Caso Encuentro revela la ruta opaca para comprar fármacos
El uso de las empresas universitarias para adquirir fármacos con sobreprecio era parte del plan
Lograr contratos a dedo y sin levantar sospechas. Ese era uno de los temas principales de los que se hablaba en la casa de Nahim Massuh, uno de los vinculados en el caso Encuentro, quien irá a juicio junto con Danilo Carrera Drouet, cuñado de Guillermo Lasso.
En las transcripciones de las reuniones, que fueron grabadas por Massuh en audio y video, pero transcritas y judicializadas en el expediente fiscal, se revela un mecanismo para lograr contratos con hospitales evadiendo los concursos públicos.
Consiste en el uso de la Empresa Pública de Bienes y Servicios UCE Proyectos EP para conseguir contratos con los hospitales del IESS. Eso, gracias a que la Ley de Contratación Pública permite adquirir bienes o servicios entre empresas públicas de forma directa. Es decir, sin licitar o hacer una subasta a la inversa.
El segundo paso, según las conversaciones, era lograr que la empresa pública de la Universidad Central subcontratara con compañías privadas, quienes son las beneficiarias finales.
El contexto en el que se habla de este mecanismo es mientras los invitados de la casa de Massuh planifican vender paracetamol con sobreprecio. Una de ellas, llamada TS2, pertenecería a Andersson Boscán, según dice el expediente.
EXPRESO revisó 27 contratos de UCE Proyectos EP. La mayoría tiene como objetivo dar capacitaciones, tal como señala su RUC ante el SRI: “Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas de la administración pública en materia de planificación, organización, eficiencia y control; información administrativa, etc.”.
Sin embargo, siete contratos son con el Hospital General de Machala, el Hospital del Día de Azogues y el Hospital del Día Sur Valdivia y el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM).
Con esta última entidad firmó el contrato más cuantioso, de 2,3 millones de dólares para la gestión y almacenamiento de imágenes médicas para la Unidad de Imagenología.
El uso de las empresas públicas de universidades como una tapadera, para ocultar a los verdaderos contratistas, es un mecanismo que se ha usado en los últimos años, en especial, luego de que en la pandemia quedaran expuestos los nombres de compañías y sus redes delictivas dentro de los hospitales del IESS.
La Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato, por ejemplo, ha firmado siete contratos con el hospital José Carrasco Arteaga y el Carlos Andrade Marín para la compra de fármacos y de equipos médicos y quirúrgicos.
Uno de los contratos, por 2,2 millones de dólares, es para que la empresa de la universidad provea de bevacizumab, un medicamento que se usa en combinación con otros para quimioterapia y para tratar unos tipos de cáncer de colon y recto.
La empresa pública de la Universidad de Machala también tiene un contrato de 206.000 dólares para la adquisición de insumos como catéteres y gasas vaselinadas.
Además de la falta de experiencia de las empresas universitarias, en el Sercop no consta ni un solo contrato que estas hayan realizado para adquirir insumos médicos. Es decir, estas compran directamente a empresas privadas.
Siete sospechosos van a juicio
La semana pasada fueron llamados a juicio siete sospechosos del caso encuentro:Hernán Luque, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), quien está prófugo en Argentina. Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), y los empresarios Leonardo Cortázar, Nain Massuh, Karen Cornejo y Éricka Farías.
Contra el comunicador Andersson Boscán, que es mencionado en esta trata de corrupción, así como en los chats del caso Metástasis, la Fiscalía abrió una investigación independiente.
