Jueces en Valencia
Ecuador. La Fiscalía señaló que jueces en el cantón Valencia entregaron de forma irregular medidas cautelares a favor de 3 procesados de la mafia albanesa.Cortesía Fiscalía

Capturados dos funcionarios judiciales por liberar a mafiosos albaneses

Se ordenó la búsqueda de un juez. El operativo se desarrolló en el cantón Valencia, provincia Los Ríos 

La Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutaron este sábado 17 de agosto dos órdenes de detención en la Unidad Judicial del cantón Valencia, provincia de Los Ríos. La diligencia está relacionadas con el caso denominado ‘Albajuez’, una investigación que apunta a la presunta corrupción dentro del sistema judicial.

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Las órdenes de detención con fines de formulación de cargos fueron emitidas contra el secretario de la Unidad Judicial, y un abogado de la dependencia quienes son investigados por su supuesta participación en actos de corrupción y asociación ilícita.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, ambos habrían otorgado –irregularmente– medidas cautelares a favor de tres procesados que formarían parte de la mafia albanesa. Estos ciudadanos, quienes estaban en prisión preventiva por delitos de delincuencia organizada y lavado de activos, presuntamente integraban una red criminal liderada por Dritan Gjika.

Además, la Fiscalía solicitó la colaboración de la Policía Nacional para localizar y capturar a un juez, quien ordenó la libertad de los procesados. El juez, que cuenta con una boleta de detención, se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

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Hasta el momento, la Fiscalía en Los Ríos no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los detalles del caso. No obstante, en un comunicado, el Consejo de la Judicatura aseguró que, en coordinación con la Policía Nacional, ha tomado medidas decisivas para abordar un presunto delito de prevaricato ocurrido en el cantón Valencia. 

Este caso llega después de que el viernes en la tarde se haya dado a conocer otra investigación denominada caso Confourtable en el cual se realizaron allanamientos en oficinas de juezas que laboraban en la provincia de Pichincha. La medida ha generado el rechazo de un grupo de magistrados. 

Por su lado, la Fiscalía a defendido y justificado su accionar recordando las competencias que les encomienda la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal.

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