Bloque de Seguridad cambia estrategia en Durán tras fracasos por la paz

“Vamos a realizar otro tipo de operativos que serán más contundentes y que irán directamente contra las organizaciones delictivas”, enfatizó Roberto Santamaría, jefe policial del distrito Durán, al ser    consultado sobre los recientes hechos violentos en ese cantón de la provincia del Guayas.

En la madrugada del 16 de octubre, 250 uniformados participaron en un megaoperativo que constató y desactivó sistemas de cámaras de videovigilancia por parte de las organizaciones delictivas. En la intervención se incautó armas, municiones, sustancias ilícitas y hubo  tres aprehendidos.

Desde 2022, el cantón ha ganado notoriedad internacional por los macabros sucesos registrados (revisar infografía), lo que ha obligado a replantear las estrategias de seguridad aplicadas. Santamaría reconoció que con operativos de control y militarización no se recuperará la paz, y destacó que se debe trabajar desde la complejidad del problema.

Por ahora, existen dos objetivos: el primero es reducir los índices de violencia y delincuencia; el segundo, mejorar la percepción de seguridad ciudadana. Sin embargo, señaló que el trabajo no depende únicamente de ellos.

“El Estado no puede competir con economías criminales que pagan hasta $ 3.000 mensuales a menores por cometer delitos, por más becas que ofrezcamos... La solución es de todos: la Asamblea, los sistemas de control en la justicia para eliminar la corrupción. Son varias intervenciones en diferentes frentes... Luego vendrá la prevención del delito y la unión de todas las instituciones del Estado”.

John Garaicoa, experto en seguridad ciudadana, sostiene que se debe involucrar al sector empresarial privado para fomentar programas comunitarios que promuevan la vigilancia y la participación vecinal. ¿La razón? Por la    desconfianza de las personas en el sector público y la falta de garantías de seguridad.

“Podrían ser programas educativos con escuelas de valores cívicos. Involucrar a la comunidad mediante un diálogo abierto. Establecer canales de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía para escuchar sus preocupaciones y sugerencias”, explicó.

¿Hay esperanza para cambiar la realidad en Durán?

Por su parte, Diego Pérez, experto en seguridad y defensa pública, resaltó que es necesario devolver la esperanza y una expectativa real de cambio a los habitantes. En este aspecto, enfatizó la necesidad de implementar acciones que demuestren un verdadero interés por el ciudadano común y sus preocupaciones.

Sostiene que para lograrlo hay que entender que estos problemas no se resuelven de forma inmediata. Sin embargo, si el Ministerio de Finanzas prioriza la entrega de recursos no solo al área de seguridad, sino también a las entidades que la complementan, se podrán acercar los resultados anhelados.

“Es un mix entre el Gobierno, los ciudadanos y el sector privado. Hay que volver a construir espacios de confianza social, quizás fomentando ‘manzanas seguras’ para que la gente pueda trabajar. También podrían ofrecerse terapias psicológicas o al menos sesiones de escucha. Algo tangible que muestre una verdadera atención o empatía”.

No obstante, Santamaría identifica la confianza como uno de los principales problemas en la sociedad, ya que los delitos de extorsión, secuestro y corrupción han intimidado a los habitantes. Su estrategia es implementar medidas que fueron efectivas en el distrito Nueva Prosperina, el punto más violento de Guayaquil en el 2022.

“La eficacia de los operativos se basaba en la denuncia anónima. Pero en Durán vemos que no solo van contra los miembros de la organización delictiva contraria, también atacan a la población. Por ejemplo, una de las últimas muertes fue de ciudadanos que simplemente estaban en su camino: eran cuatro tricimoteros y un indigente”.

Por ello, insiste en que los organismos de control deben intervenir para verificar que las autoridades no mantengan vínculos con grupos delictivos, ya sea por financiamiento o complicidad en la comisión de delitos. Esto permitiría tender puentes con la ciudadanía, mostrarse como entidades confiables y generar una perspectiva de futuro saludable.

La meta es que en tres meses este nuevo sistema esté completamente implementado, para en diciembre realizar una primera evaluación y medir los resultados obtenidos del trabajo realizado.

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