El fallido auge del cannabis

Cuando en julio de 2017 las farmacias uruguayas empezaron a vender cannabis de forma legal, se toparon con un problema que empezaría a frenar el desarrollo del negocio del oro verde en el país: el veto de los bancos.

Las entidades financieras locales se negaron a recibir el dinero que provenía de esas ventas, pues, pese a que Uruguay se convirtió en 2013 en la primera nación en regular la producción, distribución y comercialización de cannabis recreativo a nivel local, algunos bancos funcionan bajo la normativa federal de Estados Unidos, donde aún es ilícito este tipo de transacción. Otros se rigen bajo disposiciones extranjeras que buscan prevenir el lavado de activos del narcotráfico.

El bloqueo provocó la salida del negocio de muchos farmacéuticos y los que aún quedan, al menos 18 a nivel nacional, decidieron prescindir de una cuenta bancaria y trabajar solo con efectivo.

En los últimos meses, congresistas estadounidenses del partido demócrata han impulsado proyectos de ley que buscan solucionar el problema, sin embargo, aún no hay resultados positivos.

En Colombia sucede algo similar. El país vecino puso en vigor en 2017 un marco regulatorio para el uso médico y científico del cannabis y sus derivados, y los empresarios esperan tener lista la primera producción en el primer semestre del próximo año. Todo con miras a la exportación.

Sin embargo, la mayoría de las inversiones llegan de empresas canadienses, donde el mercado de cannabis sí está regulado.

“Debido a que varios de los bancos nacionales tienen títulos en Estados Unidos temen que el gobierno federal de ese país tome represalias, lo que ha detenido varias iniciativas de inversión de las empresas”, especialmente cuando son los pequeños y medianos productores de cannabis los que deciden pedir préstamos para empezar la expansión de sus negocios, se señala en un estudio de Transnational Institute, una organización de investigación internacional con sede en Ámsterdam.

Para contrarrestar este problema, desde la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna) trabajan en un acuerdo con el Banco Agrario para que se abra un portafolio de servicios dedicado únicamente a esta industria naciente que incluya la apertura de cuentas, concesión de créditos y monetización de recursos.

Rodrigo Arcila, presidente de Asocolcanna, prefiere ser optimista y espera que el Gobierno se involucre más, preste atención al problema e instaure una política de incentivos para el sector que, según las cifras que maneja, tiene un mercado potencial de 64 millones de habitantes en toda América Latina.

“Todos avizoran que Colombia sí se puede volver un referente mundial y para eso nos estamos preparando. Hay empresas que están aplicando buenas tecnologías y eso puede traer grandes resultados, tanto para lo nacional como para atender a los pacientes de todo el mundo que están a la expectativa del desarrollo de esta industria”, sostiene Arcila.

Pese a las restricciones, las industrias de ambos países no piensan dejar el jugoso mercado del cannabis, que a nivel mundial tiene un valor aproximado de 11.000 millones de dólares, según la consultora californiana Grand View Research. Una cifra que para finales de 2025 puede aproximarse a 66.300 millones de dólares.

En el caso de Colombia, el negocio con fines medicinales podría aportar entre 0,2 y 0,5 % del Producto Interno Bruto, según estimaciones del Ministerio de Justicia.

Además del mercado industrial, el científico también se ha visto frenado por la falta de inversión nacional y extranjera.

La doctora Paola Cubillos, quien dirige una investigación sobre cannabis medicinal en la clínica Las Américas de Medellín, en Colombia, señala que la legalización no ha impulsado mucho al sector de la ciencia.

“No tenemos un sistema de apoyo a investigadores que quieran trabajar formalmente. Lo que tengo entendido es que la investigación está dirigida a los intereses que tienen algunas compañías”, detalla.

La especialista precisa que el impulso comercial “ha sobrepasado cualquier otro interés que pueda existir para avanzar en el uso del cannabis medicinal en el país”.

La ausencia de productos medicinales autorizados también ha impedido que los científicos puedan realizar estudios clínicos con seres humanos en el país.

 

A 8.000 kilómetros de distancia, en Madrid, España, los investigadores lidian con el mismo problema: no hay ninguna empresa que quiera invertir en investigaciones relacionadas al cannabis por ese halo de estar considerada como una actividad ilícita a nivel mundial.

“Trabajamos desde hace 23 años en una investigación sobre cannabinoides y cáncer, pero solo hemos podido probarlo en células y ratones. Queremos dar el paso al ensayo clínico, pero no tenemos dinero. No hay empresas grandes que quieran invertir millones de euros en esto y tampoco tenemos subvenciones estatales”, cuenta la doctora Cristina Sánchez, profesora de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid.

Sánchez menciona que la prohibición ha frenado mucho el estudio, incluso en países como Estados Unidos. “Allá es muy difícil acceder a cannabinoides para investigación y por eso va mucho más lento”.

“Si se cambiara la regulación en torno al cannabis y dejara de estar en las listas de estupefacientes más estrictas, mucha más gente podría hacer investigación y el desarrollo clínico iría mucho más rápido”, agrega Sánchez.

Actualmente, el cannabis está, junto a la heroína y otras drogas “extremadamente peligrosas”, dentro de la Lista IV de la Convención de Estupefacientes de 1961 de las Naciones Unidas, lo que hace más difícil que los países apuesten por su despenalización.

En enero de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que retirara al cannabis y a la resina de cannabis de la lista, pero hasta ahora eso no ha sucedido.

Ambas investigadoras señalan que la prohibición internacional lo único que ha provocado es el crecimiento del mercado negro, que intenta vender supuestos productos a base de cannabis que no están científicamente probados.

“Hay muchas cosas que no entendemos todavía y hay mucha gente interesada en llenar esos vacíos de información, pero no toda la información está necesariamente basada en buena ciencia y evidencia. Hay que invertir en investigación para que los doctores puedan recomendar los productos con seguridad”, advierte Cubillos.

El caso español

El sistema que gira en torno al consumo lúdico y medicinal de cannabis en España está lleno de contradicciones.

Por un lado, el uso personal está despenalizado, pero es ilegal comprar, vender y transportar la droga. Y por el otro, se puede conseguir, luego de muchos filtros engorrosos, que un neurólogo recete cannabis para disminuir un dolor crónico, pero el valor del único producto autorizado es elevado e inaccesible para el paciente. En ambos casos, el mercado negro y la industria extranjera, como la holandesa, terminan beneficiándose. “No tiene ningún sentido”, señala la doctora Cristina Sánchez y explica que la restricción ha provocado que los pacientes estén desprotegidos.

Según una investigación del profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona David Pere Martínez, “la legalización (del cannabis) mermaría el negocio del mercado negro, haría crecer el erario gracias a los impuestos y regularizaría miles de puestos de trabajo”. Pero calcula que el volumen total del negocio legal del cannabis en España estaría en 8,5 millones de euros anuales (9,45 millones de dólares).

Los investigadores esperan que el nuevo Gobierno ponga el foco en el potencial de este mercado y lo regule.