Carmigniani sobre el TCE: "Se reservan la decisión de si alguien ha injuriado"
Entrevista | El abogado Eduardo Carmigniani habla sobre el caso por violencia política de género en contra de Roberto Aguilar
El 10 de diciembre de 2024, por unanimidad, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazó el recurso de apelación que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó en el caso de presunta violencia política de género seguido en contra del periodista y articulista de Diario EXPRESO, Roberto Aguilar.
El abogado Eduardo Carmigniani, quien defendió a Roberto Aguilar en la causa, conversa con Diario EXPRESO sobre la reciente apelación rechazada en la denuncia electoral presentada en contra del periodista, las implicaciones que la misma tiene para la libertad de expresión en el país y su visión sobre la utilización de la justicia electoral.
Con cinco votos a favor, el TCE desestimó el recurso de apelación presentado por Diana Atamaint, presidenta del CNE, en contra de la sentencia de primera instancia que ratificó la inocencia del periodista Roberto Aguilar.
— Diario Expreso (@Expresoec) December 11, 2024
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La omisión de la sentencia en el caso de Roberto Aguilar
- La inocencia de Roberto Aguilar fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ¿cuál es su principal reflexión del caso?
Sin duda es una buena noticia que el TCE haya confirmado que el señor Aguilar no incurrió en esta infracción que se le imputaba de violencia política de género. Sin embargo, respecto del concepto general de libertad de expresión, la sentencia es negativa.
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Eduardo Carmigniani
- ¿Por qué?
La sentencia elude pronunciarse sobre uno de los argumentos de la defensa, que sí fue recogido en primera instancia por el juez Fernando Muñoz, sobre que los funcionarios públicos tienen un menor umbral de protección frente a las críticas duras que tenemos las personas particulares.
- ¿En qué términos se diferencian las dos sentencias?
(En la sentencia de primera instancia) el juez Muñoz señaló que en el choque entre libertad de expresión y el derecho a la honra de los funcionarios públicos debe prevalecer la libertad de expresión como un bien más importante y agregó que los funcionarios públicos, cuando aceptan serlo, aceptan voluntariamente un nivel de escrutinio mayor.
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- ¿Por qué es importante la omisión de este criterio?
El mensaje implícito es que en casos similares (el TCE) bien podrían sostener una tesis contraria. Eso no solamente sería antijurídico, sino contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos y en materia de libertad de expresión.
La justicia electoral como herramienta de amedrentamiento
- Y actualmente el TCE sí tiene casos similares en trámite. ¿Cómo llegamos a este punto?
El TCE se ha convertido en especie de comisaría de supuestas injurias y calumnias que no tienen nada que ver con procesos electorales. Ellos han creado este nicho en el que se están reservando la capacidad de decidir si un particular ha injuriado un funcionario público, aunque esa injuria no tenga nada que ver con procesos electorales. Y eso es una postura aberrante a la que hay que combatir.
- ¿Cómo el caso de Roberto Aguilar expone esto?
El TCE debió haber declarado que no tenía facultades para conocer este caso y hay muchos otros. El TCE mal interpreta la reforma mal escrita del 2020 que creó las infracciones de violencia política de género. La reforma da la apariencia de que puede englobar a cualquier acto de violencia política de género, así no tenga nada que ver con procesos electorales. El TCE se aprovecha de esta deficiente redacción para salirse del cuadrilátero de la definición de infracciones electorales.
Eduardo Carmigniani
- ¿Por qué los funcionarios públicos acuden a la justicia electoral y no a la ordinaria?
Lo que estamos viendo en el Ecuador es una inundación de SLAPP (litigio estratégico contra la participación pública, traducido al español) en donde se promueven este tipo de procesos por parte de funcionarios públicos contra sus críticos con la finalidad estratégica, no solamente de amedrentar, sino de crear el efecto intimidatorio respecto del resto, es una táctica dirigida a coartar la libertad de opinión y la libertad de expresión.
- ¿Es una amenaza inminente para la libertad de expresión?
Es un intento de coartar la libertad de expresión, pero las personas libres no podemos dejarnos amedrentar. Esos intentos tienen resultado en quienes se acobardan, pero en lo que hay que pelear es que la gente no se acobarde.
-¿Qué pasará si Diana Atamaint decide llevar el caso a la justicia ordinaria?
Se argumentará que una funcionaria como la señora Atamaint tiene un umbral de protección menor que las personas particulares, que está expuesta a la crítica pública y que tiene que aprender a ser tolerante.
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