Caso Amistad: Sexto intento para instalar la audiencia preparatoria de juicio
El este proceso son investigados por un presunto lavado Bibian Hernández, Ericka Carvajal, Luis Ortiz Bonilla y otros
Este lunes 7 de abril de 2025, el juez anticorrupción Jairo Alejandro García Mosquera intentará instalar la audiencia preparatoria de juicio por presunto lavado de activos en contra de Bibian Hernández, Ericka Matilde Carvajal Benalcazar, Luis Carlos Ortiz Bonilla, las empresas Asesoramiento Global Integral Abogados Abbhv S.A., Global Strategy Law Bhv C.A. y la compañía Bh Legal Assistence Factory Bh-laf S.A.S.
La audiencia ha sido solicitada por la Fiscalía desde agosto de 2024, pero no se ha podido dar por los constantes diferimientos. Las audiencias se han señalado para el 19 de agosto de 2024, 9 de enero de 2025, 21 de enero, 11 de febrero, 17 de marzo y, ahora, 7 de abril de 2025.
Para evitar que la diligencia no se vuelva a postergar, García solicitó a la Defensoría Pública que asigne un abogado gratuito para que asista a alguno de los procesados, en caso de que sus defensores no se presenten.
Sin embargo, Mateo Carrera Pérez, coordinador de Pichincha de la Defensoría Pública del Ecuador del área de patrocinio penal, indicó al juez que no puede asignar un defensor público al caso. “Esta Coordinación no puede designar defensor público para la audiencia señalada, por cuanto los procesados no se encuentran en indefensión ni ha fracasado la intervención de la defensa particular, en respeto al orden constitucional, legal y reglamentario vigente”.
¿De qué trata el caso?
Según la Fiscalía General, la abogada Hernández y los otros imputados, así como sus empresas habrían participado en el delito de lavado de activos, por un monto que superaría los 18 millones de dólares. Una parte del caso se sustenta en la información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). ”Los procesados habrían movido más de 22 millones de dólares a través del sistema financiero nacional, utilizando las cuentas de Bibian Hernández y sus empresas. Sin embargo, ante la autoridad tributaria (SRI), solo reportaron 4,3 millones de dólares”, afirma la Fiscalía.
Hernández, en cambio, ha señalado que todas sus actividades son lícitas, que ganó su dinero a través de asesoramientos, especialmente en el ámbito judicial, y que la UAFE ha realizado un análisis de sus ingresos erróneo. "Lo único que la Fiscalía esgrime como aparente prueba es una ROII (Reporte de Operaciones Inusuales) de la UAFE que es meramente referencial como establece el mismo documento. Las auditorías del SRI no han encontrado ninguna irregularidad en los movimientos de mi defendida", dijo Alfonso Zambrano Pasquel, cuando la Fiscalía anunció la imputación.
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