La carga es política por acción u omisión
Recae en las máximas autoridades, según expertos. Está activada la revocatoria de mandato a las autoridades locales
Poco se la menciona, pero ahí está. Cuando se habla de investigaciones por supuestos actos de corrupción en el sector público, los ojos están sobre las eventuales responsabilidades penales o no para la autoridad. La responsabilidad política, poco invocada, también pesa.
Si bien las autoridades pueden aparecer en medios de comunicación y en publicaciones de redes sociales a esgrimir argumentos como ‘yo no firmé ese contrato’ o ‘es que era la oferta más baja’, eso no los exime de la responsabilidad política de sus acciones u omisiones, explica el jurista Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. “En una institución pública, es cierto que la máxima autoridad difícilmente puede estar al tanto de todo lo que ocurre, pero esa no es la excusa para que ocurran hechos como los vistos en los últimos días”.
El experto se refiere a los allanamientos a las instalaciones de la Prefectura del Guayas y del Municipio de Quito como producto de investigaciones fiscales por presunto sobreprecio en la compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus. Estos, como hechos recientes. La lista la engrosan las indagaciones a hospitales del Seguro Social y del Ministerio de Salud por sobreprecio en la compra de insumos médicos; y a exfuncionarios del Servicio de Gestión de Riesgos por sobreprecio en la compra de víveres para kits alimenticios.
“Se trata de tener autoridades que vigilen que las personas responsables de los procesos lleven a cabo sus decisiones de manera responsable. Hay una responsabilidad política, sin duda”, concluye el jurista.
Sí hay una responsabilidad política. No se trata solo de firmar contratos, de si mi firma forma o no parte del proceso de contratación. Se trata de una responsabilidad con tu ciudad, tu provincia y tu país. Eso no se está discutiendo
Con él concuerda la también abogada Zobeida Aragundi, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas. Observa con asombro la cantidad de casos que empiezan a surgir a raíz de la emergencia sanitaria y cree que la ciudadanía es la llamada a pedir cuentas políticas de lo que esas autoridades hicieron y no hicieron. “La responsabilidad del funcionario es política... y la sanción política es la revocatoria del mandato”, argumenta la exvocal del Consejo de la Judicatura de transición.
Es intolerable lo que estamos viviendo. La corrupción es un fenómeno que quita recursos a las clases más desposeídas... La responsabilidad es política del funcionario. Ser funcionario es para servir a la ciudadanía y no para servirse del cargo
Luis Fernando Torres, exalcalde de Ambato y exlegislador, no coincide con ambos. Considera que ni el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, ni el alcalde de Quito, Jorge Yunda, deben asumir una responsabilidad por lo sucedido. Atribuye estos recientes allanamientos a fiscales provinciales que buscan notoriedad. “No he visto que en Guayas o en Quito se hayan desarrollado acciones de control político en el Consejo Provincial, ni el Municipal, por lo que concluyo que no hay responsabilidad política alguna”.
Ahora los ojos de la ciudadanía están sobre los prefectos y alcaldes y ya no sobre otro tipo de funcionarios... En varios casos ni siquiera se firmaron los contratos, no se erogó un solo dólar, sin embargo los operativos fueron descomunales
La descrita por Torres es una de las formas de control político al interior de los cuerpos colegiados provinciales y municipales. Otra es la revocatoria del mandato.
Las autoridades locales cumplieron su primer año en funciones el pasado 15 de mayo, por lo que ese recurso de democracia directa ya puede ser ejercido, recuerda Alarcón, pero reconoce que gran parte de la ciudadanía poco o nada conoce de este derecho. “Esto debe llamarnos a la reflexión sobre si están correctamente establecidos en la Constitución y la ley estos mecanismos de control político a las autoridades locales. Hay un vacío. Puede que no haya firmado el contrato, que la Contraloría no lo responsabilice o la Fiscalía no lo investigue, y la responsabilidad política de esas autoridades locales queda en el aire”.
