El caso Arauz devela fallas en control y privilegios estatales

Dificultad de tener un registro del aparato estatal o exceso de privilegios para pocos. La revelación de que el candidato a la Presidencia Andrés Arauz pasó diez, de los doce años como funcionario del Banco Central del Ecuador, usando la figura de comisión de servicios o gozando de licencias abrió un debate sobre el seguimiento que se hace en el Estado a estos casos.

Una de las hipótesis es que al tener una nómina robusta, incrementada desde 2007, se dificulta controlar con rigurosidad el cumplimiento de estas figuras y concesiones que sí están contempladas en la Ley de Servicio Público, pero con parámetros.

Miguel García, dirigente de los servidores públicos, reconoce que hay más de 600 mil burócratas, entre Gobierno central, locales y empresas públicas, pero cree que por ahí no va el problema, en este caso específico, porque las áreas de Talento Humano llevan un registro de las acciones de personal, que está sujeto a la observación de las entidades de control.

“No es que todos los funcionarios tienen esas posibilidades de, por ejemplo, acceder a licencia de estudios si sueldo, porque la ley lo que dice es que el patrono podrá, no deberá, autorizarla. Es potestativo. No en todos, pero en algunos casos, hay preferencias que pueden tener varios orígenes”, dijo García.

El de Arauz no es el primer caso de este tipo en los últimos años. María Alejandra Vicuña obtuvo licencias del Servicio de Rentas Internas (SRI) para ser asambleísta por ocho años, ministra de Vivienda y vicepresidenta del actual Gobierno. En 2018, volvió a la coordinación de Talento Humano del SRI, luego de renunciar a la Vicepresidencia con una investigación por concusión.

El economista y académico Luis Espinosa cree que hay una mezcla de factores. Uno de ellos el tamaño del Estado, pero está convencido que más pesan ciertos privilegios a los que no acceden todos los burócratas.

“Bajo este paraguas hay varios temas que deben ser aclarados. Primero, cómo ganó un concurso de méritos a los 21 años, sin mucha experiencia; segundo si bien la comisión de servicios está contemplada en la ley, quién cumplió sus funciones durante 10 años en el Banco Central y, luego, hay licencias con y sin sueldo para estudiar, pero porque garantizarle a él que se le va a guardar el puesto por tres años”, cuestionó Espinosa.

Al jurista Farith Simon no deja de llamarle la atención cómo controlan las entidades estatales los tiempos de cumplimiento de licencias y comisiones de servicios. También cuestiona la figura de la compra de renuncias a la que accedió Arauz, que fue implantada durante el gobierno de Rafael Correa y hace poco fue declarada inconstitucional.

Uno de los 21 beneficiados por la compra de renuncias

La gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola, leyó ayer un comunicado referente a la situación entre Andrés Arauz y la entidad estatal.

Al respecto, dijo que fue servidor de carrera desde octubre de 2007. Artola aseguró que la figura de licencia sin remuneración por estudios es común en el sector público y a esta se acogió Arauz en 2017 por un lapso de cuatro años.

Sobre su salida del Banco Central, entre 2019 y 2020 empezó un proceso de optimización del personal, por la política pública de austeridad. Para ello se usó el decreto ejecutivo 813 expedido en 2011 y se aplicó la figura de compra de renuncia obligatoria con indemnización, en 21 casos, entre ellos el de Arauz.

Artola se desconectó de la reunión virtual sin confirmar si el candidato correísta recibió $ 27.583 como liquidación. Fue el propio Arauz el que ratificó que esa fue la cifra que recibió, en un recorrido por Tungurahua, pero aseguró que no fue él quien pidió ese monto, sino que le correspondía por ley.