Camilo Ponce Enríquez: entre la guerra por territorio y la corrupción en Ecuador

Cada tanto, el horror se apodera del pequeño y joven cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez. Desde abril de 2024, acumula 29 muertes violentas, la mayoría relacionadas con la actividad minera.

Algunos de esos casos fueron múltiples y tan macabros que motivaron la inclusión del cantón en el toque de queda declarado el 8 de agosto de 2024 para ciudades que habitualmente son consideradas peligrosas.

Lea también: La Policía detiene a presunto militar ligado al grupo criminal Las Águilas

Los militares y policías que intervienen en la zona señalan que se trata de una disputa entre grupos criminales por el control del territorio. Su objetivo es acaparar la extorsión a las empresas mineras y, en otros casos, invadirlas para apropiarse de ellas. Ya hay proyectos tomados que han sido escenario de enfrentamientos con víctimas mortales.

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), entidad perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, tiene la responsabilidad de vigilar e “intervenir para el correcto desarrollo de las actividades mineras”, pero actualmente está desarticulada.

Desde el 31 de julio de 2024, no cuenta con jefaturas, coordinadores, inspectores, técnicos ni abogados. Para esa fecha, ya habían ocurrido dos masacres en zonas mineras de Ponce Enríquez. La justificación es que cambiará de nombre.

“Si alguien viene a hacer un trámite hay que decir que no hay atención porque todo está inhabilitado. No hay quien firme o autorice, sacaron a todos, no solo a nosotros, sino también a los de Arconel (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) y a los de ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero). No hay catastro minero, es un descontrol total”, expuso un funcionario del Ministerio de Energía y Minas, quien prefirió el anonimato por seguridad.

Y eso no es lo más sorprendente: desde hace 10 años no se actualiza el catastro minero en Ecuador, algo que también es competencia de esta entidad. “Decir cuántas concesiones mineras hay es indeterminable. Como hace 10 años cerraron el catastro, hay miles de solicitudes de nuevas áreas mineras que quieren abrir, pero como no se abre el catastro, no se da”.

Cuando se trata de operativos en conjunto con la Policía Nacional y militares, Arcernnr es apenas un complemento, pese a que en noviembre de 2023 se emitió una reforma a la política institucional en la que se establece que deben “prevenir posibles actos de corrupción, principalmente a partir de la identificación y mapeo de riesgos asociados a cada área seleccionada”.

Más adelante, en los literales L y M del artículo 2, se obliga a “investigar a profundidad los posibles actos de corrupción, detectar prácticas indebidas y aplicar los correctivos necesarios para controlarlas o eliminarlas”.

Una exautoridad del Ministerio precisó que el cierre del catastro fue en enero de 2018, es decir, hace seis años como secuencia de actos de corrupción para favorecer a las mafias que tenían vínculos con las mafias. Prefirió el anonimato, pues ha sido víctima de tres atentados por denuncias realizadas.

Diario EXPRESO solicitó una entrevista con el Ministerio del ramo para que explique por qué no se actualizó el catastro, cuál es la fecha real de su cierre, quiénes han ocupado cargos que pudieron decidir sobre ese tema antes, durante y después del cierre, y si hay responsables de dichas decisiones.

También para que evidencien qué medidas han aplicado para regular las actividades mineras en las fases de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización y cierre de minas. Pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Lea también: Tres personas fueron tiroteadas durante la madrugada en el noroeste de Guayaquil

Iván Granda, exsecretario Anticorrupción del gobierno de Lenín Moreno, enfatiza que la ausencia de un catastro beneficia directamente a la minería ilegal, lo que abre las puertas a que los grupos criminales operen de distintas formas en el país.

“No porque el catastro minero esté cerrado significa que no hay minería. Todo lo contrario, obliga a los que quieren hacer minería legal a quedarse fuera, mientras que los ilegales se apropian de los territorios y zonas ricas en minerales. Esa medida esconde las actividades irregulares bajo el pretexto de no permitir la explotación minera en el país”.

Granda recuerda que los asuntos de minería ilegal tienen tanto peso e intereses que, para decidir sobre ellos, el país ha tenido que ir a las urnas para tratar temas que desconoce a profundidad, lo que significa que no siempre resulta ganadora la mejor opción.

“Esto impide que las actividades mineras se regularicen, que tengan garantías ambientales, y con ello la minería ilegal campea”, reflexionó.

Por su parte, el expresidente de la Cámara de Minería de Ecuador, Santiago Yépez, enfatiza que es clave una respuesta inmediata del Gobierno ante esta situación, porque ahora se trata de un tema de “seguridad nacional”, especialmente porque se ha detectado la operación de diversos tipos de crimen organizado debido a la falta de control.

“Lo que está pasando en Ponce Enríquez y en otras zonas del país es, sin duda, la toma de los proyectos de pequeña minería por parte de grupos delincuenciales para apropiarse de ciertos proyectos y lavar oro de la minería ilegal. Esto ya es un delito transnacional y debe ser juzgado con todo el rigor de la ley”, apuntó.

La policía señala los esfuerzos en ‘saco roto’

Los agentes investigadores de la Policía Nacional enumeran sus dificultades para detectar a quienes practican la minería ilegal en el cantón.

Los aspectos van desde los conocimientos técnicos y la falta de acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas a través de sus agencias en los controles. Ellos resaltan que deberían ser los expertos en el tema quienes dirijan y convoquen a los operativos y no que los uniformados sean los encargados de la vigilancia porque hay otras emergencias ciudadanas que se deben atender.

“Nosotros nos estamos empapando del tema, no tenemos conocimiento de minería y son ellos los que deben dar el soporte. Hace un mes se renovó el personal policial y falta que lleguen más de más partes del país, pero por más esfuerzo y trabajo que hagamos, queda en nada. Por ejemplo, vamos a una mina y pedimos papeles y nos presentan una carpeta con miles de hojas, ¿Cómo sabemos si esos documentos son reales, si dicen lo que debería decir?”, comentó un integrante del equipo especializado que opera en la zona.

Sostiene que han podido identificar que la minería ilegal ha crecido con mayor fuerza desde la pandemia, porque hubo una mayor reducción de los operativos en la minería... “Pero es un tema que no ha tenido control del Estado mucho tiempo atrás y ahora se empieza a ver porque hay más cobertura mediática”, ponderó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!