Carlos Latorre: "El país no tiene un mapa completo de riesgos"
Es Doctor en Ciencias Geológicas, ingeniero geólogo-geotécnico. Especialista en diseño de obras subterráneas, presas y estabilización de taludes
Un estudio del suelo no es suficiente para la entrega de permisos de construcción. Latorre hace un llamado a las Prefecturas y Municipios para conocer las características y situaciones que influyen en cada territorio.
¿Cómo es el suelo del territorio ecuatoriano?
En el país hay diferentes temáticas, mapas geológicos y morfológicos. Desde Chimborazo hacia el sur hay una mayor cantidad de deslizamientos, porque los volcanes están presentes en su mayoría en la parte norte. Y en el sur no existe mayor volcanismo y los suelos están más alterados, sobre roca, y esas condiciones hacen que en el sur del país exista mayor cantidad de zonas inestables y movimientos.
¿Cuáles son los tipos más frecuentes?
No muchos son de mayor espesor. Pero toda este movimiento de masas está recogido por muchas técnicas y documentos que pueden servir para realizar mapas de riesgos para identificar los flujos de baja. Pero en el país no contamos con un mapa de flujo de riesgos de todo tipo. Creo que nos falta trabajar mucho para que los organismos estén debidamente cohesionados.
¿Por qué es importante un mapa de flujo?
Primero para tener una mejor calidad de obras, de estudios y de vida. La idea es tener mapas de peligrosidad, que no es lo mismo que de riesgos. Eso permitirá una mejor prevención en las decisiones.
La idea es tener mapas de peligrosidad, que no es lo mismo que de riesgos, lo que permite prevenir situaciones.
¿Pero qué es lo que existe ahora si cada vez y cuando presentan informes situacionales?
Lo que se hace es un resultado de la zona inestable y se determina un grado de peligrosidad, pero queda ahí y con una calificación, pero son mecanismos de monitoreo.
¿Y cómo lograrlo?
Hay toda una metodología y estudios, pero no están compilados como un solo estudio de la realidad, historia y lo que pueda evolucionar en los próximos años.
¿Pero de quién depende?
De las autoridades, de cumplir la ley. Yo no podría decir con exactitud quién debería hacerlo, pero sí sé que es lo más apropiado para usar correctamente el suelo y evitar desastres y lamentar la pérdida de vidas humanas.
Lo que se hace es un resultado de la zona inestable y se determina un grado de peligrosidad, pero queda ahí y con una calificación, pero son mecanismos de monitoreo.
Entonces los informes o reportes de la situación no sirven de mucho.
Es que al final de cuenta no hay un detalle de lo que se muestra en el suelo del territorio ecuatoriano, lo que obliga a improvisar en las decisiones que se vayan a tomar.
De todas formas, hay ciudades en el país que deben tener avanzados sus estudios...
Por ejemplo, Quito tiene lo que se llamó estudios de las laderas del Pichincha, hay mapas de las zonas inestables, de los peligros, de los flujos de lodos de las quebradas; pero eso se hace a nivel del consejo provincial y el concejo cantonal, para tener conciencia de cuáles son los riesgos que están amenazando constantemente, por ejemplo los riesgos sísmicos, volcánicos, inestabilidad, por las crecidas, por las lluvias.
Pero eso implica un trabajo de años y con muchas especificidades.
Y además interdisciplinario, en el que se debe incluir el tipo de materiales aptos para construir en cada tipo de suelo, morfología, cantidad de agua, tanto las típicas como las atípicas, pero eso no está en la agenda de muchos.
Yo no podría decir con exactitud quién debería hacerlo, pero sí sé que es lo más apropiado para usar correctamente el suelo y evitar desastres y lamentar la pérdida de vidas humanas.
- LA TEMPROADA INVERNAL ES MÁS FUERTE
Desde el 1 de enero de 2023 se han registrado 1.091 “eventos peligrosos” en 162 cantones causados por la época lluviosa, según la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).
Las provincias con mayores afectaciones a la población son Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Cotopaxi, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Pichincha.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, estableció mediante decreto ejecutivo un estado de excepción por calamidad pública en las provincias de Guayas, El Oro, Pichincha, Loja, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí, Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo y Azuay. La declaratoria se fundamenta en las graves afectaciones a la vida y los bienes materiales de los habitantes de estas provincias, por la grave temporada invernal y los movimientos telúricos registrados en el país.
De esta forma se contabilizan 22 muertos hasta el 31 de marzo de 2023.
Además 46.220 personas afectadas, 359 personas damnificadas, 73 viviendas destruidas, cerca de 14.000 hectáreas perdidas en cultivos y 35 kilómetros de daños en las vías.
De los 22 fallecidos, 16 corresponden a muertes provocadas por deslizamientos y aluviones ocurridos en el primer trimestre del año. En lo que se refiere a inundaciones, fueron 426.
