Caso Encuentro: Danilo Carrera va a juicio por delincuencia organizada
Junto con el cuñado del expresidente Guillermo Lasso también serán juzgados Hernán Luque, Leonardo Cortázar y otros
Danilo Carrera, Hernán Luque, Gabriel Nain Massuh, Antonio Clemente, Leonardo Cortázar, Karen Cornejo y Tatiana Farías fueron llamados a juicio en calidad de autores directos de una presunta delincuencia organizada en el denominado caso Encuentro.
La decisión fue adoptada por el juez Renán Andrade, de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Delincuencia Organizada, tras acoger el dictamen acusatoria de la fiscal del caso.
Según la Fiscalía, en la audiencia se presentaron más de 200 elementos de convicción sobre una presunta red de delincuencia organizada que habría sido liderada por Danilo Carrera y Rubén Chérrez (+), “quienes habrían aprovechado su posición para el direccionamiento irregular de contratos en empresas públicas, obteniendo réditos económicos ilegales a través de los empresarios procesados. Para ello, fue primordial la participación de Hernán Luque, como presidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO)”.
(También puede leer: Danilo Carrera y Hernán Luque: ¿de qué los acusó Fiscalía en el caso Encuentro?
El modus operandi del caso Encuentro
La entidad señaló que el modus operandi “consistía en colocar a personas de confianza en las empresas públicas, como en el caso de Antonio Icaza (gerente de CNEL), para que, a través de ellos, se adjudicaran contratos. Luego, los beneficiarios entregarían los beneficios económicos a los líderes de la estructura”.
En la audiencia preparatoria de juicio se presentaron informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), de la Contraloría, la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Flota Petrolera (Flopec), CNEL, el Servicio de Rentas Internas (SRI), BanEcuador, el Servicio Nacional de Aduanas, entre otras.
Los procesados mantienen las mismas medidas cautelares. En el caso de Carrera, él tiene arresto domiciliario. Se enfrentan a una pena de siete a 10 años de cárcel.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ