La carga política de la corrupción mira arriba

Apuntan hacia arriba. Las investigaciones por corrupción relacionadas a las compras con sobreprecios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo deben llegar hasta lo más alto de la cúpula del Gobierno. Eso es lo que aseguran varios asambleístas, tras los allanamientos realizados la mañana de este 3 de mayo en Guayaquil, en un caso en el que se investiga también, según la fiscal Diana Salazar, al expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz.

“Ya estamos grandecitos como para pensar que los hospitales los reparten las cigüeñas. ¿Quiénes tienen el poder político para repartir los hospitales? Recordará usted que la exministra de Salud Catalina Andramuño se fue diciendo que tenía presiones políticas en los hospitales. ¿Quién presiona políticamente a un ministro?”, cuestiona Roberto Gómez, legislador independiente que nombra directamente a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como la responsable del “reparto” hospitalario.

Con él coincide Encarnación Duchi, de Pachakutik, quien asegura que esta investigación tiene que “escalar más allá” y llegar al Gobierno porque es el Ejecutivo el que nombra al presidente del Consejo Directivo del IESS.

“Viene desde el que designa a los directores. Las investigaciones tienen que hacerse en todos los niveles y en todas las provincias”, sostiene.

Y añade que otro de los problemas de estos casos es que no se procesa a los investigados por el delito correcto, como asegura ha sucedido con el expresidente Bucaram, quien tras su detención fue acusado por porte de armas. “No se los vincula ni sentencia por delitos contra la administración pública sino más bien por otros más sencillos que no tienen nada que ver con la corrupción, por eso no hemos podido recuperar ningún recurso”, indica.

Luis Pachala, de CREO e integrante de la Comisión de Fiscalización, también habla de un reparto de hospitales y dice que se ha creado una subcomisión para investigar casos como el del hospital de Pedernales, en el que está involucrado un asesor del asambleísta de PAIS Daniel Mendoza, y también en otras provincias como Guayas.

“Pedimos información de quiénes están a cargo de los hospitales y el origen del reparto de todos esos cargos en el sector de la salud. Si la Fiscalía determina responsabilidades, no dudaríamos en hacer juicios políticos”, precisa.

Por su parte, Byron Valle, del bloque de la Revolución Ciudadana, dice que no hay garantías de que realmente “se llegue a las últimas consecuencias”, pues durante todos estos años, dice, el Gobierno ha hablado de hacer una cirugía a la corrupción y no ha pasado. “Cada vez hay más denuncias. No hay voluntad política por parte de la conducción de la Asamblea para fiscalizar”.

La última vez que el presidente se refirió a este tema fue el pasado 20 de mayo, cuando aseguró que enviaría al Legislativo dos reformas legales para “luchar contra la corrupción”. Reformas que ya fueron aprobadas por el Consejo de Administración Legislativa y pasaron a la Comisión de Justicia.

Para Wilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática, la corrupción en el los hospitales del IESS y de la red de salud "refleja la más alta descomposición social, resultado sin lugar a dudas de un irresponsable manejo sin principios de ética pública, pero también de un deficiente o nulo control interno, procesos sin transparencias y mafias enquistadas para lucrar aún en la crisis que se debate el país".

"Lo más repugnante es la vinculación política que obedece a un supuesto reparto, me pregunto ¿a cambio de qué se entregan para el manejo hospitales? ¿quién lo propicia? ¿Qué poder oculto los protege? La investigación debe llevar a dar respuesta a estas incógnitas y desterrar la impunidad", mencionó.

La ministra María Paula Romo dice que las insinuaciones hacia ella y hacia el Gobierno son “inaceptables”. “Si me acusan de algo tan grave espero que puedan probarlo. Los acuerdos políticos que hemos tenido en la Asamblea han sido serios, con bancadas formalmente constituidas. No hay ‘repartos’, hay acuerdos para apoyar temas en que coincidimos”.

Además, asegura que lo más “insólito” de las insinuaciones es que “se inventen un acuerdo legislativo precisamente con una fuerza política que no tiene legisladores”, en referencia a Fuerza Ecuador, el partido de hijo del expresidente Bucaram.