Un largo camino a la remoción de Morales

El proceso es largo y con varias instancias. La eventual remoción del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, depende de algunos pasos que podrían concluir con un desenlace favorable o desfavorable para él a inicios de agosto próximo, siempre que los impulsores de la iniciativa presenten la denuncia en esta semana.

Uno de esos pasos es conseguir los votos necesarios. Los 15 alcaldes socialcristianos que impulsan la iniciativa de remoción han logrado en estos días la adhesión de ocho consejeros provinciales más (tres alcaldes de otras tiendas políticas y cinco de los siete delegados de las Juntas Parroquiales ante el Consejo de su propia tienda). Lo que suman 23 miembros de los 34 integrantes con voz y voto en el Consejo, un voto más del necesario (las dos terceras partes del pleno) para censurar al prefecto Morales.

Todo empieza con la denuncia. Será esa acusación formal ante la Secretaría del Gobierno del Guayas la que dé inicio al proceso de remoción de Morales, precisa a EXPRESO el catedrático universitario en Ordenamiento Territorial, Andrés Ortiz. De ahí deben activarse una serie de instancias con plazos determinados que puede llevar el caso incluso hasta el Tribunal Contencioso Electoral.

El experto explica que una vez recibida la denuncia, que puede presentarla cualquier persona (sin importar si es autoridad electa, funcionario público o no), la viceprefecta del Guayas, Susana González, debe convocar a sesión de Consejo para designar a un nuevo miembro de la Comisión de Mesa que reemplace a Morales. Esta comisión, de acuerdo a la ley, debe ser presidida por el prefecto, pero al ser él el eventual denunciado no puede integrarla. “La ley no hace distinción, así que puede reemplazarlo la viceprefecta o cualquier otro consejero sea alcalde o delegado de las Juntas Parroquiales”, puntualiza Ortiz.

Este nuevo miembro se sumará a quienes ya integran la mesa: los alcaldes de Milagro, Francisco Asán; y de Jujan, Ángela Herrera. Ambos pertenecen al Partido Social Cristiano, organización política que apoyó la candidatura de Morales en las elecciones de 2019 y cuyos alcaldes ahora impulsan su remoción.

Esta comisión pasa a ser una especie de tribunal en lo que se asemeja a un juicio político. Receptará las pruebas que pueden ser de cualquier índole, precisa Ortiz: documentos, testigos, entre otros. Siempre que apoyen la tesis de las partes y enmarcadas en la causal de destitución.

El artículo 333 del Código de Ordenamiento Territorial establece siete causales para la remoción del ejecutivo, una de ellas es el “despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno autónomo descentralizado, cuya inversión o empleo sea de su competencia, legal y debidamente comprobado”. Morales es actualmente investigado por el presunto delito de peculado por la compra con sobreprecio de insumos médicos y de pruebas rápidas para diagnosticar el coronavirus.

Elaborado el informe, este pasa a conocimiento del pleno del Consejo que deberá votar en esa misma sesión por la remoción o no del prefecto. Este o su apoderado, como establece el Código, tiene derecho a exponer sus argumentos en esa misma sesión, así como la parte denunciante. Se requieren 22 votos para remover al prefecto.

Morales, en el hipotético de ser destituido, puede elevar el caso a consulta del Tribunal Contencioso Electoral. En esta última instancia se conocerá el desenlace del proceso. Hasta entonces, el prefecto seguirá ejerciendo su cargo.