avanzar en lo que ya está en la Comisión y pensar en lo que puede venir con la consulta popular”, señaló Cadena.
