El calvario de las niñas en la ruralidad

Elena tiene 10 años y no juega ni estudia con niñas de su edad. Ella es madre y cuida a su bebé. En enero pasado le practicaron una cesárea para extraer a la criatura que fue producto de un abuso sexual cometido por su padrastro.

Antes, su madre la expulsó de su casa cuando se enteró de que estaba embarazada, situación que pasó inadvertida para quienes habitan en un barrio de Salitre, cantón ubicado a 50 kilómetros de Guayaquil, en Guayas.

Al poco tiempo, Elena fue recibida en una casa de acogida y trasladada a un hospital para confirmar su estado. La directora del centro le recomendó que se realizara un aborto porque “era muy pequeña”.

Sin embargo, la mamá de la menor de edad apareció y se opuso al procedimiento. Prometió hacerse cargo del infante y “perdonar” a su hija. “Al parecer, quería ocultar lo sucedido”, dice Consuelo Bowen, abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), quien conoce más detalles de este caso.

Si Elena hubiera querido acceder a este “derecho”, como lo llama la asambleísta Johanna Moreira, de interrumpir su período gestante después del 15 de abril, no hubiera sido posible. Su embarazo superaba las 12 semanas que son permitidas para realizarlo en el recién aprobado veto parcial de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por Violación.

La norma contiene las modificaciones introducidas por el presidente Guillermo Lasso. Entre los cambios está la unificación del plazo para la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, sin la excepción de 18 semanas que se había contemplado inicialmente para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural.

También estableció una serie de requisitos, como presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la violación, y desarrolló la objeción de conciencia para que los médicos puedan negarse a practicarlo si va en contra de sus convicciones.

Pero la violencia sexual no es aislada y, como Elena, más de 9.000 mujeres de las zonas rurales de Ecuador que han sido víctimas de violación o agresión sexual entre 2020 y 2021, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), quedarían fuera por las condiciones de vida precarizadas que llevan.

Estas cifras están “alejadas de la realidad” dice Patricio Toledo, uno de los representantes de las leyes en zonas del interior. La Fiscalía señala que hasta el 25 de marzo, 236 mujeres, niñas y adolescentes sufrieron abuso sexual en zonas rurales.

Su hogar, el ‘infierno’

Patricio Toledo, fiscal multicompetente de Yaguachi -que incluye el kilómetro 26, Virgen de Fátima y zonas aledañas-, asegura que los números citados no son reales. “Por experiencia, difiere de lo que se vive. Digo esto no porque la gestión de Fiscalía esté mal, sino porque muchas mujeres no denuncian de lo que pasan día a día en sus hogares”.

Las distancias que deben recorrer en las zonas rurales para asentar una denuncia por abuso sexual y las amenazas serían motivos para que las víctimas desistan. “Muchas deben salir por caminos de tercer orden que en épocas invernales están inundados. Otras están acostumbradas a este tipo de situaciones. Aunque parezca rudimentario, en el campo piensan que un padre conviva con su hija es normal. También afecta la poca tecnología. Ellas no conocen cómo proceder porque no suelen tener un teléfono actualizado”, señala.

César Peña, fiscal encargado de Naranjal, coincide con su colega. “Lo alarmante es que la mayoría de casos han sucedido en el contexto del hogar, es decir, es difícil salir del ambiente en el que las abusan”, añade.

Parte legal

En CEPAM Guayaquil han recibido casos de mujeres violadas que debieron acompañar con asistencia psicológica y legal. Bowen afirma que es imposible que una niña o adolescente -sea de las afueras o de una zona urbana- pueda “exteriorizar una violación” y luego un posible embarazo en 12 semanas.

“Nos llegó el caso de una señora violada en Guayaquil de 50 años. Tenía miedo de contar su experiencia porque creía que era culpable. Ahora, pensemos en una niña o adolescente que se está formando”.

Para ella, el plazo de 12 semanas es prudente para una mujer de edad adulta, con recursos económicos medios-altos y con acompañamiento familiar y de salud para contener el trauma.

Y compara la situación legal de Ecuador con la de otros países que también permiten el aborto bajo ciertas condiciones. “En los que se establecen causales, no se deberían poner plazos porque esas afectaciones no son transitorias”.

La legisladora Johanna Moreira, ponente de la ley y parte de la comisión que impulsó el proyecto, apoyó la reforma porque cree que las mujeres deben tener la libertad de decidir sobre su cuerpo. “Fui parte de la investigación previa, las visitas y conversaciones con mujeres de mi provincia (El Oro) y constaté la realidad en la que muchas viven. No es una opción, debería ser un derecho a elección”.

Los embarazos en adolescentes y niñas suelen detectarse a partir de las 22, 23 o hasta 24 semanas por la inmadurez de sus cuerpos, es imposible que una mujer note que quedó embarazada cinco días después de una violación.

Para una mujer que ha quedado embarazada tras haber sido agredida sexualmente, la decisión de tener al bebé es tan difícil que se debe considerar “la ansiedad o el viacrucis que la víctima puede estar sufriendo”, dice la psicóloga Susana Osorno.

Para ella, “es muy triste escuchar a los pacientes que van a terapia y dicen que toda la vida han sufrido de depresión porque son producto de violación o que han vivido al filo de la muerte por la misma condición”.

Algunas cifras

De las mujeres que solicitaron al Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, de Quito, el procedimiento, 18 eran menores de edad, según un informe que compartieron a este Diario.

Mientras que otras 10 de 22, que accedieron al aborto, tenían entre 18 y 23 semanas de embarazo al momento de ingreso de la solicitud. Y seis de ellas eran de provincias de la Amazonía, como Morona Santiago y Sucumbíos, donde las distancias entre localidades son más marcadas. “En zonas rurales tienen menos oportunidades de acceder a un aborto en caso de violación”, dice Ana Cristina Vera, directora ejecutiva de Surkuna.

Ella tiene como prueba las variables enumeradas por las sobrevivientes que han acudido a la organización: centros “de menor especialidad” en las zonas apartadas, falta de educación sexual y de conocimiento sobre sus derechos.

“A una mujer de Píntag -parroquia rural ubicada a 50 minutos de Quito- que fue a un centro médico le negaron el aborto porque le dijeron que no era legal”, cuenta Vera. Dice que el dinero es primordial: muchas no tienen ni para ir al chequeo médico.

“Nosotras planteamos que el plazo de 12 semanas deja por fuera a más del 97 % de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes víctimas y sobrevivientes de violación que quieran acceder a la práctica”, concluye Vera.

El camino de la ley

La ley de Interrupción del Embarazo por Violación fue propuesta inicialmente a 28 semanas para la población femenina en general y sin plazo para niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Luego, el 17 de febrero de este año fue aprobada por la Asamblea a 12 semanas para la población femenina en general y 18 para las mujeres indígenas y de zonas rurales.

Esta fue llevada al pleno por la Comisión de Justicia liderada por Alejandro Jaramillo, asambleísta independiente, como respuesta frente “a la violencia sexual que existe en Ecuador”, según Johanna Moreira, militante de la Izquierda Democrática hasta el 20 de abril.

Después, la misma ley fue enviada al Ejecutivo, que decidió vetarla parcialmente equiparando los extensiones a 12 semanas para todas y cambiando varios de los puntos que se trataban en el escrito. Esta ley regresó al parlamento y, el 14 de abril, fue ratificada la moción del presidente Guillermo Lasso con solo 20 votos.