La Casa Blanca abre una seria crisis constitucional

Tras las numerosas protestas en contra de la prohibición de entrar en Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de naciones de mayoría musulmana, el presidente Donald Trump ha desplegado a los principales miembros de su equipo para defender su orden ejecutiva más agresiva de los último días.

A última hora del sábado, una jueza federal de Nueva York suspendió parte clave del decreto migratorio a las pocas horas de entrar en vigor, pero el caos y la confusión siguen reinando en los aeropuertos dentro y fuera de EE. UU. ante las dudas de quién puede o no entrar en el país.

Mientras la Casa Blanca minimizaba el impacto, varios congresistas demócratas se desplazaron hasta los aeropuertos donde aún permanecen detenidos varios extranjeros a pesar de tener permiso para entrar en el país.

El representante demócrata Don Beyer denunció la “crisis constitucional” provocada por la orden de Trump, ya que los agentes fronterizos han negado el acceso de los abogados a sus clientes, detenidos a pesar de la orden judicial a su favor.

El presidente Trump negó ayer que su política de rechazo a refugiados musulmanes haya sido la causa del caos en los aeropuertos de EE. UU. en el fin de semana, y responsabilizó a manifestantes por lo ocurrido.

De esta forma, Trump minimizó el hecho de que 109 personas fueran detenidas o deportadas el fin de semana (de un total de 325.000 personas que desembarcaron), alegando que el secretario de Seguridad Interna, el general John Kelly, le dijo que “todo está bien”.

Sumándose a la denuncia de Beyer, los fiscales generales de 16 estados emitieron una declaración conjunta en la que condenan el decreto presidencial. “Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump”, afirman los fiscales, entre los que se cuentan los de California, Nueva York o Pensilvania.

En un intento por frenar un acto “ilegal” e “inconstitucional”, el fiscal general del estado de Washington presentó ayer una demanda contra el decreto de Trump. “Nadie está encima de la ley, ni siquiera el presidente”, indicó el fiscal Bob Ferguson en una rueda de prensa. “Y en una corte no es la voz más alta la que prevalece, sino la Constitución”, añadió.

Sin embargo, el jefe de Gabinete del presidente, Rience Priebus, declaró que el Gobierno no descarta “llevar aún más lejos” la medida y que la lista de siete países puede verse ampliada “a su debido tiempo”.

En tanto, compañías aéreas como Emirates de Dubái, informaron que modificaron las tripulaciones de sus vuelos con destino a EE. UU. para adaptarse al decreto antiinmigración.

La polémica sobre el decreto antiinmigración dejó a Trump en el centro de una espectacular tormenta por su política migratoria, que es rechazada por ciudadanos, políticos, empresarios, activistas y hasta el expresidente Barack Obama, quien ayer rompió el silencio: “apoyó las protestas en todo el país y denunció la discriminación por razones religiosas, dijo su portavoz Kevin Lewis, a través de la red social Twitter.

En ese ambiente en carne viva, Trump decidió adelantar para hoy el anuncio de su nominado para ocupar la plaza de juez actualmente vacante en la Suprema Corte. Originalmente ese anuncio estaba previsto para el jueves.

Control migratorio argentino

El presidente Mauricio Macri aprobó polémicas medidas que endurecen el control migratorio en Argentina y aceleran los procesos de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de extranjeros, a través de un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial.

El Gobierno de centroderecha justificó en “recientes hechos de criminalidad organizada” la nueva reglamentación, que también busca acelerar las deportaciones, sin requerir una condena firme, a través de un “procesamiento migratorio especial de carácter sumarísimo”, de no más de dos meses.

El decreto precisa que el procedimiento sumarísimo se aplicará a extranjeros involucrados en hechos delictivos y “a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional”.

El director de Migraciones, Horacio García, al canal Todo Noticias, negó que Argentina esté cerrando sus fronteras y aseguró que “215.000 personas ingresaron en 2016 y obtuvieron su radicación”.

La ley contempla la expulsión a condenados por delitos con penas de más de cinco años de prisión, pero la reforma ejecutiva agrega otros como los que figuran en el código contravencional.

Londres

El gobierno británico afirmó ayer que no anulará la visita de Estado de Donald Trump, como piden más de un millón de firmantes y numerosos políticos.

Israel

Trump recibirá el 15 de febrero al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para una reunión centrada en cooperación tecnológica y militar, informó ayer la Casa Blanca.

México

Con asombro y el señalamiento de la cancillería de que es un “avance positivo” de la Casa Blanca, fue recibida la propuesta de que el muro de Trump sea pagado por narcotraficantes.