Camilo Ponce Enríquez sufre la fiebre del oro y el Estado mira para otro lado

¿Qué pasa en Ponce Enríquez? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Los grupos criminales dueños de las minas de oro? Pues esas son algunas preguntas que te contestaremos en el siguiente texto. Pero primero iremos al génesis del problema.

En Ecuador existe un catastro minero, que no es más que un mapa que ubica las zonas que tienen oro u otros metales preciosos. También sobre quienes son las personas autorizadas para poder extraerlo, procesarlo y luego exportarlo de ser el caso.

Sin embargo, una fuente del Ministerio de Energía y Minas confirmó a Diario EXPRESO que ese documento "está cerrado" desde hace 10 años y que tampoco se han desarrollado censos para actualizar su información. Se hizo un requerimiento de entrevista para que se precise la fecha exacta pero no se responde a la solicitud.

El objetivo de la cita,  era para que expliquen por qué no se actualizó el catastro minero en todos estos años, cuál es la fecha real de su cierre, quiénes han ocupado cargos que pudieron decidir sobre ese tema antes, durante y después del cierre, y si hay responsables de dichas decisiones.

También para que evidencien qué medidas han aplicado para regular las actividades mineras en las fases de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización y cierre de minas. Pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

¿Por qué es importante el catastro minero?

Para una persona que quiera hacer las cosas dentro del margen de la ley, necesita ser registrado en el catastro minero. El cierre de ese documento ha hecho que las personas desean dedicarse o invertir en la minería en Ecuador no puedan hacerlo. 

Pero como no hay control, lo que sí ha permitido es que ciudadanos, agrupaciones e incluso mafias realicen extracciones ilegales de oro en ese cantón que ha sido reconocido por varios estudios como una de las reservas más grandes de oro del país. 

Iván Granda, exsecretario Anticorrupción enfatiza que la ausencia de un catastro beneficia directamente a la minería ilegal, lo que abre las puertas a que los grupos criminales operen de distintas formas en el país. “Esto impide que las actividades mineras se regularicen, que tengan garantías ambientales, y con ello la minería ilegal campea”.

Para muestra de la falta de fiscalización, es que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) no cuenta con personal técnico, inspectores, directores y coordinadores zonales desde el pasado 31 de julio bajo la justificación de que van a cambiar de nombre.

Cuando se trata de operativos en conjunto con la Policía Nacional y Fuerzar Armadas, Arcernnr es apenas un complemento, pese a que en noviembre de 2023 se emitió una reforma a la política institucional en la que se establece que deben “prevenir posibles actos de corrupción, principalmente a partir de la identificación y mapeo de riesgos asociados a cada área seleccionada”.

¿Qué pasó después del cierre del catastro minero?

La minería ilegal se proliferó. No hay quién pueda decir cuántas empresas están sacando oro en Camilo Ponce Enríquez, pues quienes deben de dar las cifras, permanecen en silencio.

Posteriormente, la violencia criminal que ha sometido a Ecuador de manera más radical desde 2021 también llegó a Camilo Ponce Enríquez, y la extorsión no fue la excepción. Los empresarios mineros empezaron a dejar de operar pues no podían con los costos de las denominadas vacunas.

En algunos casos, cerraron sus empresas, pero como están en la montaña, no queda más que abandonar la infraestructura. Y es ahí cuando se agrava la situaci´ón. Porque bandas delictivas empezaron a operarlas y cuando grupos enemigos se dieron cuenta de ello, se armó una disputa que ha terminado en tres masacres.

Desde junio pasado se han dado conflictos entre grupos criminales por adueñarse de las minas de oro. Esos hechos han dejado 19 víctimas mortales según las cifras oficiales. 

Por tal motivo, Camilo Ponce Enríquez ha sido incluida en las medidas extremas de seguridad como un estado de excepción focalizado desde el pasado 2 de julio y un toque de queda el último 8 de agosto del presente año.

Pero las medidas de seguridad no sirven...

Un equipo periodístico de Diario EXPRESO, viajó hasta allá para realizar reporterías en las zonas de masacre, minas, ciudad y más pero solo pudo ingresar a la mina La Tormenta con custodia militar, en el sector El Calvario, que se encuentra a la mitad de la altura del cerro. Aparentemente está abandonada, pero ahí la escena del crimen permanece casi intacta, aún hay restos de municiones de fusiles, cenizas de la incineración de gran parte del lugar y comida en estado de putrefacción.

La zona es boscosa y de difícil acceso, pero poco tiempo después de hacer la reportería de los momentos de horror fue el mismo jefe de la tropa quien pidió agilizar la documentación del lugar porque observaron movimiento en la parte alta del cerro, y comentó: “Nos están mirando, ya tenemos que salir”.

Una Policía Nacional vigilada por grupos criminales

Ya en la ciudad, se intentó reportear en una zona cercana a excavaciones mineras presuntamente legales, se solicitó ayuda a la Policía Nacional para reportear en el lugar, pero se negó el acceso bajo la justificación de que sería “exponerse a un riesgo inminente” de un ataque armado y porque personas en motocicletas empiezan a rondar a los visitantes.

Se pidió entonces utilizar un dron en la vía Panamericana E25, que atraviesa la ciudad y se usa como calle principal para poder captar la extracción minera que está a pocos metros. Pero también se rechazó la solicitud, ya que han detectado que los informantes están “en todos lados”. Finalmente, se realizaron tomas desde un lugar que ellos consideraron seguro.

La ciudad que poco a poco se vuelve fantasma

“Es que como siempre hay tiroteos cuando oscurece, cierran todo por miedo a que se les metan en la casa mientras pelean. Muchos vecinos se han ido, especialmente ahora último. Es triste porque antes no era así. Cuando pasan los militares nos da algo de calma”, señaló un trabajador de la construcción de apellido Díaz.

Sus habitantes apuntan que hace 15 años todo era distinto, principalmente porque no había tantas minas de oro ni “tanta gente de afuera”. Agregan que no tienen nada en contra de la generación de empleo, pero sí critican la ausencia del Estado en el territorio, ya que, de lo contrario, no estarían enfrentando un incremento en los problemas económicos y sociales.

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