PAMELA AGUIRRRE MESA DE FISCALIZACION
La correísta Pamela Aguirre preside la mesa de Fiscalización.LA ASAMBLEA NACIONAL

El CAL aceptó a trámite el juicio político contra Gian Carlo Loffredo y Mario Godoy

la Secretaría General remitirá las solicitudes, junto con la documentación correspondiente, a la Comisión de Fiscalización

Tendrán que rendir cuentas ante el Legislativo. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional aceptó a trámite, este 31 de diciembre, las solicitudes de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, y Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa.

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La decisión fue anunciada a través de un comunicado oficial, en el cual se detalla que el proceso, en el caso de Loffredo, se enfocará en exigir respuestas por la muerte de los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil, quienes fueron asesinados tras un operativo militar.

El CAL señaló que el Ministerio de Defensa tiene la responsabilidad de rendir cuentas tanto al país como a los familiares de los menores por este trágico caso. Además, informó que la Secretaría General remitirá las solicitudes, junto con la documentación correspondiente, a la Comisión de Fiscalización para dar inicio al trámite respectivo.

Este pronunciamiento del Consejo Legislativo se produjo horas después de que la Fiscalía anunciara este 31 de diciembre que las pericias de genética forense confirmaron que los cuatro cuerpos encontrados en Taura, Naranjal, el pasado 24 de diciembre, corresponden a los cuatro menores desaparecidos tras un operativo militar realizado el 8 de diciembre.

Aceptan a trámite el juicio político contra Godoy 

Asimismo, el CAL aceptó a trámite la solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, presentada por los asambleístas de la bancada de Construye, Jorge Peñafiel y Camilo Salinas. Lo acusan de un posible incumplimiento de funciones por vulnerar el principio de independencia judicial, al presuntamente intimidar y amenazar a la jueza Nubia Vera Cedeño.

La jueza denunció haber sido presionada para emitir una sentencia desfavorable en la acción de protección interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad, con el objetivo de dejar sin efecto la suspensión por 150 días sin sueldo que le aplicó el Ministerio del Trabajo el pasado 8 de noviembre.

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