Los cambios para nuevo impuesto evidencian la improvisación

La propuesta de ley económica urgente, denominada “Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a Través del Combate al Lavado de Activos”, sufrió varios cambios, todos en menos de un día.

En la tarde de este 8 de noviembre de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, comunicó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que retiraba la normativa enviada en la noche del jueves 07 de noviembre, y poco después envió otra versión con artículos completamente distintos a los presentados inicialmente.

El jefe de Estado adelantó desde la noche del jueves detalles de la propuesta en sus redes sociales, ahí la denominó “Ley Antipillos” y resaltó que estaba enfocada en la regulación de los patios de venta de vehículos usados de alta gama.

Sin embargo, en el primer texto no se mencionaba esto; en cambio, establecía un impuesto anual para quienes poseían o adquirieran vehículos motorizados terrestres que debían ser matriculados, con una tarifa basada en el valor del bien, empezando desde cero dólares.

El artículo 9 indicaba que los sujetos pasivos de este impuesto serían “las personas naturales, personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica que constituyen un patrimonio independiente”.

Además, establecía que, a partir del año fiscal posterior al modelo del vehículo, la base imponible se ajustaría deduciendo un 10% anual del precio de venta al público inicial, sin que el valor residual sea inferior al 10%. También, se exoneraba del pago de este tributo a la Cruz Roja, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, a quienes estaban de tránsito en el país y al personal diplomático nacional y extranjero en el territorio.

El objetivo presentado en la propuesta era fortalecer el trabajo de la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) para prevenir, localizar y eliminar la introducción de capital ilícito en la economía nacional, además de mejorar la recaudación tributaria del Estado y afectar la economía delincuencial.

Pero horas más tarde, se dio a conocer una segunda versión de la propuesta, en la que sí se focalizaban los controles y regulaciones a través de un impuesto sobre la compraventa de vehículos en el país. Los artículos fueron reformulados, y el documento pasó de 29 a 25 páginas.

Expertos apuntan otras alternativas 

Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, lamentó este tipo de comportamientos con una ley económico urgente y recomienda que si ya han identificado los nichos de los grupos delictivos lo que se debería apuntar es a mejorar los controles a los organismos encargados de detectar este tipo de delitos.

“Es un trámite más no le veo mayor importancia o relevancia. Al quitar la parte tributaria, ya pierde el interés el proyecto de ley... Esto debería centrarse en que la UAFE junto con la  Agencia Nacional de Tránsito hagan mejor su trabajo, por ejemplo con la incautación de vehículos sin placa”.

Mientras que Renato Rivera Rhon, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, quién alertó en informes y estudios de cómo Ecuador no cumplía con las recomendaciones del  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y existía una proliferación del blanqueo de capitales; sostuvo que un verdadero combate al delito debe iniciar con reformas penales.

“Está improvisando en una política criminal. Si hablamos de un principio del Plan Fénix o de una política criminal, se debería incluir a la Fiscalía y otros poderes del Estado y ahí se podría entender esta reforma, pero considero que es una cortina de humo en contienda electoral”.

Ese criterio lo fundamentó que lo ideal sería en trabajar para destrabar los procesos administrativos relacionados al decomiso de bienes de los grupos criminales, también al intercambio de información con las entidades bancarias relacionadas a los movimientos de dinero.

“Si es que hay un interés real para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, es primero cumplir con las recomendaciones de la GAFI en 2022 y esas reformas no se han hecho”.

Para finalizar recordó que en el último estudio que han preparado solo se decomisa el 7% de los bienes de los grupos criminales y de las mafias. “Al final termina siendo un proceso administrativo más que genera más burocracia”.

• Le invitamos a leer las siguientes notas

Para más noticias, visita el siguiente enlace.