Pistolas de aire, candados, viajes y agua potable, entre las compras por $ 10 millones para el sistema carcelario
El rubro de seguridad encabeza inversiones, pero es insuficiente
Los incidentes, revueltas y masacres, como el episodio de la cárcel de Santo Domingo donde murieron más de 40 internos, se han registrado con mayor frecuencia desde el primer semestre del 2019, cuando una ola de hechos violentos terminó con la vida de más de 20 personas privadas de la libertad. Eso obligó al gobierno de Lenín Moreno a declarar la emergencia del sistema carcelario. El presidente Guillermo Lasso también tomó una decisión similar en 2021 cuando asesinaron a 116 reos.
¿Cuál ha sido la inversión en seguridad, por ejemplo, en los últimos tres años, para reducir los niveles de inseguridad y violencia al interior de las cárceles?
En una revisión realizada por Diario EXPRESO a la contratación del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), la inversión total asciende a $10,5 millones, según los registros de 215 procesos contractuales adjudicados en esos años y que constan en el portal web de Compras Públicas, del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
En el análisis se incluyen adquisiciones realizadas bajo régimen común y especial (de junio del 2019 a mayo del 2022) y compras de emergencia (2020-2021). No se consideraron las compras de ínfima cuantía.
El rubro de seguridad destaca en las adquisiciones analizadas, con $ 3,8 millones.
El contrato más robusto es de $ 2,9 millones, para adquirir e implementar equipos electrónicos de control y vigilancia para el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi 1, el 14 de diciembre pasado.
El SNAI también adquirió escopetas de aire comprimido, armas no letales con sus municiones y estaciones de recarga, por $ 195 mil, a fines del 2020.
Además de las compras públicas de gas pimienta, luces, uniformes para su personal y otro tipo de dispositivo de seguridad, el servicio a cargo de la atención de los internos ha adquirido candados para el reforzamiento de celdas, puertas y otros accesos de los centros carcelarios del país, en tres proceso contractuales.
En tres procesos de compras, el organismo adquirió 12 mil dispositivos de ese tipo, por unos $ 300 mil, según los registros del Sercop.
Población carcelaria casi duplicaba la capacidad instalada en cárcel de Santo Domingo cuando ocurrió la masacre
Leer másEn el segundo puesto de las inversiones del SNAI está el rubro de comunicaciones, con 2,2 millones, que incluye compras o pagos de planes de telefonía celular, de voz y datos; alquiler frecuencia y equipos de radio, enlaces de datos e internet, alojamiento de data, equipos para transmisión telemática de las audiencias judiciales que se realizan en las cárceles o el servicio de correspondencia.
Los pagos también se han destinado a asegurar bienes muebles e inmuebles, entre otros ítems de la institución pública, cuyo monto global suma $ 1,7 millones.
Atrás de ese rubro está aquel que se destina para construcción, mejoramiento o mantenimiento de edificios y estructuras del sistema carcelario, como pabellones o patios, con $ 1,1 millones. La obra más reciente de los diez procesos contractuales adjudicados es la reparación de cubiertas y otros trabajos en el penal de Esmeraldas, por $ 40 mil.
En la parte inferior de la lista de rubros está papelería y utensilios de oficina, con 512 mil; vehículos (compra de repuestos y mantenimientos), con $ 512 mil; servicios básicos, por la compra de agua potable para cárceles manabitas, por $ 183 mil. En limpieza, en cambio, se destinaron $ 130 mil; en viajes, 128 mil; asesorías, $ 93 mil; y un flujo menor, en enseres, por $ 1.300.
Este Diario solicitó una entrevista con un vocero del SNAI, pero no se concretó el diálogo.
Los $ 10 millones en compras son solo una parte de los recursos que esa institución destina para su operación. Por ejemplo, en marzo, se destinó $ 2,6 millones en sueldos para los 2.806 funcionarios que la integran.
"El presupuesto para el sistema penitenciario era de 153 millones de dólares en 2017, de 131 millones de dólares en 2018, de 90 millones de dólares en 2019, de 88 millones de dólares en 2020, y de 54 millones de dólares en 2021", se lee en la página 44 del informe Situación de Personas Privadas de Libertad en Ecuador, con base en información que entregaron organizaciones de la sociedad civil a los delegados.
