Caso Coopera: Secretaria Anticorrupción rinde versión en expediente de peculado

Dora Ordóñez, secretaria Anticorrupción del gobierno acudió a la Fiscalía a rendir su versión en la denuncia que presentó por presuntas irregularidades en el caso Coopera.

La funcionaria dijo que se ratificará en los señalamientos que hizo en octubre por presunto peculado y que involucrarían a la exministra de Inclusión Económica Doris Soliz, actual asambleísta.

Dijo que por el caso Coopera aún existen recursos que no han sido devueltos y que alrededor de 113.000 familias fueron afectadas en Guayas y Azuay.

Indicó que en este caso estuvo involucrado un excandidato a la Asamblea por Alianza PAIS que al momento cumple una sentencia por lavado de activos. Ordóñez ha presentado hasta el momento tres denuncias por este caso y una de ellas tiene que ver con la exministra.

La semana pasada la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por el caso Coopera.

¿Qué determina la Contraloría?

El examen especial fue practicado al proceso de adquisición de los bienes muebles, inmuebles y negocios a Coopera Ltda. en liquidación y a la suscripción, ejecución y liquidación del convenio de coadministración entre el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y la cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera y Servicios de Alimentación Para Vivir Mejor (Prograserviv) entre el 12 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2019. Se analizó la facultad legal para la realización de la referida adquisición.

Entre otras cosas la Contraloría determinó que el liquidador de Coopera convocó a dos concursos de precios, sin la autorización de la Superintendencia de la Economía Popular, inobservando el reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular. Tampoco informó sobre el valor individual de los inmuebles, como establece el reglamento.

Señaló que el Instituto participó en los concursos para adquirir los bienes muebles e inmuebles de Coopera sin facultad legal para hacerlo. Sobre la exministra Solíz el informe dice que autorizó la adquisición, sin observar disposiciones constitucionales y que el IEPS no tenía competencia para efectuar el proceso y tampoco se encontraba vigente una emergencia o situación de fuerza mayor, que justifique la adquisición.

El documento cuestiona que se adquirió bienes muebles e inmuebles por 10.4 millones, de los cuales 4.9 millones corresponderían a las valoraciones de los bienes muebles e inmuebles por lo que existe una diferencia no justificada de 5.5 millones de dólares.