Desde la cárcel 4, el defensor Freddy Carrión quiso cesar en funciones a la vicedefensora Zaida Rovira

Los problemas en la Defensoría del Pueblo no terminan. A la ausencia del titular Freddy Carrión, preso por un posible delito sexual, se le sumó su intención de seguir despachando desde la cárcel 4 de Quito.

El defensor habría emitido la resolución 032 con la que cesaba en funciones a la vicedefensora Zaida Rovira. Ese documento carecería de legalidad porque ya en la mañana la vicedefensora  suscribió una resolución con el mismo número para asignar a Gabriela Lara en la gestión y administración del proyecto Alerta Temprana y Respuesta Rápida en la Frontera Norte del Ecuador.

Ante la imposibilidad de Carrión de ejercer el cargo por estar preso desde el pasado 17 de mayo, la vicedefensora asumió la subrogación por 90 días. Rovira cuestionó la actuación de Carrión de quien dijo "lo hace de forma ilegítima tomando resoluciones que no tienen valor".

Pidió al Consejo de Participación Ciudadana que nombre a una persona para que se encargue de la Defensoría hasta que se convoque a un concurso para designar al nuevo titular. El consejero Hernán Ulloa señaló que legalmente debería seguir en el cargo Zaida Rovira.

Por la mañana Stalin Raza señalaba que su defendido Freddy Carrión le quedaban dos caminos: prolongar sus vacaciones o acogerse a gozar de una suspensión temporal de hasta 90 días por encontrarse en una causa de fuerza mayor.

Pero eso era algo que debía decidir Carrión. La vicedefensora insistió en que los actos de Carrión "no solo que llenan de vergüenza al Ecuador sino que toma resoluciones que no tienen valor". Ratificó que es imposible que desde la cárcel se impartan órdenes.

Desde el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) se informó que no se puede asegurar que el documento salió del centro porque alguien pudo haber manejado el quipux. Recordó que cuando los privados de la libertad hacen mal uso del sistema que se asigna por cuestiones de estudios se sanciona a los detenidos. Pero eso es algo que no pueden comprobar.

La madrugada del pasado 16 de mayo el defensor del Pueblo de Ecuador se vio involucrado en un incidente que concluyó con la investigación sobre un posible abuso sexual supuestamente cometido tras una reunión social cumplida en un departamento de un edificio del norte de Quito. La reunión se dio pese a la prohibición de reuniones por el toque de queda decretado para contener el avance de la pandemia de COVID-19. En un vídeo se pudo ver las agresiones entre tres participantes del encuentro.

La instrucción fiscal del caso concluyó el pasado 17 de junio igual que la licencia que él recibió.