Una calma temporal, tras el traslado de 135 presos
En la Cárcel de Cotopaxi siguen los familiares esperando las noticias
El mismo día que hubo la matanza en Latacunga, Édison David Toapanta cumplió su sentencia de 15 meses de prisión por la tenencia y tráfico de 10 fundas con cocaína, que pesaban 24 gramos.
Su esposa y su madre lloraban detrás de las rejas mientras juntaban sus manos y hacían plegarias en voz baja.
Narcotráfico, inseguridad, corrupción y disputa de bandas. Son palabras que las autoridades repiten afuera de la cárcel, pero para las familias que esperan con el alma en vilo no significan nada. Solo desean saber cómo están sus hermanos, padres, hijos o esposos.
“No sabemos nada. Nadie dice nada. Solo que nos digan si están bien, si están heridos”, repetía la esposa de Édison Toapanta afuera de la Cárcel de Cotopaxi. Contra su pecho comprimía una carpeta con los papeles de su esposo. Reclamaba que han pasado dos días desde que cumplió la pena y no le han dado la boleta de libertad.
Oficialmente, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) habla de 16 presos asesinados con disparos y armas blancas, como machetes. Entre estos, Leandro Norero, presunto financista de la banda que lo asesinó, Los Lobos, y supuesto lavador del dinero del narcotráfico.
Aunque el motín estuvo dirigido por Los Lobos en contra de Norero, otros presos reaccionaron de forma desesperada. Intentaron huir.
Para contener la violencia, el SNAI informó este 5 de octubre de 2022 del traslado de 135 personas privadas de la libertad a otros centros carcelarios. Se conoció que los dos hermanos de Norero solicitaron habeas corpus y alegaron que sus vidas corren peligro. La audiencia todavía no se da.
Defensores gestionan las prelibertades
La Defensoría del Pueblo activó un servicio de atención para las familias de los presos. Los funcionarios dan asistencia jurídica para quienes necesitan tramitar la prelibertad o los que han completado sus sentencias y requieren impulsar las boletas de excarcelación. Un grupo de defensores trabaja afuera de la Cárcel de Cotopaxi y otro tiene oficinas en Latacunga y en Quito. Mientras tanto, los organismos de derechos humanos como Inredh solicitaron al Estado que activen mecanismos para que se garantice el derecho a la vida de los presos, en todas las cárceles del país.
