El Cabildo exige seguridad; el Gobierno cede

Tras un vaivén de desacuerdos entre el Gobierno central y el Municipio de Guayaquil, el plan ‘Más Seguridad’ se ejecutará tal como lo propuso el cabildo porteño. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, cedió a las exigencias de la alcaldesa Cynthia Viteri, de que el convenio de cooperación interinstitucional se firme bajo los protocolos propuestos por su equipo.

Durante una rueda de prensa en el Cuartel Modelo de Guayaquil, en la que estuvo rodeada de miembros de la cúpula policial, Romo dijo que solo espera que se defina el día y la hora para reactivar el plan ‘Más Seguridad’, que fue eliminado hace once años por el régimen de Rafael Correa.

La secretaria de Estado manifestó que, una vez puesto en marcha el plan, se evaluarán los resultados de manera conjunta para determinar si están o no funcionando los protocolos de seguridad de la Alcaldía.

“En el momento en que esté listo, ese convenio se firmará. Incluso me atrevo a decir que, con independencia del convenio, estamos dispuestos a coordinar operativos entre los agentes municipales y la policía, en el momento en que nos digan que empezamos a trabajar”, resaltó Romo. Ella, dijo, no quiere seguir alimentando la polémica suscitada con la personera municipal.

“No creemos necesario polemizar sobre este tema. Lo que debemos hacer es llegar a acuerdos sobre cómo podemos trabajar mejor para la seguridad de Guayaquil. Si hay mejores protocolos que aplicar, los vamos a aprender para poderlos aplicarlos en todo el país”, recalcó la ministra. No cree que el tema de los protocolos deba convertirse en un impedimento para llevar adelante un plan coordinado.

Las discrepancias entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil surgieron hace un par de semanas, una vez que comenzaron a discutirse los protocolos de seguridad que se usarían para el manejo del plan. Aquello estancó y truncó la firma del convenio, que está prevista para el pasado 25 de julio, por las fiestas julianas.

Viteri argumentó que el cambio de los protocolos del Gobierno por los municipales responde a que estos “no han servido”. Al respecto, el gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, aseguró hace dos días que los protocolos que usa el Ministerio del Interior son internacionales y que es allí donde surgió la disconformidad.

El discurso de Ledesma cambió ayer. No habló de desacuerdos ni distanciamientos con el Cabildo, sino de un mal entendido por esa costumbre que se tiene de querer gobernar vía Twitter. “Siempre tuvimos la voluntad de firmarlo. Vamos a revisar el último borrador y ponernos de acuerdo. Nosotros estamos listos, esperamos que nos digan día y hora para firmar el documento. No vamos a polemizar, sino a conseguir mejores resultados”, aclaró.

Sus declaraciones se dieron al mismo tiempo en que la alcaldesa Viteri recordaba, antes del inicio de la sesión de Concejo, que la firma del convenio no se dio porque un día antes (24 de julio), el entonces Ministerio del Interior envió un nuevo documento con los protocolos del plan que no habían sido socializado en las reuniones previas entre entidades de defensa, del Estado y del Municipio. Asimismo, se refirió al mensaje en la red social Twitter que lanzó ayer la ministra Romo, quien escribió que en Guayaquil el Estado cooperará para que el Municipio, en un manejo integral de la seguridad, dé tranquilidad a los guayaquileños.

“Las conversaciones se retomaron hace 24 horas y nos dijeron que estaban de acuerdo con el convenio inicial. Y ¡oh sorpresa!, ayer, con absoluta mala fe, un mensaje escrito de la ministra del Interior nos decía que estaba lista para firmar, para que el Municipio se haga cargo de la seguridad integral de la ciudad, competencia que es constitucionalmente exclusiva del Estado”, sostuvo.

En el tuit, Romo también aseguró que con Quito, en materia de seguridad, se comprometieron a que el Cabildo aporte con el mantenimiento de Unidades de Policía Comunitarias (UPC), nuevas cámaras y algunos proyectos piloto.

“Quieren implementar un plan piloto en la capital, un jueguito, un inicio, cuando a las mujeres y hombres los siguen matando, asesinando y violando. Eso no es lo que merece el Ecuador”, apuntó Viteri.

En cambio, Romo explicó que con el convenio se busca recuperar la relación de cooperación municipal en seguridad, pero en la medida de las necesidades y proyecciones de cada gobierno seccional. En el caso de Quito existen proyectos de economía nocturna que implican regularizar los horarios de funcionamiento de lugares de diversión, con la ayuda de la Intendencia de Policía. En Cuenca se trabajaría con el área turística. Y en Guayaquil también se podría apoyar este campo.

No obstante, más allá de los desacuerdos entre Estado y Cabildo, los medidores delincuenciales ofrecen datos poco alentadores para Guayaquil. La Fiscalía del Guayas, en su registro de denuncias por robo en la ciudad, tal como publicó hace tres días este Diario, delata un incremento de 2.500 casos con relación al año pasado, pese a que el 2019 no concluye. De igual manera, las cifras de asesinatos y femicidios registran números cercanos al total del año pasado.

“En este tira y jala, quien ha pagado los platos rotos son los ciudadanos de a pie, los que no tenemos guardaespaldas, los que andamos implorando protección divina cuando salimos de casa. Estamos a merced de la delincuencia organizada, que supera la fuerza policial”, comentó Gelacio Mora, representante del Tejido Social de Guayaquil.

Jorge Villacreses, experto en seguridad, cree que la demora en la firma del acuerdo se debe a que el Municipio está requiriendo competencias que constitucionalmente le corresponden al Ministerio de Gobierno y a la Policía, encargada de la seguridad interna. Además, dijo que tampoco se conoce a fondo el marco del convenio.

Decomiso de armas

Más de 5.000, a destrucción

El decomiso de armas de fuego en los operativos militares evidencia que, aunque está prohibido su porte, hay miles que son utilizadas para delinquir.

Un arsenal de 5.387 armas decomisadas, incautadas y entregadas voluntariamente entre 2018 y abril de este año, será destruido hoy en los hornos de la empresa Acerías Nacionales del Ecuador (Andec), en el sur de Guayaquil. La mayoría de ellas fueron halladas en poder de integrantes de bandas criminales detenidas en la Zona 8, que integran Guayaquil, Durán y Samborondón. Otra parte se encontró en poder de los presos durante las requisas a los centros de rehabilitación social.

El cargamento está compuesto por pistolas, revólveres, rifles, carabinas, escopetas, subametralladoras, ametralladoras y fusiles, decomisados en las operaciones policiales y militares de control de armamento.

La fundición se hará de conformidad con lo que manda el artículo 4, literal b, numeral 5, del Reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, que ordena su destrucción luego de 90 días de haber sido incautados o decomisados.

Al evento de hoy asistirán, entre otros, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; la ministra del Interior, María Paula Romo; y delegados de la Fiscalía. RTG

El trabajo de la Policía

Los operativos aumentaron

La ministra María Paula Romo reveló resultados en materia de seguridad, en lo que va del año. Dijo que se han realizado 316.638 operativos, 4.552 personas han sido detenidas por delitos, 1.047 por boletas de captura, 179 bandas desarticuladas, 657 armas de fuego sacadas de la calle, 559 vehículos y 381 motos recuperados, 8.370 motos retenidas por la ordenanza municipal, y 5,1 toneladas de drogas incautadas.

En comparación con el año anterior, dijo, los operativos se incrementaron.

Para Romo es importante esta información, que revela todas las responsabilidades que tiene la policía en materia de seguridad. “Hay más servidores policiales y el porcentaje más alto se encuentra en Guayaquil, con lo cual el trabajo da mejores resultados”, manifestó.

Ramiro Ortega, comandante de Policía de la Zona 8, informó que se está atacando la problemática de robo a personas, que se concentra en Guayaquil, motivada por la masificación de ciudadanos en el ámbito residencial, económico, financiero, turístico y estudiantil. Los operativos han permitido la detención de 222 personas, incautación de tres armas de fuego y 226 kilos de cocaína, 21 allanamientos, entre otros logros.