Caso avioneta de Galápagos: ordenan prohibición de salida del país para seis policías
Estos agentes custodiaban el vehículo aéreo. También se les ordenó presentarse una vez a la semana ante el juez. Hubo una audiencia
Las dudas planean sobre la misteriosa desaparición de la avioneta -presuntamente vinculada a operaciones ilícitas- que fue abandonada en la isla Isabela, Galápagos, y que se encontraba bajo custodia de la policía desde el pasado 8 de enero.
El 19 de marzo último, la delegación de Defensoría del Pueblo en Galápagos pidió formalmente a la fiscal a cargo del caso, Jhomary Chuncho, que certifique si a la fecha existe un expediente fiscal abierto para investigar el hecho, “por existir elementos que configurarían presuntas vulneraciones” de orden legal y constitucional.
Según el oficio enviado por el delegado, Milton Castillo, “de averiguaciones directas que hemos realizado a funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz, indican que no tienen conocimiento de expediente alguno sobre el caso”.
Para su solicitud, Castillo se respalda en el parte policial elaborado por el capitán William Albán sobre los hechos acontecidos la noche del 8 de enero en el aeropuerto de Isabela, y que reposa en los archivos de la Policía Judicial de ese cantón de Galápagos.
EXPRESO buscó una versión de Chuncho y de Albán sobre este asunto, pero ninguno de ellos respondió a las llamadas ni los mensajes a sus teléfonos celulares.
La avioneta Cessna HC-BKP, que tenía la matrícula alterada y aterrizó la noche del 8 de enero sin permiso, se esfumó el lunes último del aeródromo del aeropuerto de Isabela. Presuntamente era utilizada para actividades de narcotráfico.
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) mencionó que dio aviso a la Fiscalía sobre la novedad, tras constatar en la inspección diaria que realiza en el aeropuerto de esa isla de Galápagos.
SEIS POLICÍAS CON PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS
La Fiscalía señaló ayer que de oficio inició dos investigaciones, que se mantienen bajo reserva: una, para establecer las causas y a los presuntos responsables de la desaparición de la nave; y otra, por los hechos ocurridos en enero pasado, bajo un presunto delito de delincuencia organizada.
De acuerdo con el organismo, el caso fue reasignado a la Unidad Nacional de Investigación de Delincuencia Organizada Transnacional, en Guayaquil, bajo coordinaciones investigativas de la Unidad Inteligencia Antinarcóticos de la Policía Nacional. Esta última dependencia inició las diligencias para encontrar a los ocupantes del avión y determinar las circunstancias del aterrizaje.
Según mencionó ayer la Fiscalía, el personal que se encontraba en el interior de la avioneta “huyó sin que haya podido ubicarlo”, sin mencionar nada sobre personas arrestadas. Pero el 9 de enero, el entonces ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, informó en los operativos había un detenido.
El presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Wray, ha pedido a las autoridades competentes las pesquisas y sanciones, de ser el caso, al personal responsable de lo ocurrido, ya sea por actuación intencional o por negligencia.
Wray solicitó una reunión urgente del gabinete sectorial de Seguridad “para resolver lo que corresponda sobre estos hechos”.
Este no es el primer suceso sobre aeronaves abandonadas en el país que están vinculadas con el tráfico de drogas o actividades ilegales. Uno de las últimos hechos se registró el pasado 8 de febrero, en la zona fronteriza de la provincia de Esmeraldas, cuando la Fuerza Aérea Ecuatoriana detectó una avioneta que intentaba aterrizar en una pista clandestina. Sus ocupantes incendiaron la nave y la droga que llevaban.
Ecuador se encuentra entre los 22 países que Estados Unidos ha identificado como las principales rutas de tránsito de estupefacientes.
DETALLES
Traslado
El 17 de marzo se solicitó a Aeropolicial el traslado de la avioneta a Guayaquil, pero la Policía indicó que por falta de pilotos no se pudo realizar esta diligencia, informó la Fiscalía.
Arribo
La aeronave Cessna Conquest II, que presuntamente tenía bandera mexicana y matrícula clonada, aterrizó el 8 de enero en el aeropuerto de Isabela, sin autorización.
