Riobamba: dictan medidas sustitutivas para los procesados del caso Altares
La fiscal del caso indicó que la investigación nació de una denuncia ciudadana ingresada a través de buzón, en 2023
La jueza a cargo del caso Altares, en la provincia de Chimborazo, decidió acoger el pedido de la fiscalía sobre la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva para los nueve procesados, entre las que se incluyen la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades competentes.
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La investigación se encuentra en fase de instrucción fiscal por un periodo de 90 días, tiempo en el que la Fiscalía deberá recabar los elementos de prueba necesarios para sustentar su acusación. Mientras tanto, los implicados enfrentarán el proceso en libertad.
Más temprano se desarrolló otra audiencia por las armas halladas durante los allanamientos, pero la fiscalía decidió dejar en libertad a Santiago Oviedo y al proceso en investigación en pasivo al no encontrar suficientes pruebas.
Hasta el momento, los concejales procesados o sus abogados no han emitido declaraciones públicas. Solo Carlos Aúlla ha convocado una rueda de prensa. Sin embargo, familiares de los investigados han expresado su rechazo a la cobertura mediática del caso y han protagonizado protestas en las inmediaciones del recinto judicial.
#RIOBAMBA | Al menos diez personas permanecen detenidas a la espera de su audiencia dentro de un megaoperativo, que involucra a autoridades, exautoridades, abogados y funcionarios municipales de la ciudad y la provincia.
— Diario Expreso (@Expresoec) January 30, 2025
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La audiencia de formulación de cargos se instaló a las 12:05 del viernes 31 de enero de 2025, dentro del plazo de 24 horas desde la primera detención, que ocurrió a las 04:00 del 30 de enero. Dado que entre los procesados hay concejales, el caso se llevó a cabo con fuero de corte.
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El desarrollo de la diligencia estuvo marcado por un fuerte despliegue policial. Los detenidos fueron trasladados uno a uno hasta la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, cuyo acceso fue restringido con vallas de seguridad. Afuera, una multitud de familiares y simpatizantes se congregó para manifestar su respaldo a los acusados.
El ingreso a la sala fue autorizado únicamente para los abogados defensores, un familiar por cada procesado y representantes de medios de comunicación. Sin embargo, la jueza Beatriz Arellano, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo y quien presidió la audiencia, prohibió la grabación del procedimiento.
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Una vez constatada la presencia de los nueve detenidos y sus respectivos abogados, se agradeció la asistencia de los defensores públicos, quienes abandonaron la sala, pues todos los acusados contaban con defensa privada.
Los detalles del caso Altares
Durante la audiencia, la fiscal provincial Mayra Moreno detalló que la investigación se inició a partir de una denuncia de una ciudadana ingresada en el buzón de transparencia de la Fiscalía en 2023. La denuncia señalaba posibles irregularidades dentro de la Dirección de Movilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Riobamba, lo que llevó a la apertura del expediente en diciembre del mismo año.
Según la Fiscalía, concejales y funcionarios municipales formarían parte de una presunta red de corrupción dedicada a la adjudicación ilícita de contratos y otros beneficios irregulares. "Esto configura, señora jueza, como asociación ilícita”, afirmó Moreno.
La fiscal reveló que, tras la autorización judicial correspondiente, se obtuvieron registros de comunicaciones y otras evidencias a partir de enero de 2024. “Contándose con las respectivas autorizaciones de vigilancia e interceptaciones, se conoce que personas civiles, así como funcionarios y exfuncionarios públicos, se encuentran en actividades ilícitas vinculadas al presunto delito de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias a cambio de obtener réditos económicos”, expuso.
Entre las pruebas presentadas, se incluyeron transcripciones de conversaciones entre los procesados y otros individuos. En estos diálogos, alias ‘Amigo’ se comunicaba "en múltiples ocasiones" con alias ‘Galito’, alias ‘Asesor’ y alias ‘Contratista’.
Jueza de la Corte Provincial acoge el pedido de #FiscalíaEc y ordena presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para: Carlos A., Galo F. y Edison T. (concejales); Ramiro V. (director de Movilidad); Roberto M. (empresario); y René L. (persona particular).
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 31, 2025
La fiscal Moreno detalló que en las conversaciones interceptadas se mencionaban gestiones e influencias para evadir sanciones de tránsito, obtener descuentos en multas, acceder a puestos en la administración pública y adjudicar contratos irregulares en el GAD Municipal. También se registraron referencias a funcionarios del sistema judicial.
Ante estos hallazgos, la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas cautelares conforme al artículo 522, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, pidió autorización judicial para la apertura, desbloqueo y extracción de la información contenida en los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos. También se requirió la realización de pericias forenses para el análisis de teléfonos celulares y otros equipos electrónicos en busca de más evidencia que respalde la acusación.
El proceso judicial continuará en la fase de instrucción fiscal, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad de los procesados en los delitos investigados. La incertidumbre se profundiza en una ciudadanía que, además de enfrentar el impacto de este nuevo escándalo, ha sido testigo de una crisis política marcada por constantes enfrentamientos entre autoridades y procesos de remoción en contra del alcalde y varios concejales. La inestabilidad en la administración municipal ha generado un clima de desconfianza y desilusión, donde las expectativas de una gestión transparente y eficaz se desmoronan ante la falta de consensos y la pugna de poder.
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