El largo camino para penar las agresiones políticas a las mujeres

Penas fuertes con dificultades para aplicarlas. Para que las reformas al Código de la Democracia referentes a las sanciones por violencia política contra las mujeres puedan ser ejecutadas, será necesario que la Función Electoral elabore reglamentos claros al respecto. Caso contrario, corren el riesgo de no poder ser aplicadas en todos los casos.

El punto de choque siguen siendo las redes sociales, que no se encuentran reguladas por las leyes electorales y son, sin embargo, la plataforma donde se emiten el mayor número de insultos y agresiones a las mujeres que tienen exposición, ya sea política o pública (ver gráfico).

A mediados de esta semana, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, advertía de las dificultades de procesar y sancionar los casos que se produzcan a nivel de las plataformas tecnológicas, porque lo que ahí se dice se puede reproducir decenas de veces, dificultando identificar el nexo causal entre el mensaje y el autor. Tampoco sería muy sencillo materializar un tuit para incluirlo dentro de un proceso. “El tema de las redes sociales es complicado”, aseguró.

Será más sencillo si los agravios los emite una persona determinada y se reproducen a través de los medios convencionales, quedando registrados en audio, video o por escrito. En ese caso, el procedimiento sería el mismo que se aplica en la justicia común: solicitar a los medios de comunicación los archivos y hacer las pericias para determinar que no han sido manipulados y editados.

A Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, entidad que ha hecho varios estudios de violencia política en contra de las mujeres que están expuestas a la opinión pública, le preocupa que antes de que se ponga en vigor la aplicación de esta reforma a la Ley Electoral, se empiecen a buscar “pretextos” para excluir algunos escenarios.

“Es importante que se sepa que es al Consejo Nacional Electoral (CNE) al que le corresponde hacer el reglamento correspondiente. No podemos quedarnos con el criterio de que es difícil y que, como es difícil, no se va a poder hacer algo que es importante y urgente”, señaló Hidalgo.

Las activistas de esta causa sugieren tomar como punto de partida otras experiencias regionales, como la de México, donde luego de casi 15 años de ajustar una normativa en este sentido, se han logrado avances importantes en esta materia.

¿Quiénes estarían protegidas por esta reforma electoral? La Asamblea Nacional incluyó a las mujeres candidatas, militantes electas, designadas o que ejerzan cargos públicos. También están las defensoras de los derechos humanos, las feministas, lideresas políticas o sociales. Se decidió incluir a sus familias.

Serán tomados como violencia política los impedimentos y trabas que pueda tener una funcionaria electa o designada para ejercer sus tareas; obligarle a que efectúe en contra de su voluntad una acción u omisión dentro de sus funciones; que no se le permita acceder a bienes públicos y otros recursos que le permitan cumplir con su tarea.

Quienes infrinjan la normativa se podrían ver abocados a dos tipos de sanciones. Las graves establecen una multa de entre 11 y 20 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos de participación por un periodo de seis meses a dos años.

Y las infracciones muy graves tendrán una multa de entre 21 y 70 salarios básicos unificados ($ 28.000) y el agresor podría perder sus derechos políticos de participación hasta por cuatro años.

Cabrera señaló que estos casos se juzgarán con una audiencia previa, en la que habrá la contrastación de las pruebas presentadas tanto por la parte acusadora como por la acusada.

Para saber

Cooperación

Participación Ciudadana presentará en los próximos días al Consejo Electoral una propuesta de reglamento sobre violencia electoral.

Análisis

En el CNE esperan un informe jurídico interno sobre los reglamentos que se deberán formular con la reforma.

Convenio

El organismo electoral espera firmar un convenio con la Universidad Central para elaborar la normativa.