¿Cárceles por fuera de la ley?

¿Para cuándo las nuevas cárceles? El presidente Daniel Noboa dice que en diez meses estarán listas. ¿En dónde? No lo ha revelado. ¿A qué costo? No lo ha revelado. ¿Quién las construirá? No lo ha revelado. Sin embargo, “el diseño está hecho”, según anunció en la entrevista que concedió ayer a Teleamazonas. ¿Quién lo hizo? Al presidente no le pareció relevante compartir esa información. ¿Cuánto pagó el Estado ecuatoriano, es decir, los contribuyentes, por ese diseño? Tampoco lo dijo. “Las compañías con las que hemos hablado están listas, esto no se puede retrasar”, remató. ¿De dónde salieron esas compañías “con las que han hablado”? ¿Participaron en un concurso público de ofertas, como manda la ley de contratación pública, o fueron seleccionadas a dedo por el mandatario? ¿Hay alguna razón por la cual esta información de interés público deba mantenerse en secreto? La verdad es que no debiera haber ninguna.

El 11 de enero pasado, Daniel Noboa debió colocar la primera piedra de una de esas cárceles que proyecta construir en algún lugar de la Amazonía ecuatoriana. Lo anunció con varios días de anticipación y sospechosa insistencia. Pero no lo hizo. En su lugar, y sin mediar explicación alguna sobre las razones de tan abrupto cambio de planes, su Secretaría de Comunicación envió a los medios el video de una presentación que simula una rueda de prensa (sin la incómoda presencia de los periodistas) y en la que aparece él sentado entre las esperpénticas figuras de sus ministros de Defensa y del Interior, proyectando las imágenes de un ‘render’, es decir, una simulación digital de lo que supuestamente será esa cárcel cuya primera piedra se abstuvo de colocar. A primera vista, se trataba de un ‘render’ genérico, es decir, el proyecto de una cárcel imaginaria dispuesta sobre un espacio de condiciones ideales, cien por ciento plano y sin especificaciones del entorno, lo cual hacía pensar que el Gobierno, por no tener, no tiene ni el terreno. ¿Pretende hacernos creer el presidente, en estos días en los que está cumpliendo dos meses en funciones, que dispone ya de los estudios de factibilidad, de impacto ambiental, de riesgos y tantos otros que se necesitan para levantar una infraestructura de esas proporciones en un terreno del que ni siquiera ha sido capaz de especificar la ubicación exacta? Pues sí, eso es precisamente lo que pretende.

La verdad es que hay dos posibilidades, la más tranquilizadora de las cuales es que el presidente esté mintiendo: que en realidad no existan ni los planos ni el diseño ni el terreno ni nada, solo el deseo de construir las cárceles y una idea general (plasmada en el ‘render’) de cómo tienen que ser. La otra posibilidad es que sí, que los planos estén listos, que la fase de diseño se haya concluido y que, por tanto, exista una compañía constructora que se encuentre trabajando a fondo en el proyecto, sobre la base de un contrato que no cumplió con ninguno de los pasos previstos en la ley. Sin concurso de ofertas, sin permisos ambientales, sin análisis de riesgo, sin nada. Ojalá y el presidente esté mintiendo.

En su cuarta propuesta de ley económica urgente, denominada “ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción”, que fue admitida a trámite en la Asamblea el pasado viernes y tendrá que analizarse esta semana en la Comisión de Desarrollo Económico, Noboa propone las reformas a la ley de contratación pública que le facilitarán el proceso de construcción de las nuevas cárceles. Para empezar, se incluyen dentro de régimen especial, es decir, sometidos a la normativa específica que dicte el presidente, “las contrataciones de obras, bienes y servicios necesarias para la seguridad y defensa externa e interna del Estado, incluyendo los centros de privación de libertad”. Además, en el capítulo de Procedimientos Especiales de la ley de contratación pública, se crea la figura de “contratación de ingeniería, procura y construcción”, es decir, contratos “llave en mano” en los cuales un mismo contratista se encarga de los estudios, los diseños y la construcción de la obra.

Cada vez que habla de las nuevas cárceles, el presidente actúa como si este proyecto de ley, cuyo debate en la Asamblea ni ha empezado, estuviera ya vigente. Peor aún: crea la incómoda sensación de que este proyecto ley ha sido diseñado no solo en función de las nuevas necesidades en materia de seguridad (construcción de cárceles, dotación de equipos para la fuerza pública, etc.), sino con dedicatoria para favorecer a un puñado de contratistas que ya están trabajando según reglas de juego que aún no han sido aprobadas.