¿Inmunidad electoral en Ecuador? Acusaciones a candidatos no tienen consecuencias
Los candidatos adquieren inmunidad hasta las votaciones; los analistas creen que se han cruzado líneas rojas
El artículo 108 del Código de la Democracia blinda a los y las candidatas a cargos de elección popular, para que no sean procesados penalmente. Quizá, por eso, en el reciente debate presidencial, hubo insinuaciones y aseveraciones en torno a que mafias de los hospitales, vinculados con narcos como Leandro Norero (+), financian la campaña de Luisa González, de la Revolución Ciudadana. Y ella sembró la duda sobre supuestos vínculos del crimen organizado con el presidente Daniel Noboa, a través de María Moreno.
Para Fausto Camacho, experto electoral, lo peor que podría suceder en Ecuador es “judicializar la política”. Ocurre porque “no se resuelven temas políticos en ese ámbito. Y a la larga se politiza la justicia”.
Inmunidad, según exvocal del CNE
La ley les brinda una suerte de “inmunidad y fuero de corte, similar a la de un parlamentario”, dice Luis Verdesoto, exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE). Así, se les protege frente a posibles acusaciones penales, que existan o que pudieran fabricarse en el período de la candidatura.
En el Código de la Democracia se establece que los candidatos no podrán ser enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados podrán activarse procesos penales contra ellos. Solo, los ganadores gozarán de fuero de Corte.
Las acusaciones entre Noboa y González
La política no debería estar exenta de ética, subraya Camacho, al consultarle ¿qué tan grave es que en un debate se diga que en el entorno del presidente- candidato hay investigados por narcotráfico? “Los dos se lanzaron acusaciones; además de decirle Rana René, Noboa le dijo a Luisa que la mafia financia si campaña y siempre se ha dicho que la RC es el brazo político de los narcos”, dice.
Para la politóloga Soledad Stoessel, el tema del narcotráfico se ha posicionado como un eje central de la política ecuatoriana. “Ese discurso político y mediático viene desde el 2021, se consolidó como eje gravitacional en el 2023 y se ha instalado progresivamente. Lo que se ve es una utilización como estrategia política y electoral, en el marco de una crisis de seguridad. Sirve para estigmatizar”.
Stoessel señala que es una herramienta de polarización. Y comenta que en el debate del domingo pasado, “hubo fuego cruzado entre González y Noboa. Se atacaron mutuamente, al asociarse con el narcotráfico; se habló de procesados, de empresas exportadoras de banano; del escándalo de chats de la llamada Liga Azul. Fue una guerra de acusaciones, que desvía el foco de propuestas para resolver el tema de la inseguridad”.
Camacho cree que: “el país estará en un callejón sin salida, mientras no haya una recomposición de los partidos políticos; pasarán cuatro años y habrá otros actores, con acusaciones sobre narcotráfico”.
Verdesoto apunta que se han roto los protocolos de la lucha política y rebasado líneas rojas, que podrían llegar a la violencia física. En otros países -reflexiona- organizaciones de la sociedad civil hacen el trabajo de fact checking, ante la falta de autorregulación de los candidatos. Añora los debates de hace 30 años, con el “míreme”, de Febres-Cordero a Borja.
