Caso Abad: un tema clave al vaivén de los aplazamientos

Mañana, por quinta vez, se retomará la audiencia sobre la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad.

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Esto teniendo en cuenta que, en menos de 20 días, en Ecuador arrancará la campaña electoral y el presidente Daniel Noboa debe pedir licencia.

En ese escenario, los constitucionalistas Emilio Suárez y Gonzalo Muñoz coinciden en que, en caso de la que la jueza Nubia Vera deje sin efecto la sanción por el sumario administrativo, Abad retomaría inmediatamente sus funciones.

Suárez señaló que mientras no haya una definición sobre la actual acción de protección, la sanción de 150 días se presume válida. Si se mantiene la sanción hasta el próximo 5 de enero del 2025, fecha en la que arranca la campaña, la vicepresidenta no podría asumir el encargo.

La última audiencia fue convocada para la mañana de ayer en el centro norte de Quito. Pero fue suspendida. Esta vez, la jueza optó por el aplazamiento porque no constaba una información solicitada a la Corte Provincial de Justicia.

La documentación se relacionaba con la primera acción de protección de la vicepresidenta. Esta fue presentada una vez que se conoció el inicio del sumario administrativo por no presentarse en la Embajada de Turquía a tiempo, según se definió en el sumario administrativo.

Sobre esto, Muñoz explicó que sí es un paso necesario porque no se puede presentar una misma causa por las mismas razones dos veces. Entonces, aunque la presentó el mismo sujeto, las razones son diferentes y eso es importante demostrarlo. Ese también fue el argumento de la defensa de Abad sobre la necesidad de que se incluyan los documentos de la Corte.

Dominique Dávila, abogada de la vicepresidenta, señaló ayer: “Lo hacemos porque la ministra del Trabajo y los implicados en la acción de protección sostienen que estamos abusando del Derecho. Es gravísimo, porque eso está sancionado”.

Sobre los aplazamientos de la audiencia

Pero no es la primera vez que se aplaza la decisión. Desde el pasado 29 de noviembre, esto ha ocurrido en tres ocasiones más. Ese día, Vera suspendió la audiencia en la que, después de los planteamientos de la partes involucradas, arrancó la presentación de los amicus curiae.

Respecto de este punto, Muñoz sí consideró que la cantidad presentada por los denominados ‘amigos de la causa’ tiene como objetivo dilatar el proceso. Sin embargo, es potestad de la jueza el decidir si escucha a todos o toma como una referencia solamente los relevantes.

En esa primera audiencia, la jueza convocó a las partes para el 9 de diciembre. Pero, la fecha se adelantó para el 5 de este mismo mes. Al final, no se llevó adelante porque, aunque Abad estuvo, sus abogados no.

El experto Gonzalo Muñoz dijo que es un argumentó válido el que los abogados no residan en Quito ya que, por alguna otra diligencia, no podían presentarse en la fecha para la que se adelantó.

Finalmente, el último aplazamiento ocurrió el 9 de diciembre pasado. El Ministerio del Trabajo presentó una amplia documentación sobre el sumario administrativo y la defensa de la vicepresidenta pidió un tiempo prudente para revisarla.

Pero Suárez apunta un elemento importante. Una vez que la jueza se pronuncie, no solo que Abad podría retomar o no sus funciones sino que también, para cada parte se abre la posibilidad de apelar la decisión.

Si se toma en cuenta este elemento señalado por el experto, el tiempo que tome la apelación podría determinar cuánto más se extiende el enredo por el encargo de la Presidencia.

Mientras tanto, ambas partes del proceso se acusan de querer dilatar el proceso. Ayer, por ejemplo, la ministra del Trabajo Ivonne Núñez, señaló que la audiencia podía continuar sin la documentación requerida. Esto porque no estaba relacionada directamente con la actual causa.

Todo podría definirse mañana, en la quinta vez que la jueza Vera retomará la audiencia.

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